Corrupción política en España

La trama Gürtel, El Ejido, Santa Coloma, El Palau, la Operación Malaya... Los casos de corrupción con políticos implicados están a la orden del día. En los últimos tres años, 18 alcaldes, de ellos siete del PP y cinco del PSOE, han sido detenidos por cohecho (sobornos), malversación, prevaricación, blanqueo o tráfico de influencias.
En los últimos tres años han sido detenidos 18 alcaldes por corrupción. Los escándalos traspasan ya las fronteras. "Corrupción, la palabra de moda en España", titulaba la BBC británica en un reportaje la semana pasada. Las imágenes de cargos públicos detenidos, incluso esposados, ponen en entredicho la integridad e incluso la validez de la clase política.
En España hay 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán. Además del presidente del Gobierno, sus tres vicepresidentes, 15 ministros y otros 530 altos cargos del Estado.
Parece que en este país corrupción, soborno, prevaricación y demás figuras delictivas se han adueñado del diario funcionamiento de nuestras administraciones públicas, sean estas de carácter local, regional o nacional.
Al igual que la crisis financiera, la podredumbre de nuestro sistema de representación significa algo más que el simple hecho del deficiente funcionamiento del sistema capitalista. Que aparezcan actualmente tantos casos de corrupción y malversación de fondos no debe ser interpretado como que éste es el momento en que estos hechos ocurren. Lamentablemente, la trasgresión de la legalidad por parte de nuestra clase política no es cosecha de esta temporada, hace mucho tiempo que los nuevos planes urbanísticos y la fácil reclasificación de suelos, han servido para financiar a particulares, cargos electos y partidos políticos. Solamente la lucha por el poder entre los dos grandes partidos en España hace que los casos que aparezcan sean principalmente de ellos, no obstante otros muchos partidos gobernantes tendrían que dar cuentas en el caso de que alguien se las pidieran.

El asunto debería de tratarse, según mi manera de entenderlo, desde una triple perspectiva:
 Existencias de controles de legalidad, a priori y a posteriori, que eviten el suceso.
 Entorno socioeconómico de los sucesos.
 Origen político de los presuntos delincuentes.
Podría pensarse que no existen medios para el control de la legalidad en esas administraciones, pero la verdad es que no es así, existir existe; en todas las administraciones locales, regional o nacional coexisten las figuras de funcionarios controladores de su buen funcionamiento. En las administraciones locales de menor tamaño debe existir la figura del Secretario, funcionario Habilitado Nacional que obtiene su plaza mediante sistema de oposición, quien realiza funciones de control de legalidad del funcionamiento del procedimiento administrativo, a la vez que ejerce el control sobre la legalidad económica; en administraciones medianas y grandes, deben existir, obligatoriamente por ley, los funcionarios Habilitados Nacionales, Secretario General e Interventor de Fondos, el primero tiene como misión el control de que se realiza el procedimiento administrativo de acuerdo a la legalidad y el Interventor realiza el control, a priori y a posteriori, de todo gasto e ingreso que realice la entidad. Por tanto ¿si los sistemas de control existen, porqué no se detectan esos delitos en la fase previa a cometerse? Todo expediente de realización de gasto debe comenzar con la propuesta documentada de gasto por parte de la concejalía correspondiente, la verificación por Intervención de la existencia de crédito para realizar el gasto, y a partir de ese momento se realiza el procedimiento administrativo de comunicación a las empresas para que oferten sus propuestas, que posteriormente serán valoradas por los servicios técnicos competentes; el pago definitivo se realiza tras el informe de los servicios respectivo y el control de las facturas y/o certificaciones de obra que les correspondan . En el caso de que las ofertas sean consideradas muy por debajo del cálculo inicial realizado por los técnicos de la Entidad Local serán rechazadas por representar bajas temerarias sobre lo previsto. Todo lo anterior es una explicación muy sucinta de la complejidad del procedimiento de Contratación con las Entidades Locales, regulados por Ley. Entonces ¿por qué se dan tantos casos de corrupción? Los Habilitados Nacionales que trabajan en los Ayuntamientos cobran de él, y una parte importante de su remuneración depende de la voluntad del Alcalde de turno, quien puede decidir que un complemento variable tenga un valor significativo o mínimo. Los informes de discrepancia sobre la realización de las adjudicaciones que emiten estos Habilitados deberían ser analizados por el Tribunal de Cuentas, quien posee una estructura mínima para la ardua tarea que tienen asignada, por lo que casi siempre tienen, exclusivamente, una trascendencia interna íntimamente vinculada, por tanto, a la remuneración referida. En el procedimiento de contratación de los Habilitados Nacionales por parte de los ayuntamientos, interviene de manera decisiva la opinión de los políticos de la Entidad local.
No debemos olvidarnos del entorno socioeconómico del que proceden los políticos. En España es muy frecuente que particulares y empresarios traten de evitar, cada uno en la medida de sus posibilidades, declarar a Hacienda la totalidad de sus ingresos o justificar como gastos de empresa simples pagos para cuestiones particulares. En este país no existe una excesiva conciencia solidaria para el asunto económico, curiosamente si se da esa solidaridad para otras cuestiones no menos importantes como la donación de órganos. Unida esta circunstancia a la anteriormente referida situación de ausencia de efectividad en los controles sobre el gasto, no es difícil pensar cual será el resultado. Un concejal que por primera vez figure en la lista de un partido que va a gobernar, en un puesto de la terna que le permite ser cargo público, pasa unos meses de incertidumbre ante los controles del Ayuntamiento hasta que, informado por los veteranos y a la vista de lo observado, se percata de que su capacidad de decisión está poco o nada condicionada por esos controles, que si además, quienes deben realizarlos son buenos colaboradores, le facilitarán la reducción de ese periodo de rodaje. Por otro lado, no es menos cierto que en los entornos de los casos de corrupción existen personas o cargos públicos a los que les alienta el máximo respeto a los procedimientos establecidos, quienes esperan que su paso por esa situación sirva para hacer un buen servicio a la sociedad a la que representan, a los que su honradez y buena fama ganada durante su vida profesional les importa más que cualquier prebenda; si el entorno en que se desarrolla su labor es de corrupción generalizada sólo tendrá dos alternativas posibles: o dimite de su cargo explicando, o no, los motivos de su decisión a quien corresponda (postura difícil de tomar por las graves consecuencias sociales para él y su familia, y por las, casi seguro, nulas consecuencias políticas), o se incorpora al “sistema de funcionamiento habitual” en esa Corporación. Debemos considerar, sin escandalizarnos, que casi todo el mundo, por no decir la totalidad de la población, tenga un precio, lo que denigra la condición de los representantes públicos presuntos corruptos es lo baratos que se venden. La inmensa mayoría de los ciudadanos pone un precio tan alto a su honestidad que nadie estaría dispuesto a pagarlo.
El que los casos de corrupción se den, de forma indiscriminada, ajenos a la ideología política de las formaciones políticas a las que pertenecen los presuntos, debe indicarnos algo. Por una parte, los casos de corrupción se dan siempre dentro de los equipos de gobierno de las diferentes entidades, sean estos gobiernos de una única alineación o asociados de varias formaciones; esto nos puede indicar que más que un problema ideológico lo es de las estructuras de control; la mayor difusión de los presuntos casos correspondientes a las dos formaciones políticas más importantes del país no significa más que los poderes informativos también están alineados políticamente y que tiene mucho más morbo informativo, ante el lector, una noticia de corrupción en un gran partido nacional que de una pequeña formación de un pequeño pueblo. De otro lado, los ascensos dentro de los partidos políticos se producen por causas ajenas a los méritos de los candidatos, ya que el inexistente régimen de incompatibilidades entre cargos hace imposible que el aspirante al ascenso vea contrastada su trayectoria con los órganos de control respectivo, a ocupar dicho aspirante los cargos de controlado y controlador. También se producen en los partidos luchas internas que hacen que personas capacitadas profesional y humanamente abandonen las formaciones, asqueados de los procedimientos de debate y control, lo que permite permanecer a los menos preparados pero más perseverantes, futuros candidatos a ocupar puestos de responsabilidad.
Un profesor de la Facultad Complutense de Madrid dice que “Hemos importado los modos electorales norteamericanos, lo que ha encarecido las campañas y ha entregado de rodillas el poder político a quienes tienen capacidad para sufragar las campañas electorales”, no se trata sólo de que quienes tienen el dinero influyan enormemente a la hora de decidir quiénes accederán al poder, sino que también “controlan el margen de maniobra de los elegidos”; no se trata de una creencia que esté cuajando sólo en un sector político determinado, el de la izquierda, sino que abarca todo el ámbito de las ideas, “el peso del capital financiero resulta totalmente decisivo en la política. Y el mejor ejemplo son las escandalosas operaciones de rescate que han llevado a cabo los Estados a partir del momento en que la famosa mano invisible de Adam Smith no ha funcionado”, dice el director de una editorial no alineada con ideas de izquierdas; el descontento actual “tiene que ver con una crisis profunda que cuajará, si los efectos de la crisis son más duros de lo que han sido hasta ahora, en nuevas concepciones políticas que hasta ahora han estado en los márgenes”.
Por eso, las consecuencias negativas que trae la crisis están recayendo en quienes, por su aislamiento, carecen de fuerza para defender sus posiciones. “Nadie en el Estado interviene hoy a favor de las Pymes, del taxista o del tendero, porque no tienen capacidad para lograr que el sistema se ajuste en su favor. Los pequeños no hacen más que pagar impuestos mientras que los grandes logran que el Estado acuda en su rescate cuando las cosas les van mal. No hay más que fijarse en lo que están haciendo con el sector automovilístico”. En los niveles más elevados del poder político todo lo relatado anteriormente tiene una gran trascendencia, la estructura de los partidos políticos en España está enormemente condicionada por la financiación de sus formaciones; hay que pagar muchas nóminas cada mes y todo ese capital no puede salir de las cuotas de los afiliados. La financiación del Estado a las formaciones políticas no cubre ni la mitad de los gastos de estas (es urgente una nueva norma de financiación y control de los gastos electorales y de todo tipo de los partidos políticos), por esa razón los partidos políticos necesitan nuevos orígenes de fondos, que en algunas ocasiones ha favorecido los casos de corrupción. Si las formaciones, ocasionalmente, han intervenido en estas situaciones eso ha hecho que algunos cargos políticos se hayan inmiscuido en esas dinámicas para favorecer, simultáneamente, la progresión de su carrera política.
Si por otro lado sabemos que, los salarios de los 76.000 políticos profesionales en España suman 720 millones de euros anuales. Con ese dinero se podría pagar durante un mes 839.000 jubilaciones o 1,3 millones de pensiones de viudedad. Un ciudadano de Madrid, por ejemplo, paga con sus impuestos los sueldos de 27 concejales, 120 parlamentarios autonómicos, 35 diputados nacionales, 4 senadores y 54 eurodiputados, todos con salarios superiores a los 3.000 euros mensuales.
Un español, después de estar 35 años cotizando, puede cobrar la pensión máxima: 32.000 euros anuales. Un diputado o un senador tienen que estar sólo siete años en el cargo para optar a esa misma pensión.
Por otra parte, los ex ministros tienen derecho a cobrar una pensión durante dos años por el 80% de su sueldo. Es decir, unos 5.400 euros al mes (la pensión media en España es de 757 euros mensuales). Además, estas pensiones no son incompatibles con otros sueldos públicos o de otras actividades económicas.
Hasta este año (2009), que cambió la ley, cada uno de los 751 eurodiputados disponía de 17.140 euros al mes para contratar a asesores, entre ellos familiares. Un estudio de la CE reveló que en 2008 se gastaron 140 millones en salarios de 1.200 'recomendados'.

Todo este conjunto de cuestiones indisolublemente unidas conforman un panorama político para el ciudadano cuanto menos desalentador. Y la cuestión es que el sistema “democrático” en que nos movemos le permite al ciudadano de a pie poco más que votar o no cada cuatro años. ¿Será el desánimo generalizado lo que persigan algunas (muchas) formaciones? ¿Deberemos de pensarnos seriamente terminar con el voto útil sabiendo que eso nos exigirá en el futuro fuertes manifestaciones reivindicando nuestros anulados derechos? ¿Será el momento en que los ciudadanos, que siempre han pasado de la política activa, se reúnan para crear formaciones donde impere el espíritu de servicios al ciudadano, más que la progresión política personal?
Como decía el Hermano Lobo cuando le preguntaban ¿la democracia para cuando? Uuuhhh.

Sanidad pública

Hace unos días, en un programa de televisión, el cineasta USA Michael Moore presentaba su documental sobre la situación de la sanidad pública en países de Europa ante las fuertes presiones de las compañías aseguradoras privadas que existen en EE UU para evitar algo semejante en su país. En este país se estigmatiza la posibilidad de que exista una sanidad pública, haciendo todo tipo de afirmaciones sobre la deriva que puede tomar un gobierno que socializa un derecho que se considera propiedad del sector privado, por el que, y esto no es baladí, obtienen enormes beneficios económicos las empresas privadas, en numerosas ocasiones por falta de cumplimiento de las obligaciones que contrajeron con sus asociados en el momento de suscribir las respectivas pólizas.
A la vista de la citada película no pude por menos que comparar lo que estaba viendo no ya con la sanidad USA sino con el continuo deterioro de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid.
En este documental se presentan, entre otros, los casos de la sanidad pública en el Reino Unido. Quedé gratamente sorprendido de la gestión que realizan en ese país los servicios médicos; a los médicos ingleses les pagan una cantidad de sus sueldos por objetivos conseguidos, hasta aquí todo normal, pero deja de ser "normal" cuando te dicen que los objetivos que se valoran son, por ejemplo, si de los quinientos pacientes que tiene un doctor un número determinado deja de fumar, o de los que tienen problemas de obesidad cuantos pierden un porcentaje determinado de peso y lo mantienen, o si los diagnosticados con exceso de colesterol siguen el tratamiento y en análisis posteriores demuestran su descenso de grasas en sangre, etc. Es decir, todos los objetivos por los que el profesional recibía un pago adicional eran objetivos de salud para sus pacientes; que alejado quedan estos de los objetivos economicistas de los gestores de la sanidad pública madrileña, quienes tienen como objetivos fundamentales la reducción del importe de los gastos sanitarios, y no importa si esto implica demorar en la realización de una prueba diagnóstica imprescindible pero no económica,haciendo que el enfermo se eternice en un tratamiento que sólo le supondrá más gasto, cuando no problemas de salud añadidos; el sometimiento a los dictados de las compañías farmacéuticas, haciendo que nos convirtamos en consumidores de medicamentos que en su mayoría no solucionan el problema o son excesivamente caros. Fue tremendo el momento real en la citada película en la que una paciente norteamericana accede a una farmacia de Cuba para comprar un inhalador que le costaba en su país, EE UU, ciento veinte dolares mientras que en la isla se lo estaban vendiendo por 30 céntimos de dolar. Que doloroso fue para la mujer comprobar como estaban comecializando su salud en su país, ajenas las compañias faramacéuticas a los derechos que les podría suponer vivir en un país supuestamente democrático.
En otro momento de la cinta, un antiguo parlamentario ingles dijo algo que demostraba dos cosas, por un lado un profundo conocimiento de la sicología humana y por otro un excesivo optimismo democrático. La primera es una cuestión muy obvía pero no por ello menos cierta, vino a decir que para conseguir que las personas abandonen toda postura crítica y militante los poderes públicos o privados deben hacer dos cosas, una asustar a la gente con alguna importante desgracia generalizada, y la segunda, desanimarlos mediante cualquier estrategía que les convenza que no merece la pena molestarse por que las cosas son así y dificilmente modificables; yo añadiría una tercera cuestión y es la de hacernos ver a todos los ciudadanos que perderíamos nuestras pobres y misables pertenencias en caso de que se produjera un profundo cambio.Un ejemplo evidente lo tenemos en la, todavía no resuelta, crisis económica en la que las entidades financieras y los poderes públicos asustaron a los ciudadanos (y a los propios congresistas de todos los países) exagerando las dimensiones y la gravedad de la crisis hasta que las entidades bancarias lograron los recursos que pretendían para seguir ganando dinero.
La otra afirmación que hacía el citado parlamentario era, la demasiado optimista según mi punto de vista, de que el sistema democrático capitalista podría revertir los problemas creados por él mismo a través del voto concienzado de la mayoría de los ciudadanos hacia opciones políticas que propusiesen cambios profundos en la estructura capitalista. Y digo yo, ¿hablar de democracia capitalista no es una contradicción en los términos?. La esencia de la democracia es el igualitarismo mientras que la del capitalismo es el enriquecimiento de los más "aptos". Y son dos lógicas que sólo pueden acercarse ocasionalmente en lugares muy concretos y en momentos históricos muy concretos. El capitalismo, cuando sufre una de sus crisis cíclicas, intenta una salida desesperada a través de la financiación, que es lo que estamos viendo en los últimos 30 años, lo que deriva en la constitución de grandes grupos económicos que maniatan al poder político a través de su capacidad para controlar la economía. Hemos importado los modos electorales norteamericanos, lo que ha encarecido las campañas y ha entregado de rodillas el poder político a quienes tienen capacidad para sufragar las campañas electorales. Estamos en un escenario político en el que “el partido sustituye a la sociedad, el comité central al partido, el secretario general al comité central y los bancos que financian ese entramado al secretario general". ¿Alguien puede creer, honestamente, que las entidades que financian a los actuales partidos, en España y en todo el mundo capitalista van a ayudar a quien prentenda cambiar las reglas del juego impuestas por éstas?. Un total de 60.000 españoles perdieron el año pasado su casa por no pagar la hipoteca, según el Poder Judicial. Los partidos políticos presentes en el Congreso deben a los bancos 144,8 millones, según el Tribunal de Cuentas.Los partidos políticos reciben una media anual de 184 millones en subvenciones para funcionar. El PP ha recibido este año 62 millones, y el PSOE 59. ¿Alguien puede creerse que la actual lucha por detentar el poder en Caja Madrid está alejada del interés de algún/na político para proyectar su propia y personal carrera hacia la presidencia de su partido?. Los partidos políticos que actualmente están en el sistema carecen de la credibilidad necesaria para poder cambiar en profundidad la estructura capitalista, como necesitan la mayoría de países,y un partido emergente, con nuevos ideales y principios de funcionamiento interno y externo tendría dificil, cuando no imposible, la posibilidad de financiaicón que requieren las actuales campañas electorales. Sólo desde un movimiento popular muy fuerte estas formaciones podrían optar a gobernar en algún estamento político. Para ello sería fundamental establecer la posibilidad real de los ciudadanos de decidir políticamente sus alternativas sociales dentro de esas organizaciones.
Volviendo al citado documental el director vino a resumir que la actual lucha desatada en Estados Unidos de Norteamérica para impedir el proposito del presidente Obama de establecer una sanidad generalizada no presenta más que la descarnada cara del capitalismo llevado a los extremos de negar un derecho fundamental de cualquier ciudadano del mundo: unos servicios sanitarios de calidad que garanticen la protección de su salud y la de los suyos, con independencia de la situación económica que tenga en cada momento de su vida.