¿Dónde están los 4,5 millones de parados? ¡En la manifestación de los desempleados!

Las cifras, oficiales o no, nos martillean con la cifra de trabajadores en situación de parados; unos y otros nos repiten insistentemente este dato, tanto qué parece que su intención, más que informarnos sobre esta cruda realidad, pretende que sea una alegría para aquellos que todavía tienen la suerte de tener trabajo, y un motivo para no tomar decisiones inadecuadas que pongan en peligro nuestra particular seguridad.
Dicha cifra oscila últimamente alrededor de los cuatro millones y medio de personas en paro.
La situación de este numeroso colectivo está creada por la desaparición de empresas motivadas por la falta de demanda, en unos casos, y por las enormes dificultades de financiación, en otros, con el consiguiente despido de trabajadores. En definitiva, son efecto inmediato de la crisis económica española.
La situación económica de este colectivo es muy diversa, yendo desde la percepción del pago del desempleo en unos casos, hasta las ayudas para aquellos que les ha prescrito dicho periodo, que también tiene una duración determinada, hasta la simple supervivencia mediante la realización de esporádicos trabajos o la ayuda desesperada de los familiares más próximos; por consiguiente una situación muy precaria, por lo que la alternativa de encontrar empleo en las actuales circunstancias económicas es muy complicada.
Por otro lado las políticas económicas que se están llevando a cabo por recomendación de los organismos oficiales (FMI; BM; BCE; BE) no van a favorecer el crecimiento económico del país, si no antes bien al contrario, van a contraer la demanda y van a poner a más trabajadores en situación de parados, con lo que las posibilidades para encontrar un puesto de trabajo tendrá muchas más dificultades. Las condiciones no van a cambiar, al menos a corto o medio plazo, es decir con una perspectiva de cinco años, tiempo más que suficiente para acabar con los pocos ahorros que puedan tener los trabajadores más perjudicados por la crisis.
Considerando todo lo anteriormente referido, la pregunta que uno se plantea es ¿realmente existen en España cuatro millones y medio de personas en esta situación?, ¿y si esto es así, dónde están? ¿es posible que la quinta parte de la población en edad activa del país este en el paro, sin cobrar más que, en el mejor de los casos, el desempleo, con unas perspectivas futuras más que negras, desesperanzadoras, y no existan movilizaciones masivas? ¿Tan profundamente nos han convencido de que no podemos hacer nada para cambiar esa situación? ¿Nos hemos vuelto tan egoístas que no defendemos ni nuestros intereses más particulares?

Así no salimos de la crisis

Las recomendaciones del FMI (Fondo Mercenario Internacional), del BCE (Banda de Cachorros Empresariales) o del BE (Bandidos Empresariales), no pretenden, exclusivamente, la reducción del déficit del Estado. Cuando estos reputados organismos recomiendan a los estados miembros de la UE (Unión de Empresarios), la reducción del papel del Estado en la Economía; la disminución del número de funcionarios y la reducción del sueldo de los restantes; la congelación de las pensiones y el aumento del número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora; el incremento de la edad de jubilación; la eliminación de todos los gastos sociales o ayudas a los más desfavorecidos; la privatización de todos los servicios que proporciona el Estado; la privatización de todas las empresas del Estado y sus organismos asociados; en definitiva, la desaparición del Estado como ente que debe equilibrar los enormes desajuste económicos que produce el “Mercado”, en ese momento no predomina la idea de disminución del déficit, si no, llana y simplemente, el dejar que sea el “Mercado” el que ponga a cada cual en su sitio, partiendo de un axioma perversamente engañoso, y es que el “Mercado” es el que mejor hace esa función, como si todos los ciudadanos estuviésemos en la misma situación frente a la igualdad de oportunidades de trabajo, estudios, educación, sanidad, etc.
Por otro lado, todas estas medidas no hacen más que perseguir un ansiado propósito de toda la vida de los capitalistas, eliminar las mínimas ventajas que los incipientes Estados del Bienestar (en España, prácticamente en mantillas) han proporcionado a los trabajadores.
Los Estados del Bienestar nacen por el acuerdo de las fuerzas políticas socialdemócratas y los capitalistas de abandonar aquellos la disputa de la propiedad de los medios de producción, dejando en manos de estos últimos dicha propiedad, a cambio de una mejora sustancial en las condiciones de vida de los asalariados; de esta manera se acuerdan jornadas laborales que compaginan vida laboral y privada, retribuciones adecuadas al desempeño profesional, educación y sanidad universales, etc.
La desaparición de la Unión Soviética como fuerza internacional del comunismo desequilibra el débil equilibrio existente entre las superpotencias, dejando todo el panorama mundial económico en manos del capitalismo; la rápida conversión al capitalismo más salvaje de la URRSS, con conversión casi automática de lo público en manos privadas, enriquecimiento de unos pocos, empobrecimiento de las clases sociales más humildes, prevaricación y despotismo político, hacen que cualquier referencia a una posibilidad diferente de entender las relaciones sociales, desaparezca.
Este es el momento en que El Capital se siente fuerte para comenzar a recuperar aquellas migajas que pusieron en la mesa de los trabajadores; para eso pone en los gobiernos de los países más poderosos a los peones que comenzarán su trabajo, Ronald Reagan en EE UU, y Margaret Tacher en Reino Unido. Los medios de que disponen los poderosos en estos días son inmensos; el control de la totalidad de los medios de difusión, ya sean prensa, radio, televisión, etc., permite que la opinión y la disposición de los individuos este moldeada por las continuas ráfagas de ¿información? , que les asaetean, conduciendo su actitud hacia posiciones conformistas y cómodas, esperando que lo peor de la crisis no les afecte en lo particular, creando un tipo de ciudadano sumamente egoísta, que será incapaz de defender sus más íntimos intereses so pretexto de que en otros países están peor.
Ante esta situación sólo las posiciones valientes de los países que rechazan toda ayuda de aquellas instituciones, permite a sus pueblos mejorar en sus condiciones de vida, por lo que los medios de comunicación internacionales difaman continuamente a sus gobernantes, acusándoles de las mayores atrocidades, mientras ignoran las que tienen más cerca.
Lo que no proponen en ningún momento esos organismos oficiales es el pago de la crisis por sus verdaderos responsables; la toma de medidas para controlar las causas que motivaron la actual crisis; el control sobre el permiso, sin límites, dado por organismos como la UE, a la circulación de capitales; el establecimiento de una tasa a los capitales por su circulación incontrolada; el incremento de la progresividad en el pago de impuestos en función de las diferentes rentas, riquezas, capitalizaciones, patrimonio, etc.
En definitiva, es muy evidente que todas las medidas que promocionan esos organismos tienen la exclusiva intencionalidad de hacer pagar los efectos de la crisis con recortes o eliminación de los escasos derechos de los trabajadores, no tocando para nada los intereses de sus verdaderos mecenas que son los capitalistas.

Análisis gratuito

Las elecciones catalanas del 28 de noviembre de 2010 las ha ganado CiU; a pesar de la experiencia de 17 años de gobierno anterior de esta fuerza política, a pesar de que durante ese tiempo Cataluña estuvo a la cola de las comunidades en cuanto a la dotación de sus servicios sociales, los votantes han preferido hacerlo a CiU.
Algunos analistas dicen que el descenso en los votos del Partido Socialista de Cataluña (les ha votado una tercera parte de los votantes en las anteriores elecciones, se han quedado en casa sin votar 1.120.000 votantes del PSC y les han votado 570.000), se debe exclusivamente a la gestión de la política catalana del tripartito, a pesar de que las dotaciones sociales se han visto incrementadas como nunca durante este periodo, pero la falta de concordancia entre los partidos y el resultado de la aprobación del Estatuto, han sido los causantes de esta derrota; por supuesto estos mismos analistas descartan por completo que otras circunstancias hayan tenido ningún efecto sobre estas votaciones.
Parece que los analistas han entrado en el juego de algunos políticos, que nos quieren convencer de que lo que vemos evidente no es tal, sino producto de nuestra imaginación. El que el gobierno de ZP esté tomando medidas, a nivel nacional, sobre los derechos de los trabajadores reduciéndoles a niveles de hace años; el que sin ser los causantes de la crisis se les esté haciendo ser los exclusivos paganinis de esta; el que se continúe gobernando como lo haría el PP, beneficiando a los bancos y a los que mayores rentas y patrimonio acumulan, todo eso no puede pasar desapercibido a cualquier votante de izquierdas. Quien pretenda convencer a nadie de que esos son elementos exógenos a la intención de voto de los ciudadanos, puede ser que consiga su propósito, si este es el de cobrar por una consultoría hecha a medida del interés del solicitante, o bien si su interés es el de continuar con su cargo político o mejorar en ese escalafón, pero desde luego que está muy alejado de la realidad. Inevitablemente, si el PSOE que representa José Luis Rodríguez Zapatero sigue haciendo la política que le demanda el FMI y la UE, y ésta continua recortando los pocos derechos de los más humildes que el, incipiente y nunca consolidado, Estado del Bienestar en España apuntaba, las consecuencias para las próximas elecciones del año que viene serán bastante evidentes. Sólo aquellos que consigan diferenciarse claramente de la “marca” ZP, es posible y sólo posible, que obtengan mejores resultados. Es la situación en que se encuentra el equipo que opta a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Se ha formado un proyecto alrededor de Tomás Gómez que debe ilusionar a los madrileños y madrileñas; apostar por una mayor dotación económica para Salud, Educación, Formación y Cultura, es una apuesta clara de izquierdas; cualquier partido que se considere de izquierdas tomará cualquier medida que incremente la formación y cultura de sus ciudadanos, aunque eso les haga tener mayor capacidad de crítica.
Los lodos actuales se venían venir cuando se celebro el Congreso en que salio elegido Zapatero como Secretario General del PSOE; una terna de candidatos formada por Rosa Díaz, José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono….y Matilde Fernández (sólo se salva Matilde), dice mucho de los problemas que afectan al PSOE. La identidad de izquierdas del partido se ha perdido, desapareciendo la importancia de una militancia que continua siendo de izquierdas al servicio de una dirección que piensa que tiene razón cuando gobierna de esta manera, de espaldas a sus votantes. En esto la derecha nunca defrauda a sus votantes; cuando llega al poder protege exclusivamente a los suyos (si no ver el ejemplo de Esperanza Aguirre), olvidándose descaradamente del resto de ciudadanos aunque gobiernen una Comunidad de ciudadanos de identidad política plural.
P. D.: Los papeles de Whikileaks (los documentos de los servicios secretos USA filtrados a la prensa) le adjetivan a ZP como “izquierdista trasnochado”, (¡menudo ojo el del articulista!) y a Rubalcaba como “inteligente y de confianza”, así qué ojito al dato.

Funcionarios malvados

Tengo que comenzar diciendo que no soy funcionario pero habiendo trabajo con ellos los conozco bastante bien y sé de sus capacidades. Ni ellos provocaron la crisis, ni las medidas contra ellos son más que populismo barato.
España tiene una serie de problemas pendientes de solución en su camino hacia una democracia social participada por los ciudadanos, dos de los más importantes son la corrupción política y la filosofía de funcionamiento de la clase empresarial española; respecto a la corrupción política no es mayor que la existente durante el franquismo pero posiblemente más conocida por la generalidad de la gente, no obstante esta situación requiere una reacción firme de los mecanismos legales para contraponerla; en relación con las ideas sociales de nuestra clase empresarial, a una importante mayoría les encantaría que el Estado no se inmiscuyese en ninguna de sus actividades y si es posible que ni siquiera les cobrase impuestos por ningún motivo. La liberalidad más absoluta es su grial a obtener. La conjugación de ambas ideas contempla un escenario idílico para nuestros próceres en el cual, sin ningún control, podrían hacer y deshacer a su antojo, sin dar explicaciones ni nadie que se las pidiese. Por este motivo las declaraciones del presidente del Instituto de la Empresa Familiar son suficientemente ilustrativas, el buen señor dice que “a los funcionarios debería de podérseles despedir como al resto de los trabajadores por sus jefes inmediatos sin más cortapisas que la indemnización correspondiente”; no puedo creerme que este ilustrado representante de los empresarios haya hecho estas declaraciones ignorando las implicaciones que conllevaría su aplicación; junto a esta noticia el periódico adjuntaba la noticia de que “Hacienda no dispone de medios para tasar los bienes del caso Gürtel”.
Existen numerosos funcionarios cuya misión es la de controlar que las acciones de los políticos se ajusten a la legalidad vigente, siendo su obligación en caso contrario la de informar procedentemente a fin de que esos informes consten en los expedientes administrativos correspondientes para cuando la autoridad judicial juzgue necesario su análisis y estudio. La necesidad de estos estudios previos al acto administrativo y posterior a su finalización hace que la función funcionarial sea fundamental para evitar más abusos de poder de los políticos; otra cuestión es que la utilización práctica que de esos informes es limitada, es cierto que el Tribunal de Cuentas, órgano que debe controlar la actividad de todas las administraciones públicas, no dispone de los medios técnicos ni humanos que necesita para realizar tan enorme labor, pero es que son los políticos los que no dotan de suficiente capacidad a este organismo, no es la capacidad de los funcionarios la que hace que su operatividad sea limitada; los cuerpos medios y superiores de inspectores del Ministerio de Hacienda sufren en silencio su falta de capacidad de control sobre el fraude fiscal por su escasez de medios humanos y técnicos; son bien conocidas las cifras de vacantes pendientes de cubrir que aparecen en todas las convocatorias anuales de los cuerpos citados y el ínfimo número de aprobados en cada convocatoria, esto viene ocurriendo desde que Miguel Boyer era ministro del área y se enuncio el personal que era necesario. Aquí tampoco parece que sea culpa de los funcionarios la falta de eficacia en la consecución de los objetivos de acabar con el fraude. La fijeza del funcionariado, como la inamovilidad de los jueces, fueron acertadas innovaciones al servicio de la independencia de los empleados públicos frente a la arbitrariedad política y las presiones caciquiles y un paso importante hacia una administración más profesionalizada.
¿Se imaginan lo que podría se una administración en la que el jefe, el político, pudiese disponer el despido de cualquier empleado por el simple hecho de que éste emitiese un informe de legalidad negativo al acto que el político quisiese realizar? Sería el Mundo Ideal del Político Corrupto (M. I. P. C.).
Pero si de lo que se trata es de disminuir el coste de la Administración se podría comenzar por hacer desaparecer a tanto funcionario eventual, (“persona de confianza”, se conoce que el resto del personal es de “desconfianza”) nombrado por capricho de los políticos dentro de su entorno de partido o amigos, que con sueldos del máximo nivel en la administración, se enteran de lo que es ésta según van aprendiendo su trabajo. Rememoran estos individuos a los antiguos “cesantes” del siglo XIX, que tanto juego dieron a escritores como Benito Pérez Galdos.

¿Y después del 29 de septiembre,qué?...pues más movilizaciones

La huelga general del 29 de septiembre ha tenido, como en la mayor parte de acontecimientos políticos, diferentes vencedores: para la derecha ha sido un rotundo fracaso, para el gobierno una discreta participación y para los sindicatos un amplio y contundente triunfo. Nada nuevo bajo el sol. No obstante desde el punto de vista de un espectador parcial, parece que no ha tenido el seguimiento que podía esperarse en respuesta a las medidas de política económica tomadas por el gobierno.
Lo que es sorprendente es que los que se justifican por no haber participado en esta huelga dado que no se apoyó la huelga funcionarial (funcionarios) tampoco participaron de aquella. Nos estamos volviendo tan egoístas que no somos capaces de defender ni nuestros propios intereses. Continuando con esta línea de sorpresa, tenemos que escuchar lo que nos dice nuestro presidente, que asegura estar haciendo "una política de izquierdas", cree que "si no estuviera atento a los mercados sería un irresponsable", según el periódico 20 minutos; yo no se que pensar, dudo entre creer que el presidente piensa que si él lo dice nosotros nos lo creemos o que, realmente piensa que está haciendo política de izquierdas; esto último sería mucho más penoso por que demostraría la opinión que tiene sobre lo que es izquierda y derecha (debió perderse el programa de Barrio Sésamo que trataba esta cuestión). Continuando con mi sorpresa escuchamos decir a Zapatero: "Dentro de unos años se verá que hicimos lo que tuvimos que hacer", según el periódico El plural del viernes día 1 de octubre; lo que no dice el señor Presidente es que dentro de unos años él no será el responsable de la política económica de esta país y que, junto a sus compañeros de la clase política, ya se han preocupado de no hacer leyes que nos permitan a los ciudadanos pedirles responsabilidades por sus errores, intencionados o no.
Por otro lado escuchamos las declaraciones de la vicepresidenta económica en cuanto a que las medidas de ajuste no se han terminado con las actuales; por supuesto quedan otras de mayor calado: Disolver el Estatuto de los Trabajadores y la Negociación Colectiva.
Y para finalizar otra burda mentira sobre la imposición de un nivel más alto en IRPF para los que ganen más de 120.000,00€: El hecho es que, por ejemplo, uno que se dedicase a especular con acciones de Bolsa, oro o cualquier cosa, comprando y vendiendo, y al hacer su declaración de IRPF obtuviera una base liquidable de 120.000 euros, actualmente sólo se le aplicaría el 19% por los primeros 6.000 euros, y el 21% a partir de esa cantidad (y la cuota íntegra a pagar sería de 25.080 euros). En cambio un asalariado de alto nivel que al hacer su declaración de IRPF obtuviera también esa misma cantidad de 120.000 euros en su base liquidable, pagaría actualmente por tramos unos porcentajes del 24%, 28%, 37% y 43% con lo que su cuota íntegra a pagar sería un total de 44.716 euros. Por tanto el trabajador asalariado pagaría hasta un 22% más que el especulador por los tramos más elevados de sus ingresos y su cuota íntegra a pagar sería entonces 19.636 euros superior a la del especulador, algo más de 3 millones de las antiguas pesetas.
Como se puede observar a la simple inspección de las figuras anteriores, nos esperan tiempos futuros muy duros señores.

Yo apoyo a Tomás Gómez

Comenzaré diciendo que mi apoyo es personal, soy un simple militante de base del PSOE, que no represento más que mi propia consideración sobre las primarias del PSM.
Mi apoyo a la posibilidad de que Tomás Gómez sea el candidato a disputar al PP la Presidencia de la Comunidad de Madrid se basa en diversas consideraciones: Para empezar diré que, por principio, estoy a favor de la participación activa de los militantes en la toma de decisiones políticas en el partido, y las primarias representan una oportunidad única al respecto. La negativa de Tomás a retirarse del escenario político de la Comunidad cuando el Secretario General del partido y Presidente de Gobierno se lo indicó, es una parte importante del Patrimonio Neto del PSOE, y no un Pasivo, como enuncio un distinguido miembro del Ejecutivo. Hay que recordar que Tomás no solicitó ser el Secretario General del PSM, si no que abandonó su puesto de Alcalde de Parla para, a petición de Zapatero, hacerse cargo de la obligación, que en aquel momento presentaba una serie de retos que no animaban a muchos. Esto no quiere decir que todos los secretarios generales tengan que ser los candidatos de sus agrupaciones, por que yo defiendo la incompatibilidad de cargos orgánicos e institucionales, pero en este caso el nombramiento fue con ese significado. Durante tres años Tomás y su equipo, han realizado una labor sorda pero eficaz, serenando los ánimos de algunas agrupaciones que hacían más daño al partido que bien. En ese tiempo, que se puede definir como de Trayectoria Socialista (un cariñoso recuerdo para Don Ramón Rubial), Tomás ha realizado un trabajo meritorio que le avala como dirigente capaz y con formación suficiente para ocupar puestos de mayor responsabilidad.
La aparición de los resultados de una encuesta (¿por cierto, por qué se hizo?), parece que le dan más posibilidades de triunfo ante la sita Esperanza a la compañera Trinidad Jiménez sobre Tomás Gómez, por lo que desde el Órgano Federal se recomienda que sea ella quien represente a los socialistas ante el PP en la Comunidad. Es muy posible que la citada encuesta tenga razones fundadas para ser tenidas por ciertas sus conclusiones, y también es indudable que la compañera Trinidad representaría honestamente al partido, pero lo que no parece de recibo es que se quiera comparar el valor estadístico de una encuesta, realizada en un momento determinado, con las implicaciones temporales que eso representa, con el trabajo eficaz, honesto y leal de tres años.
Con la presentación de Tomás a primarias este ha querido significar algo que muchos militantes venimos demandando hace mucho tiempo, la necesidad de mejorar la calidad de los votos en elecciones de cualquier nivel.
No es de recibo que en pleno siglo veintiuno, con la formación e información que se nos supone a los ciudadanos de este país, influyan en nuestros votos cuestiones absolutamente subjetivas como la supuesta diferencia entre sexos, el gracioso acento en el habla o la desconsideración hacia el rival (esa común afirmación de ¡dales caña!).
Uno de los problemas que presentan los partidos políticos en general es de los procedimientos de elección de sus cargos; se considera más importante el apoyo de las “familias”, los acuerdos de “mesa de camilla”, las cesiones o concesiones a los rivales, que las capacidades, conocimientos, formación, trayectoria, etc. Por esta y otras razones, los militantes más preparados, que no están dispuestos a jugar con estas reglas, se apartan de estos procesos, quedando en ellos siempre aquellos que esperan poder alcanzar su cuota de poder, sin más mérito que el aceptar estas normas que no les exigen excesivas dificultades.
Por estas razones apoyo a Tomás Gómez, creo que es una persona capaz, profesionalmente preparada, honesto, leal, con una trayectoria socialista intachable, que siendo posible que sean las mismas o parecidas virtudes de Trinidad Jiménez, él conoce Madrid mejor que Trinidad y se ha estado preparando para disputar con sita Esperanza el cargo de Presidente de la Comunidad de Madrid, según le prometieron.
Por cierto, ante la duda que les aqueja a algunos compañeros de con que capacidad mediática contaría Tomás Gómez si ganase las primarias a Trinidad Jiménez, si no goza del respaldo del Federal, yo les contesto que con la enorme capacidad con que cuenta la organización nacional del PSOE, que sin dudarlo estaría empujando a su candidatura para obtener el triunfo electoral en Madrid, que tanto necesita la región.

Complejo de Napoleón

Parece que es una constante en la política española; cualquier mandatario de las distintas formaciones políticas, de las diferentes instancias de la Administración, ya sea local, regional o nacional, que repita un segundo mandato consecutivo en el cargo político padece del síndrome de Napoleón. Esta afección se caracteriza por unos acusados síntomas de pensar que cualquier decisión que tome será acertada, que nadie puede contradecir los deseos del afectado, que el poder que supuestamente emana del pueblo lo representa el personaje con mucho mayor mérito, que las opiniones de los demás sólo pretenden socavar su autoridad y debilitar el poder en sus manos, y un montón de cuestiones similares.
Esta afección tiene la consideración de grave cuando el afectado tiene un planteamiento político y humano personalista, particularista, insolidario y antifraternal; ahora bien cuando al “enfermito” se le supone (mucho peor cuando las ha expuesto públicamente) una condición social solidaria con los más débiles, socialmente progresista, permeable a los cambios y a las nuevas ideas, tolerante y cordial con el contrincante, justo con los que han sufrido por defender los derechos humanos; entonces la enfermedad adquiere la condición de crisis gravísima, afectando profundamente a la parte más vulnerable del ser humano, la credibilidad.
Dentro de la dinámica del desarrollo de esta enfermedad existen diferentes fases, una de ellas será en la que el afectado pretenda eliminar todos los procedimientos que existieran en la organización que dirija, que pongan en cuestión que las decisiones que deban tomar órganos de la organización serán sustituidas por las suyas propias, que representan mejor los intereses del sistema, según su forma de ver las cosas. Por ello, no dudará en contradecir una anterior decisión propia, que obligó a la organización y a sus miembros a esfuerzos organizativos y personales, con otra diferente que anulará y despreciará el gasto anteriormente realizado, so pretexto de que es la mejor decisión, por que él lo dice. Para terminar de razonar este entuerto, se explicarán los muchos méritos que acumulan los nuevos propuestos, ignorando decisiones anteriores de los interesados que no pueden quedar como ejemplo de buena gestión precisamente, habiendo ocasionado gastos enormemente considerables a las arcas públicas.
La importancia de esta enfermedad no es tanto que existan entes capaces de ser afectados por ella, sino que inmediatamente aparecen los coros y danzas de la zona que jalean y aplauden la decisión del afectado, tratando de asegurarse su prometedor futuro político a través de la adulación al “enfermito”. No obstante, el mayor daño de esta afección no lo es tanto para el que la padece sino para el sistema organizativo en que se desarrolla esta crisis; como consecuencia del padecimiento de esta enfermedad se han tomado otras medidas mediante el mismo planteamiento filosófico dolientes, es decir, se han adoptado medidas que contradicen los supuestos planteamientos sociales enunciados con anterioridad, dañando gravemente a organismos que convivían en un entorno semejante, con las lógicas consecuencias para estos del repudio de cualquier cuestión posterior que proceda de dicho enfermo. Consecuentemente, cualquier propuesta realizada por el citado paciente será analizada muy críticamente por los organismos relacionados, por lo que tendrá serias dificultades de prosperar, por muchos méritos que les acompañen.
En estas circunstancias, las consecuencias más lógicas para la organización serán que tendrá que padecer la enfermedad del paciente como consecuencia de su elección para representarles hasta la finalización de su mandato, teniendo que asumir que los efectos que la enfermedad va a causar en la organización pueden ser devastadores; si la experiencia sirve para modificar los comportamientos de los futuros elegidos la organización saldrá ganando, ahora bien si se vuelve a cometer el mismo error, es posible que haya que refundar a la formación, según las ideas de sus padres fundadores.
Es deprimente constatar que en España, país que después de finalizar la dictadura franquista se encontraba a la cola del gasto social de Europa, junto con Irlanda, Portugal y Grecia (otras dos que habían salido de sendas dictaduras); donde se invertía en gasto social menos del 50% del resto de países de Europa; que a pesar de que durante los gobiernos desde 1982 a 1993 se aumento el % de gasto en servicios sociales, nunca pudimos aproximarnos ni de lejos al gasto por habitante del resto de países de la UE (Unión de Empresarios), haciendo que esa diferencia en servicios sociales produjese lo que los eruditos denominan Déficit Social ; en la actualidad nos veamos condenados a elegir entre dos opciones de gobierno que se diferencian en competir sobre quien aumenta el déficit social más rápidamente.
Próximamente reforma del Estatuto de los Trabajadores, recortes al Derecho de Huelga y Negociación Colectiva.
Dice un dicho popular que si es inevitable que te den es preferible que lo haga un profesional. En esta cuestión no creo que existan dudas de quien sale ganando.

Funcionarios malvados

Como inicio de mi reflexión, tengo que decir que no soy funcionario. Me dedico a la economía como profesión y no estoy en situación de excedencia de ningún ministerio, pero me parece indigno lo que 'algunos', y lo digo en tono despectivo, están haciendo en contra de una profesión como la de funcionario, aprovechando la propaganda de ZP, para crear ese escenario necesario que le permita bajarlos el sueldo sin adhesiones populares, ni solidaridad. Una buena fórmula para no perder votos, que es lo que realmente le interesa.

Funcionario no se es por casualidad, como trabajador del Corte Inglés, de Philips, de Seat o de MoviStar. No. Trabajar en estas empresa, puede ser el resultado de una coincidencia o de una oportunidad. El trabajador funcionario, como los jueces, los médicos de la SS, Inspectores de Sanidad, de Hacienda, policías o bomberos, lo elije, espera a que se convoquen las plazas, las prepara en largas jornadas de estudios durante 2, 3, 4……o vaya vd. a saber cuantos años, y finalmente se enfrenta a unos exámenes duros, donde lo haya y en competencia con unos cuantos miles de candidatos. No es, por tanto, un trabajo casual. Es elegido y, por cierto, los españoles que quieran, ahí tienen las oposiciones. No es preciso envidiar a nadie, todos podemos ser funcionarios.

Esos que tanto gritan en contra de quienes mueven la administración, y a quienes debemos agradecer los progresos demostrados en los últimos años y el nivel de engrase en que la mantienen y consiguen que funcione, a pesar de algunos gobiernos, alcaldes, responsables de comunidades autónomas y políticos en general, no chillaban, hace unos años, cuando empresarios; pequeños, medianos y grandes, mantenían ingresos que se incrementaban hasta en un 20% cada año; estudios de arquitectos que no podían atender tantas peticiones como llegaban a sus despachos; vendedores de distintos sectores, que invertían en apartamentos en las playas; autónomos atentos a las bolsas, donde metían esos dineros extras que llegaban a sus cuentas, y todo gracias al momento económico que vivíamos. Un momento de alegrías de las que los funcionarios no han disfrutado, y que este Presidente del Gobierno se ha encargado de situar tan cerca del precipicio que es preciso rebajar el sueldo a unos trabajadores, como son los de la administración. Y todo, porque el responsable de proteger sus intereses, como empresario que es el Estado, se lo ha gastado en subvenciones, más o menos necesarias. Un Presidente que siendo candidato negó las necesidades que se avecinaban y no dudó en regalar aquellos 400 Euros, que le ayudaron a ganar unas elecciones y que, visto lo visto, se los estaba quitando al sagrado sueldo de unos cuantos miles de trabajadores contribuyentes. ¿Qué pasaría si lo hubiese hecho el Corte Inglés y no pudiera pagar a sus trabajadores? o ¿Sony?, o fuesen los empleados del Banco Santander los que tuvieran que aceptar, como trágala, un descenso de los sueldos.

Recordemos que mientras la economía se mantuvo en aquellos niveles que tuvimos y que ahora han dilapidado, para los funcionarios, no hubo incrementos del 10%, ni del 7, ni siquiera de ese 5 de media, que ahora les quitan. Si hubo quien lo ganó, pero no los funcionarios. ¿Por qué alguno de esos que tanto jalean la medida no devuelven algo de lo mucho que han ganado? Se trata de solidaridad ¿no?. Pues eso afecta a todos.

Y lo dicho: si alguien quiere ser funcionario, por los altos sueldos que ganan, no tiene más que apuntarse y estudiar las oposiciones, pero, creo, que muchos de los chillones de ahora, no podrían aprobar jamás esos exámenes. Quizá esa es la cuestión

España 2010, tres factores decisivos de retraso: Olvido histórico de nuestro pasado más reciente, democracia incompleta e insuficiente Estado del Bienestar.

Cada vez es más evidente como se agranda la distancia entre los establisments mediático y político, por un lado y la ciudadanía normal y corriente que vive los déficits tan marcados del Estado del Bienestar en España, por otro. Los primeros están inmersos en temas de identidad nacional y estructura constitucional, mientras que la segunda, el ciudadano de a pie, continua preocupado por la escuela de sus niños (que tiene uno de los gastos educativos por alumno más bajo de Europa), la pensión de los ancianos (de las más bajas de la UE y actualmente congelados sus incrementos), el trabajo de los jóvenes (que tiene la tasa de desocupación más elevada de la UE), la masificación de los servicios públicos (una consulta médica en la Seguridad Social dura, de promedio, tres minutos). Esta divergencia en la apreciación de la realidad, hace que la brecha en el diálogo entre políticos y ciudadanos se agrande por momentos.
La socialdemocracia que gobernó el país durante catorce años, ha seguido la tradición socialdemócrata europea en algunas políticas públicas de apoyo al Estado del bienestar, pero en otras muchas ha sido atípica dentro de la socialdemocracia, comportándose con una “moderación” que se ubica dentro de las limitaciones de la democracia española, consecuencia del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron durante el proceso de transición (que todavía continua) y que inhibieron el pleno desarrollo de la democracia y del Estado del Bienestar. El gran retraso que experimentamos en nuestra democracia y en el Estado del Bienestar deviene del gran conservadurismo de las culturas mediáticas y políticas del país, que aparece también en sectores de la izquierda, y de que nos gastamos en ese Estado del Bienestar menos de lo que el desarrollo económico del país permite. Una consecuencia de ese dominio ha sido el olvido de lo que fue la República española, la Guerra Civil y la sangrienta dictadura que la siguió. Es difícil construir un futuro cuando se desconoce tanto de nuestro pasado.
Es cierto que en los últimos años, con gobiernos socialdemócratas, se han dictado leyes y disposiciones que han mejorado la cotidianeidad de algunos sectores concretos de la población, pero han sido normas que yo califico de más populistas que avanzadas en su alcance. Los problemas reales de los ciudadanos de este país no se han tocado; la falta de trabajo para grandes sectores de la población (cuatro millones de parados, según las últimas cifras); la inestabilidad e inseguridad laboral (el 64% de la población trabajadora, incluyendo a los que tienen empleo fijo, tienen miedo a perder su trabajo, lo que constituye el porcentaje más alto entre los países de la OCDE, después de Estados Unidos); la preocupación de los padres por la calidad de la enseñanza en la escuelas de sus hijos, que condicionará en gran manera su futuro (las escuelas españolas, tanto públicas y privadas, presentan los peores indicadores de calidad de toda la UE, en áreas fundamentales del conocimiento como matemáticas y ciencias de la compresión de lectura); la sobrecarga de las responsabilidades de la familia en manos de las mujeres en atención a los niños, adolescentes y ancianos debido a la escasa y tardía ayuda estatal (la mujer española trabaja en el cuidado de la familia el doble de horas que una mujer danesa); la escasez de trabajo y vivienda para los jóvenes, responsable de que España sea el país de la UE en que los jóvenes viven con sus padres hasta edades más tardías, retrasando la formación de nuevas familias, causa del más bajo índice de natalidad de la UE; las bajas pensiones y salario mínimo interprofesional, el más bajo de Europa junto a los de Portugal, Grecia e Irlanda, 630,00€ al mes, mientras que en países como Francia es de 1.310,00€ mes; la sanidad, etc.
Los mediatizados medios de comunicación condicionan poderosamente lo que es importante de lo que no lo es, y estos medios tienen unos interese económicos concretos, que no coinciden con los de los trabajadores. El ciudadano observa que los temas que verdaderamente le atañen no se tocan y su desencanto crece cuando observa que tampoco los políticos que, supuestamente, le representan ven la necesidad ni tienen el valor de tomar decisiones que cambien las circunstancias que de forma tan importante, condicionan sus vidas. No se necesita una nueva generación de jóvenes políticos que vengan a hacer lo mismo que sus antecesores, si no unos nuevos políticos que sientan la política como un servicio a la mayoría de los ciudadanos, asuman sus reivindicaciones y cumpla su papel de representantes, con los riesgos inherentes a comportamientos honestos.

Las medidas de ajuste, ni imprescindibles, ni equitativas, ni eficientes.

Frente a crisis del mercado, remedios del mercado, y a través de los actores en el mercado. El FMI, Bruselas y todos los banqueros alaban las medidas y el “coraje” para adoptar decisiones impopulares pero imprescindibles. Zapatero se doblega y quiere aplacar a la “bestia” de los especuladores sacrificando a la ciudadanía. ¡¡Se equivoca!!
Desde el momento en que se renuncia a regular y controlar los mercados financieros desde los Gobiernos y a frenar la especulación por ley se desencadena la espiral de la miseria: hay que pedir préstamos para pagar la deuda; reducir el déficit para pedir préstamos; recortar el gasto público para reducir el déficit; bajar los salarios, las prestaciones sociales y “reformar” las jubilaciones para reducir el gasto público. Otras tantas medidas que empobrecen los hogares, reducen las perspectivas de actividad económica productiva generadora de empleo y, consiguientemente, los futuros ingresos públicos que, a su vez, incitaran a las agencias de calificación a degradar los títulos de la deuda soberana provocando nuevas crisis bursátiles, con sus pánicos mediáticos y de nuevo la necesidad de otros ajustes y planes de austeridad. Nunca serán medidas eficientes.
El recorte de gastos sociales, y no otros, es una imposición de la UE y del FMI que nunca ayudan gratuitamente, pues tienen un empeño especial en la defensa del modelo económico neoliberal que han impuesto. Es la misma política seguida en América Latina durante la década de los noventa. El FMI y la UE quieren un Estado débil para poder imponer sus políticas, y los gobiernos han claudicado. ¿Cuánto han dejado de pagar los ricos y se ha dejado de ingresar en la Hacienda Pública por la bajada del tramo más alto del IRPF? ¿Por qué no se restablece el Impuesto sobre Patrimonio si se acepta que fue un error suprimirlo, un 0,2% del PIB? ¿Por qué no suprimir las SICAV que permiten a Emilio Botín del Banco Santander, Francisco González del BBVA, Amancio Ortega y Rosario Mera de INDITEX, las hermanas Koplowitz, la Duquesa de Alba, Florentino Pérez, etc. pagar el IRPF al 1%? ¿Por qué no se suprime el FROB, bajando el déficit un 0,9%, y suprimimos el riesgo de un incremento del déficit futuro de hasta el 10% (99.000 millones de euros) que tan sólo sirven para regalarles más dinero a la banca privada? ¿Por qué no establecer un impuesto en toda la zona euro a los especuladores con deudas soberanas como el de Brasil o sólo en España? ¿Por qué no eliminar la Declaración Conjunta en el IRPF? Son casi 2.000 millones de euros al año. La Declaración conjunta es una desgravación para las rentas medias y altas (y es creciente con el nivel de renta). Es un gasto antieconómico, antisocial, regresivo y discriminatorio para las mujeres (desincentiva su pertenencia a la economía regular). ¿Por qué no se revisan las pensiones de viudedad para eliminar su derecho para las personas viudas con un patrimonio superior al millón de euros o con otras rentas patrimoniales superiores a los 50.000€/año? No sólo se renuncia a regular y controlar los mercados financieros y a frenar la especulación, sino también a implantar sistemas o modelos fiscales nacionales justos, progresivos, del estilo de los países del norte de Europa. Estos modelos al aumentar los ingresos nacionales contribuyen a que dependamos menos de la deuda pública internacional y refuerzan la soberanía y la democracia del país. No son medidas imprescindibles las adoptadas, son posibles otras. No pagamos todos, no son medidas equitativas.
En el verano de 2007 los hogares estadounidenses se vieron incapaces de devolver los préstamos inmobiliarios concedidos sin ninguna garantía por los bancos ávidos de dinero; burbuja especulativa promovida desde la propia Reserva Federal dirigida por Alan Greenspan. En septiembre de 2008 la crisis de las subprimes degeneró en una crisis bancaria. Lehman Brothers se hundió. Los bancos dejaron de conceder préstamos y la economía cayó al borde de la asfixia. En vez de nacionalizar el sector financiero en bancarrota, los gobiernos aceptaron reflotarlo dejándolo con la misma desregulación, sin condiciones de ningún tipo. Los Estados se endeudaron fuera de toda lógica para salvar a los bancos privados y reactivar la economía. Pero tras veinte años de neoliberalismo y descenso continuado de la fiscalidad directa, los ingresos públicos se desplomaron. La deuda pública se dispara y, con ella, aparece la crisis social. En los países occidentales se dispara el desempleo, y con él la deslegitimación de los gobiernos democráticos y la desafección de la ciudadanía con sus gobernantes.
La afluencia de dinero público y el retorno a la especulación en las Bolsas da nuevos bríos a los bancos privados. Estimulados por los tipos de interés casi nulos, bancos y fondos de inversión reanudan su actividad especuladora. Durante la tormenta bursátil muchos trasladaron sus activos del mercado de acciones hacia el de las deudas públicas provocando una nueva burbuja financiera que sólo proporciona una pequeña tasa de interés. Hay que hacerla crecer, y comienzan los ataques especulativos a las deudas soberanas de los países periféricos de Europa con el pretexto del maquillaje del déficit griego efectuado con la ayuda del banco de negocios Goldman Sachs. La factura enviada por los bancos para pagar el precio de su propia incompetencia cae sobre su destinatario final, la ciudadanía trabajadora y pensionista, los gastos sociales del Estado. Las medidas aprobadas no atacan la raíz del problema, y no solucionaran nada.
Las discusiones para aprobar el Fondo de los/as ministros europeos para defender al euro y la necesaria intervención del FMI y de Obama reflejan la desunión europea y la pérdida de soberanía dentro de la zona euro. Estamos ante un verdadero ataque a la democracia y a la soberanía de los pueblos.
Consecuencia del miedo y la resignación frente a las imposiciones de los especuladores, la reacción de los Estados, de la UE y del FMI se caracteriza por limitarse a imponer la coacción de los mercados mientras juran que resistirán a estos. Esta política dominada por el miedo y la claudicación a la dictadura de la minoría que se denomina a sí misma como “los mercados financieros” incita a los países miembros a desmarcarse unos de otros con la esperanza de salvarse de las apuestas a la baja de los especuladores. Una vez colocados los diferentes Estados europeos en situación de competencia entre sí, se trata de quién exhibirá el plan de austeridad más drástico. En Lisboa, Atenas, Dublín, Madrid, Berlín, París, etc. se llama a “apaciguar los mercados” Nadie se acuerda que hace un año los dirigentes del G20 prometieron a la ciudadanía del mundo domarlos.
España cree necesario que la ciudadanía sea la que se movilice y se rebele por la defensa de la democracia, porque de eso se trata, y se manifieste en contra de la “dictadura del mercado” y de los que son sus dirigentes: esta UE construida de espalda a la ciudadanía europea, el FMI y las entidades financieras. Se impone pues que la ciudadanía española, y toda la europea sea la que se levante para exigir a sus gobernantes que adopten otro tipo de medidas en defensa de la soberanía, la dignidad y la democracia de los pueblos

¿Nos echan del Euro?

Hace unas semanas ha saltado una perspectiva inquietante. Los mercados financieros están dispuestos a provocar la salida del Euro de Grecia –primero- y de España después, y con ella, la misma caída del Euro, pues caerían, a continuación, como piezas de dominó, Portugal, Irlanda, Italia y los países del Este. Tras esas maniobras hay dos intereses coincidentes, el de los mercados especulativos y el de las élites y gobiernos de EEUU y Reino Unido, que ante la extrema debilidad de sus monedas han emitido ingentes sumas para salvar los bancos quebrados-.
Con la quiebra del Euro, un competidor molesto, harían fluir el dinero global hacia sus economías, cubriendo, así, su déficit. Déficit y deuda pública serían causa de la posición de los mercados. Pero España tenía superávit y su deuda pública está por debajo de la media. El 2009 cerró, sí, con un déficit del 11,4%, frente al 3,3 de Alemania, pero 12,5 del Reino Unido…
El problema real, para España, es la deuda privada, que ha generado el déficit exterior, consecuencia de la burbuja inmobiliaria y de las facilidades de crédito. Esa montaña de deudas es producto de una política que primaba los privilegios de la especulación por sobre el derecho a la vivienda. La falsa impresión de riqueza, derivada del precio de la vivienda, fue causa del “crecimiento” y superávit fiscal, que, a la hora de la verdad, sirven de bien poco. Estas circunstancias, de las que nos cansamos de avisar, pasan ahora factura.
La salida del Euro no es opción, pues habría que pagar deudas en euros con una moneda devaluada, y dejar de pagar tampoco, salvo que la cosa se ponga muy mal, pues es necesario contar con la comunidad internacional, empezando porque no se puede prescindir de la importación de muchas cosas. ¿Recordamos ahora a Rato y Solbes y sus “círculos virtuosos”?, ¿a Zapatero y su “champions league”?, ¿a Aznar y sus bravatas impartiendo lecciones de economía?… ¡en Alemania!, que nos estaba ayudando a través de la CEE. Por supuesto, Alemania tenía obligaciones, por sus ventajas en un mercado abierto, pero ¡qué esperpento! “En fin estos han sido nuestros representantes que, junto a una patronal y a una élite plutocrática lamentables”, nos han abocado a la actual situación de paro y sufrimiento para la ciudadanía.
Aquí y en todas partes, las élites plutocráticas (financieros, en primer lugar, máximos ejecutivos de los oligopolios y ricos) y su estrecha colaboración con los políticos que financian y encumbran han delineado las políticas económicas. El dinero derrochado antes de la crisis y el destinado a rescatar las finanzas ha ido a sus bolsillos, este a costa de la deuda pública que pagaremos entre todos. ¿Qué políticas convienen a corto plazo? Naturalmente, las que solucionen los problemas actuales, y pongan las bases para solucionar los futuros, o, al menos conocidamente, no generen nuevos problemas o agraven los existentes. A nivel internacional, hay que revertir las actuales políticas suicidas, que fomentan “mercados” especulativos, con mecanismos enormemente rentables y riesgos tremendos.
Los sectores más rentables, ya se sabe, crecen a costa de los demás. Se debe, pues, introducir un impuesto sobre transacciones financieras (Tasa Tobin), suprimir los paraísos fiscales y la especulación, lo que generaría grandes recursos a disposición de la ciudadanía global, y crear espacios globales donde esta pueda, a través de una democracia real, controlar y distribuir esta riqueza. Hay que acabar con las deslocalizaciones y la carrera hacia el abismo mediante la competencia entre instituciones de ordenamientos jurídicos distintos.
Estas son las políticas que gustan a las élites pues desplazan la renta y la riqueza a su favor y empobrecen a la gran mayoría. Se precisa, pues, un comercio y una gobernabilidad globales que garanticen respeto al medio ambiente y a los derechos de los trabajadores, limiten las diferencias de renta y reduzcan la pobreza, lo que asegura una demanda internacional fiable.
En el ámbito interno obviamente hay que sustituir la demanda privada, desfallecida, por demanda pública. Naturalmente los ingresos deben proceder de impuestos directos y progresivos, con efecto redistribuidor. Hay que atender a la crisis ecológica, y producir en proximidad, e introducir un cambio en la red de distribución, especialmente de productos agrarios, sustituyendo los oligopolios transnacionales por cooperativas que asocien productores y consumidores, fomentar la soberanía alimentaria y la producción ecológica. Y, por supuesto, repartir el trabajo y reducir el consumo excesivo. Debe promoverse el control ciudadano del sector financiero, e invertir en transporte, sanidad y educación públicos.
En cuanto a nuevos sectores, la clave son las “industrias” culturales, en formatos tradicionales y en contenidos para las tecnologías de información y comunicación, que, suponen, además, “desmaterializar” la producción. A largo plazo, no queda otra que sustituir un régimen, basado en el poder del dinero y la feudalidad de los oligopolios globales, que provoca desastres y sufrimientos.
Naturalmente las bases de un nuevo régimen son la gobernabilidad global a través de la democracia participativa, donde la representación sea por tiempo y tarea determinados y los representantes, una vez acabada, vuelvan a su trabajo habitual, así se asegura la transparencia y el principio de libre experimentación que permita a los pueblos y ciudadanos buscar modos de organización acordes con la armonía natural y el buen vivir

RETRASAR LA EDAD DE JUBILACIÓN A TODA LA POBLACIÓN TRABAJADORA ES UNA MEDIDA QUE PERJUDICA A LAS CLASES POPULARES PARA BENEFICIAR A LAS CLASES DE MAYOR RENTA QUE VIVEN MÁS AÑOS

Una vez más hemos visto una avalancha liberal que tiene como objetivo alarmar a la población haciéndole creer que las pensiones no son viables. La Comisión Europea, el Banco de España, el BBVA y el Partido Popular Europeo (del cual el PP español forma parte) han publicado informes y documentos que alertan a la población española de que hay que reducir las pensiones porque el sistema de Seguridad Social que las financia no es sostenible. En defensa de sus posturas presentan datos e información empírica que asumen que apoyan sus alarmas sobre las cuales basan sus recomendaciones. Todos estos documentos tienen errores graves que invalidan sus conclusiones, transformando tales documentos en manifiestos políticos en lugar de informes científicos. Veamos tales errores.
1. Asumir que la esperanza de vida mide los años que una persona vive.
Tales documentos asumen erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así.
Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.
2. Los promedios o medias no son sensibles a las diferencias por clases sociales.
Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio Una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.
3. El error del argumento alarmista: el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo, en perjuicio del necesario para otros gastos sociales.
Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.
En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado.
4. Se equivocan constantemente en sus proyecciones demográficas.
Cualquier demógrafo que tenga un mínimo de rigor sabe las enormes dificultades en calcular cambios demográficos por periodos tan largos como cincuenta años. Y un buen ejemplo de ello es que los bancos y las cajas publican cada diez años informes anunciando el colapso de las pensiones en diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009) y una larga lista, han predicho el colapso (utilizando un término menos contundente) de las pensiones para diez o al máximo veinte años más tarde. En defensa de sus proyecciones utilizan los mismos argumentos y los mismos datos (la Comisión Europea utiliza prácticamente los mismos datos que publicó el informe de la Fundación de las Cajas en 2007). Y una de las proyecciones más utilizadas es la de la evolución de la pirámide demográfica, indicando que el porcentaje de ancianos está creciendo muy rápidamente, y el de los jóvenes está bajando muy sustancialmente, ignorando que, en aquellos países que financian las pensiones a base de cotizaciones sociales como es el caso español, el punto clave no es el número de jóvenes y adultos por anciano, sino el número de cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario, en definitiva del número de trabajadores en activo. Y tanto el uno como el otro están subiendo, el primero como consecuencia de la integración de la mujer al mercado de trabajo (si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de cotizantes a la seguridad social; si no hubiese cuatro millones y medio de parados, habría más cotizantes; culpar a los pensionistas del paro de la mujer y general parece excesivamente atrevido), y el segundo como consecuencia del aumento de la productividad y de los salarios. Es más, toda la evidencia muestra que las familias españolas desearían tener más hijos (dos por familia) que los que tienen ahora. El desarrollo de la sociedad y de los servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios domiciliarios, permitiría el incremento de la fecundidad, una de las más bajas del mundo. Hoy en Europa, los países nórdicos, con un amplio desarrollo del estado del bienestar, tienen una fecundidad mucho mayor que en el Sur de Europa.
Dos últimas observaciones. El hecho de que el rigor y credibilidad de tales documentos liberales sea muy escaso no quiere decir que no tuviera que haber cambios en las pensiones, cambios distintos al retraso de la jubilación o disminución de sus beneficios que proponen los liberales. Contrariamente a lo que se dice constantemente, las pensiones, incluyendo las contributivas, son demasiado bajas, y ello como consecuencia de que los salarios son demasiado bajos (ver el excelente capítulo sobre las pensiones escrito por la profesora Camila Arza en el libro La Situación Social en España. Vol. III. Biblioteca Nueva. 2009).
Otro cambio que debiera ocurrir es la flexibilización de la edad de jubilación permitiendo que aquellas personas (la mayoría profesionales) que desearan jubilarse más tarde pudieran hacerlo. La jubilación debiera ser un derecho, no una obligación.
Debiera también prohibirse, como se ha hecho en varios países, la prejubilación utilizada por el mundo empresarial para realizar cambios en sus plantillas, penalizando el sistema de seguridad social y al prejubilado, pues éste recibe una pensión menor. Tal prejubilación le supone a España un recorte de ingresos equivalente a un 6% del PIB
Una última observación es que el Estado debiera aumentar su aportación a las pensiones tal como lo hacen otros países (como Dinamarca), en que las aportaciones procedentes de los impuestos generales son mucho más intensas que en España. No hay nada sagrado en la Biblia económica que diga que las pensiones tienen que pagarse a base de cotizaciones sociales. La popularidad de las pensiones (entre todos los grupos etarios) es tal que puede justificarse tal medida que contaría con gran apoyo popular. España ya lo hizo con la sanidad (que estuvo financiada por la Seguridad Social) y puede expandirlo a otras áreas. Finalmente, restringir los derechos actuales a trabajadores que llevan cotizando para su futura pensión 44 años o más, es cuando menos y para no ser demasiado duro, injusto.
Como conclusión final y recomendación al partido socialista gobernante en el país actualmente una indicación que me hace mi GPS cuando la dirección del vehículo no es la adecuada: “En la próxima oportunidad gire fuertemente a la izquierda”.

La Derecha tiene el poder, el PSOE sólo el gobierno

Lo dijo Felipe González, tener el gobierno, no era tener el poder. El poder real en España, lo tienen los y las de siempre. Los banqueros/as las y los ricos, las grandes familias de derechas de toda la vida a través del PP, las familias judiciales, los bancos, los grandes empresarios que controlan la CEOE, muchas de cuyas fortunas surgieron al amparo del franquismo y sus cajas de chanchullos como el sindicato vertical o las cámaras agrarias y otras incluido en Servicio Nacional del Trigo o el Movimiento Nacional. La casa real, ahora, aunque refundada también por Franco. La casa de Alba y actualmente Berlusconi, también muy introducido en el Reino de España.
Esa Corte de los Milagros, que es Madrid, o mejor muchos y muchas de esos que viven y mandan desde Madrid, están imponiendo una reducción cada vez mayor y más peligrosa de las libertades y nos están reconstruyendo una democracia de baja intensidad.
Hay una dañina gran coalición real, con hijos de franquistas en casi todos los partidos políticos con opciones de gobierno, que funciona con gran eficacia y al amparo de la embajada de los USA o el nuncio del Vaticano. Ese Madrid capitalista y monárquico domina sin pudor, sin ocultarse y si no pues a los jueces.
La corte de milagros, tiene sus resortes y la venganza la sirve fría. Se está vengando de la imprevista derrota del PP, al que aún no le tocaba. Se está vengando del atrevimiento de intentar procesar al franquismo y el fascismo español. Se está vengando del intento de juzgar la trama de corrupción señoritil más grande descubierta hasta ahora.
El poder, en este estado, no es democrático. Estos poderes no democráticos tienen infiltrado y acogotado al centro izquierda.
Venezuela, Cuba, los Sindicatos, los activistas y las activistas sociales y la red, que ellos no controlen, son sus enemigos. También lo poco que hay en esa amplia y diversa izquierda que existe, si bien no se conoce ni entiende, pero que existe y es real.
Izquierda política, sindical, social, que habita en diversos partidos y sindicatos, pero que anda despistada o dividida. Socialdemocratas consecuentes, socialistas, comunistas, republicanos y republicanas, libertarias y libertarios, altermundistas.
Si queremos enfrentarnos a la que nos está cayendo y más que nos caerá, debemos tejer un amplio frente de complicidades. Debemos construir una amplia plataforma social. Hay que poner al descubierto las vergüenzas del capitalismo e impulsar la democracia, real y participativa y exigir la democracia económica.
El poder debiera residir en los y las ciudadanas. Hoy no es así. El PSOE debiera ser consciente de esta situación y saber que sus aliados, aliadas o colegas y compañeras y compañeros, no son los poderosos, el PP, CIU o el PNV, sino sus propias bases electorales y la Izquierda en su conjunto. Pero no perderé más el tiempo en esto. Lo que he afirmado aquí es cierto. Esa certeza me lleva trabajar en la unidad de las izquierdas.
El PSOE debiera dejar de mirar a la DERECHA cada vez que toma una decisión política o propone un plan contra la crisis, dudando menos en apretar a las y los trabajadores, trabajadoras y pequeñas pymes, que a los bancos y los ricos.
La convivencia es posible y para ejemplo un botón, la izquierda social, todas y todos convivimos y con trabajo en red y sin oligarquías internas avanzamos, poco a poco, pero avanzamos.
Hay otros procesos en construcción. Recuperemos el poder para la ciudadanía.

Aló, señor Presidente

Según repite con asiduidad el señor Presidente del Gobierno de España, don José Luis Rodríguez Zapatero, los efectos de la crisis económica no harán que disminuyan o se reduzcan los logros sociales del ¿Estado de Bienestar? en España.

Sin embargo, treinta años después de haber terminado la dictadura (que se caracterizó por su enorme insensibilidad social), España continúa estando a la cola del gasto público social por habitante en la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al nuestro). Aunque nuestro país ha hecho grandes avances en las áreas económicas, estamos todavía muy retrasados en las áreas sociales. Los Servicios Sociales de los ayuntamientos remiten a los servicios de caridad a los más necesitados. Es evidente que tienen derecho a una atención urgente, de emergencia, por parte de la Administración autonómica o municipal (una vivienda de integración, la renta social básica, el llamado salario social, etcétera), pero los servicios públicos están saturados. Ahora mismo, tardan meses -un mínimo de dos, a veces más de cinco meses- en tramitar esas ayudas, así que las propias trabajadoras sociales son las que toman la decisión de remitir el caso a Cáritas.

Los trámites de las ayudas públicas para estos casos de emergencia (también para las tramitaciones ordinarias) son desesperantes. A veces, la persona en apuros debe esperar un mes para ser escuchada (lo llaman “cita previa”), y otros tres o cuatro meses (ahora, incluso más), hasta que la burocracia toma una determinación, casi siempre favorable. Pero hay que comer cada día, o hay que pagar el alquiler, así que acuden a la caridad, que pueden recibir en cada comento. A veces son las propias trabajadoras sociales del Ayuntamiento las que recomiendan esa acción. Cuando llegan a esa situación, esas personas están enfadadas por tanto vete allí o vete allá. Están angustiadas y se enfadan. Es normal. Los trámites administrativos deben cumplirse bien, pero no puede ser que se prolonguen durante tanto tiempo. Un dato: en Madrid, la tramitación de las ayudas de renta mínima de inserción se demora muchas veces entre cuatro y diez meses. Otro dato: Caritas cuenta con 6.693 personas (6.538 voluntarios y 155 contratados), frente a los apenas 600 trabajadores sociales del colosal Ayuntamiento de Madrid.

Según el economista Vicenç Navarro, el déficit social ocurre en todos los componentes del Estado del bienestar español, sea sanidad, educación, vivienda social, escuelas de infancia, servicios de ayuda a las personas con dependencia, pensiones no contributivas y servicios sociales, así como en las transferencias públicas que tienen como objetivo prevenir la exclusión social.

“La causa mayor de este gran retraso social es la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos españoles de aumentar los ingresos al Estado e incrementar sustancialmente el gasto público social a fin de converger socialmente con los países de la UE-15. Las fuerzas conservadoras y liberales tienen una excesiva influencia en las instituciones políticas de España. El argumento que tales fuerzas utilizan, indicando que es el sector privado el que debiera realizar las labores del estado del bienestar, ignora la enormidad del problema social de España. El sector privado puede complementar, pero no sustituir la función pública del Estado del bienestar. Cáritas no puede hacer la función que debe hacer el sector público. Su queja está totalmente justificada. No puede ser que constantemente se estén encontrando fondos especiales para ayudar a la banca, por ejemplo, mientras que las autoridades públicas continúan olvidando las enormes necesidades sociales de las clases populares”, afirma el profesor Navarro. En 2006 publicó el libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, denunciando que el Estado del bienestar español era uno de los más retrasados de la Unión Europea.

Así que ¿qué me cuenta señor Presidente? Aunque muchas competencias estén delegadas en las Comunidades o en los Ayuntamientos, el gobierno de la nación no debe permitir que el acceso a las ayudas sociales estén mediatizadas por los intereses políticos de algunos/as impresentables.

Posdata: Que nadie vea en esta crítica un canto al cambio del actual gobierno por uno del PP, ¡eh!, que para muestra ya tuvimos ocho años de botón.

¿Debe derogarse la Ley de Amnistía de 1977?

¿Debe derogarse la Ley de Amnistía de 1977?

El Comité de Derechos Humanos de la ONU cree que sí, ya que esta Ley, que fue aprobada en 1977 por un Parlamento pre-constitucional (la Constitución española se aprobó el 6 de diciembre de 1978) considera prescritos delitos de lesa humanidad, lo que está en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita por España.
El Proyecto de observaciones finales al quinto informe periódico de España del Comité de Derechos Humanos, al que se refiere Amnistía Internacional en su Manifiesto titulado “Para pasar página primero hay que leerla” (en el que pide al Estado español que garantice una investigación judicial efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo), en el 94º período de sesiones, que tuvo lugar en Ginebra, del 13 al 31 de octubre de 2008, dice textualmente, en su punto 9:
“El Comité, aunque ha tomado nota de la decisión reciente de la Audiencia Nacional de examinar la cuestión de los desaparecidos, está preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977. El Comité recuerda que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y señala a la atención del Estado parte sus observaciones generales Nº 20, según la cual las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto y Nº 31, sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto. El Comité, aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas.”
“El Estado parte debe:
a) considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.
b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales;
c) prever la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, y
d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.”

Del carácter pre-constitucional de esta Ley es una buena muestra su referencia al Código de Justicia Militar de la dictadura en el Artículo 2, apartado A. Pero en su conjunto no tiene desperdicio como prototipo de Ley de Punto Final (Leyes similares fueron derogadas en Chile y Argentina, tras la caída de sus respectivas dictaduras, al oponerse a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que considera imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad).
Por lo demás, en el punto 22 se conmina al Estado español a difundir tanto el Quinto informe (el Cuarto se presentó hace más de 12 años) como las respuestas dadas por escrito a las cuestiones presentadas por el Comité, así como a estas observaciones finales:
“22. El Estado parte debe dar amplia difusión al texto de su Quinto Informe Periódico, a las respuestas que dio por escrito a la lista de cuestiones presentada por el Comité y a las presentes observaciones finales”.

Las amnistías, indultos y otras medidas similares que impiden que los autores de violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, juzgados y sancionados, son incompatibles con las obligaciones de investigar, así como de garantizar el derecho de toda persona a un recurso efectivo y a ser oída por un tribunal independiente que impone el derecho internacional a los Estados.
Al examinar las amnistías adoptadas por Estados partes al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos ha confirmado reiteradamente esta afirmación. Así, en los casos de Chile, Argentina, Perú, Líbano, Francia, El Salvador, Haití y Uruguay, el Comité de Derechos Humanos ha concluido que tales leyes constituían una violación de la obligación contenida en el artículo 2 del Pacto. La Ley de Amnistía de 1977 española no es un caso diferente. El Comité de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por el mantenimiento en vigor de dicha Ley. Señala a la atención de España su observación general nº 20, según la cual las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto y concluye que España debe “considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977”
Los tribunales deben cumplir con las obligaciones internacionales del Estado, que en el marco de su competencia les incumbe, es decir, investigar los delitos, hacer comparecer a los presuntos responsables ante la justicia, y en caso de ser hallados responsables imponerles la sanción correspondiente. A su vez deben garantizar los derechos de las víctimas de tales violaciones a la justicia y a un recurso efectivo. Una actuación de un tribunal que contrariase la obligación de investigar sería una denegación de justicia y una violación de las obligaciones internacionales del Estado, comprometiendo la responsabilidad internacional de éste. La aplicación por un tribunal nacional de una ley de amnistía incompatible con las obligaciones internacionales del Estado y que viola los derechos humanos constituye una contravención de las obligaciones internacionales por parte del Estado. Cabe recordar que los Estados responden unitariamente por los actos de los poderes públicos.
Es importante recordar que los tribunales españoles han considerado de manera reiterada, que las amnistías, así como cualquier otra medida análoga, concedidas por los Estados en cuyos territorios se cometieron los crímenes de derecho internacional, no son vinculantes y por tanto carecen de validez en España.
Asimismo, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que los autores o presuntos autores de actos de desaparición forzada no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos consideró que son inadmisibles aquellas disposiciones, tales como las amnistías, que pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobaba el 21 de abril de 2005 una resolución sobre la cuestión de la impunidad en la que estimaba que:
“no se debe conceder la amnistía a quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que constituyan delito, encarece a los Estados que tomen medidas conformes con las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional y acoge con satisfacción la supresión o la anulación de la amnistía y de otras clases de inmunidad o la renuncia a ellas, y reconoce también la conclusión del Secretario General de que los acuerdos de paz aprobados por las Naciones Unidas nunca puedan prometer amnistías por crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad o por infracciones graves de los derechos humanos”.

La Ley 46/1977, de 15 de octubre de 1977, de amnistía no sólo es una norma preconstitucional, contraria a las disposiciones de la Constitución, sino que es contraria al derecho internacional convencional vinculante para España en ese momento. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue firmado por España el 28 de septiembre de 1976, ratificado el 27 de abril de 1977 y publicado en el BOE de 30 de abril de 1977. La Ley de Amnistía viola el derecho internacional aunque hubiera sido acordada por autoridades democráticamente elegidas.

Políticos facilones

Al escuchar a algunos políticos definir sus idearios o formas de pensar de la cosa social siempre me viene a la mente la misma sensación: estos señores se están buscando una jubilación dorada para el futuro próximo.
Cuando de pequeños, en el colegio, aparecía en escena el niño al que todos temían por lo bestia y animal que era el muchacho en sus relaciones con sus ¿compañeros?, los grupos se dividían rápidamente siendo mayoría los que optaban por hacerse de la banda del burrote y unos cuantos que creían que su comportamiento no se podía tolerar; yo en demasiadas ocasiones fui de estos últimos recibiendo algún coscorrón por ello como el resto de mis compañeros, que pensábamos que la razón no tenía por que estar del lado del más fuerte si no del que la tuviese.
La política genera muchos amigos del “burrote”, del más fuerte, del poderoso, de aquel que en el futuro puede hacerte el favor de ponerte en la nómina de sus empresas como conferenciante, socio, consejero o administrador. Desde luego es mucho más gratificante económicamente tener un amigo poderoso al que le has hecho un favor en algún momento y que te devolverá si es necesario, que lo será.
Lo que realmente hace asqueroso ese comportamiento es que para ser amigo del “burrote”, al hacerle los favores que te demande, tienes que hacer abstracción de a quién le asiste el derecho y quién necesita realmente ayuda, porque en otro momento las circunstancias de la vida le habían vuelto la espalda. Para tener ese tipo de comportamiento no hay que pensar en las personas si no en tus propios intereses, hacer que estos prevalezcan siempre y en todo momento sobre cualquier otra posible decisión; el egoísmo más exacerbado es la máxima de su vida, haciendo que en los casos extremos derive hacia una conducta corrupta.
Defender los planteamientos de los más poderosos económicamente o de influencia, no tiene ningún valor, es como defender al ejercito que va pertrechado con los más sofisticados medios militares y se enfrenta a un enemigo que tiene piedras como todo armamento (¿por qué me resultará tan familiar esta imagen?); lo realmente increíble de ese comportamiento es que, en ocasiones, tienen que hacerlo personas con suficiente formación para saber que lo que defienden es inconcebible formalmente, teórica y prácticamente imposible y que no se dará bajo ninguna circunstancia; supongo que estas personas tienen que tener una gran opinión de sí mismas o una muy pobre del resto de los mortales para conciliar moralmente la mentira que expresan con la verdad que conocen; en demasiadas ocasiones esta dicotomía en el comportamiento de algunas personas las hace hablar de generalidades sin entrar a concretar ninguna de sus afirmaciones, evitando de ese modo la inmediata replica dialéctica, ante la que difícilmente podrán argumentar en contra sin que aparezca ese rictus característico propio de los que mienten.
Quienes actúan de esta manera no les importará cambiar de protector aunque este tenga un planteamiento político absolutamente distinto a su anterior bienhechor; de lo que se trata es de estar con quien mande sea este quien sea o lo que piense.
Sin embargo otra realidad es posible; se puede defender la mejor distribución de la riqueza pensando en los más desfavorecidos; los países del norte de Europa nos vienen predicando con el ejemplo hace muchos decenios: se puede acabar con el paro, en cualquier época, redistribuyendo la riqueza y fomentando los servicios públicos. Es cierto que se necesitan políticos valientes y una ciudadanía solidaria, pero esas son las políticas de partidos social socialistas; si nos dotáramos del mismo número de trabajadores públicos por habitante que existen en los países nórdicos, no sólo obtendríamos unas cotas de bienestar social semejantes a ellos sino que además acabaríamos con el paro. En lugar de las anunciadas medidas reclamadas por las eminentes mentes de nuestros empresarios, sus asociaciones y su vocero oficial, el PP, lo que habría que hacer es elevar el salario mínimo interprofesional de los trabajadores, igualándolo a lo percibido en Europa, 1.330,00€ frente a los 630,00€ de España, después de aplicar la correspondiente subida del 2010.
Es posible que la defensa de los intereses de la mayoría no produzca el beneficio económico personal que ansían muchos cargos públicos, pero es hora de considerar que ser representante público es ser cartero de la demanda de sus representados, a quienes tiene que rendir cuentas, un servidor público al que nadie obliga a permanecer en su cargo si no está dispuesto a serlo o no lo es de la forma adecuada.

Votos inconsecuentes

Cuando el Presidente de la F. E. M. P., Pedro Castro dijo que los trabajadores que votasen a los candidatos de la derecha eran unos mentecatos (ineptos, ignorantes, desinformados) tenía algunos argumentos que apoyaban su tesis (Esta afirmación le costo sufrir los furiosos ataques de una embravecida Esperanza Aguirre, quién pidió la dimisión de todos los cargos del señor Castro. No sé que dirá ahora la indocumentada señora después que la hayan pillado llamando a un compañero de partido “hijoputa”, y reconociendo como ha manipulado la elección de los consejeros de Caja Madrid, en favor de IU ¿Existe La Pinza?)

Puesto en supuesto contacto con dicho caballero, me vino a decir en que fundamentaba su afirmación. Para empezar me comentó que el más querido ideario de la derecha española es la privatización de toda actividad económica rentable, toda la gestión de la economía en poder de manos privadas, dejando unos servicios residuales en manos del Estado, como pueden ser la defensa nacional y poco más. Esta es la situación final a la que aspiran llegar los candidatos electos y elegibles de la derecha, bajo la presunción de que las condiciones del mercado serán las que establezcan las reglas del juego económico, en el que todos los actores tienen la misma importancia participativa. Por otro lado esa dinámica del mercado pondrá a cada uno donde le corresponda estar, ajena esta situación a una periclitada lucha de clases. Otra afirmación que subyace en aquella intención es la de que la iniciativa privada es la única y mejor forma de gestionar la actividad económica y que la mejor gestión pública es la inexistente (¡que se lo digan a Gerardo Díaz Ferrán, presidente de Air Comet, y presidente de la CEOE, máximo ídolo de todos los empresarios españoles quienes admiran en él su capacidad para recibir créditos de Caja Madrid (25 millones de euros) con inútiles avales, sin valor ninguno, ya utilizados para obtener otros créditos, gracias a su puesto en el consejo de administración de la misma entidad; su habilidad para vender billetes de transporte aéreo en su empresa tres meses después que un juez británico impidiese a su negocio continuar; su renombrada pericia para dejar a sus trabajadores sin cobrar los sueldos de los últimos ocho meses, etc.; lo dicho, un prototipo de empresario español aplaudido y envidiado por sus compañeros de asociación, a quienes representa en la negociación de las condiciones laborales para los trabajadores para ¡sacar a España de la crisis!). El Estado no debe establecer reglas al libre juego económico del mercado ya que este se autorregulará por sí mismo, en un continuo ir y venir de flujos de información entre productores y clientes. Los precios de los productos serán fijados automáticamente por los efectos de la oferta y la demanda de los consumidores; cuando exista mayor solicitud del producto este elevará su precio y cuando no sea así los precios verán disminuir su importe de forma automática. Los despidos serán pactados directamente entre el trabajador y el empresario (a ambos se les supone igual nivel de preponderancia en la negociación) sin la indeseable participación de sindicatos, jueces o normas que dificulten dicha tramitación, que si estuviese sujeta a alguna normativa sería la propuesta por los empresarios. La intervención del Estado en la fiscalización y control de las cuentas de las empresas debería desaparecer siendo sustituida por la de una Cámara de Representantes Empresariales ¡Independientes! Eliminación de los pagos de las empresas a la seguridad social por cada trabajador empleado en sus instalaciones, siendo los gastos de la SS cubiertos con cargo a los presupuestos del Estado. Desaparición del impuesto sobre los beneficios de sociedades, siendo no obstante ayudadas y compensadas por el Estado las empresas que tengan pérdidas en su explotación. Nulidad de todas las normas relativas a los controles sobre las distintas formas de remuneración de los cargos directivos de las empresas y de los miembros de sus consejos de administración, pudiendo ser fijadas estas por los mismos interesados. Disminución paulatina de los porcentajes, hasta su supresión, de todos los impuestos que graven el tráfico comercial, tanto europeos, nacionales o locales, ya sea el IVA o las tasas e impuestos municipales. ¿Qué buscan conseguir los empresarios españoles, que disfrutan de una legislación laboral de las más beneficiosas para ellos de Europa? Pues, por ejemplo, que si ya pueden despedir a un trabajador por causas que un juez dictamine que han sido improcedentes, es decir, que el empresario no tiene derecho a despedir al trabajador por las causas que argumenta pero éste lo pone de patitas en la calle, la indemnización que debe pagar a su empleado (45 días por año, con un máximo de 42 mensualidades) se reduzca o desaparezca; es decir puede despedir a cualquiera sin tener razón legal y, además, no pagarle nada por esa injusticia. ¡Brillante!

Está demasiado reciente en nuestra memoria la crisis económica en que nos han sumido las libertades, cuando no liberalidades, concedidas a los agentes económicos empresariales para su mejor y más eficaz funcionamiento como para tener que ahondar demasiado en la, aún sin cerrar, herida, pero tendremos que explicar los efectos que para el ciudadano trabajador podría tener la consecución de los objetivos de la derecha española.

En un Estado Social y Democrático de Derecho como se define España en el marco de la Constitución de 1978, el papel del Estado es el de conseguir el mejor y más justo reparto de la riqueza existente en el país. Es cierto que existen países muy desarrollados económicamente en que el liberalismo económico más salvaje impone las reglas de juego, pero no puede argumentarse que la riqueza de ese país deviene exclusivamente de la libertad de empresa sin desconocer las circunstancias históricas que la han forjado. Por cierto en ese país, en el año 2010, están intentando que la sanidad sea un bien común para todos los ciudadanos, provisto desde la Administración Pública.

Los trabajadores en España saben lo costoso que ha sido alcanzar determinados derechos laborales, que se han tenido que negociar cambiándolos por concesiones a los empresarios; un trabajador sabe que cuando nacen sus hijos lo primero que les afecta es la genética que puedan heredar de sus padres, consecuencia directa de la fortaleza física e intelectual de sus antepasados, si aquellos recibieron un aporte alimenticio suficiente y una formación intelectual adecuada, es posible que sus descendientes tengan una situación de partida adecuada para competir con su semejantes; recibir una adecuada alimentación desde la cuna, ésta va a condicionar su futuro y dependerá fundamentalmente de la situación económica de los padres, difícilmente podrá ser así si los ingresos familiares llegan, o no, con dificultad a cubrir los gastos mensuales. La educación que reciban será fundamental para definir su futuro profesional; si nos situamos en la fecha de hoy el fracaso escolar no alienta a pensar que un debilitamiento en la dotación económica de la educación pública valla a mejorar esta situación; si las personas que tienen medios suficientes envían sus hijos hacia los centros de formación privados (mejor dotados de medios y profesores mejor pagados) no podrá existir equiparación entre las educaciones de unos y otros.
La calidad de los servicios de salud que reciban podrá hacer que pueda peligra hasta su vida, terminándose aquí su periplo vital; si el curar una enfermedad o recibir un costoso procedimiento médico que le sane depende de que pueda o no pagarse el tratamiento, es evidente que vuelve a diferenciarse claramente al hombre rico del hombre pobre.
Cuando estén en edad de poder trabajar, la formación obtenida limitará fundamentalmente sus posibilidades (aunque no exclusivamente esto); no he visto a ningún hijo de notario, médico, noble, piloto, etc., trabajando de albañil en una obra. Las amistades, consecuencia del ámbito en que se desarrolla la vida de sus padres y la suya propia, limitará enormemente su futuro profesional; se dan casos en que un hijo de alguna personalidad nacional, con alguna deficiencia mental trabaje en puestos de asesoramiento en grandes empresas. Las relaciones que tengan los hijos de los trabajadores condicionaran también su futuro sentimental; si los ambientes en que se desarrolla su ocio son unos determinados, de allí saldrá su futuro consorte, que volverá a estar enormemente condicionado por su situación económica. Los “braguetazas”, es decir la posibilidad de que una persona de un estrato social mínimo acceda, por vía de unión, a otro de superior categoría económica se dan preferiblemente en los cuentos, con alguna curiosa excepción.
El mercado no fija los precios nunca, y esto queda demostrado por la cantidad de sanciones que el Tribunal de la Competencia ha tenido que imponer a empresas de diversos sectores que, siendo supuestamente competidores, se han puesto de acuerdo para imponer precios a los consumidores que les supusiese beneficios económicos alejados de esa supuesta competencia. El empresario español cuando habla de abaratar costes está pensando exclusivamente en reducir sus gastos de personal, vía disminución de salarios, reducción de plantillas con despidos gratuitos, eliminación de impuestos y gastos de seguridad social, pero nunca de disminuir los jugosos beneficios que se embolsa; el Estado sólo les sirve para implorar ayuda cuando los negocios no les producen lo esperado pero cuando las cosas cambian es deseable que las competencias del Estado desaparezcan o disminuyan.
Lo que tendrían que hacer los trabajadores es exigir a las opciones de gobiernos de izquierdas que hagan políticas progresistas, que se olviden de los populismos y que cumplan los mandatos constitucionales de reparto justo de la riqueza; que nacionalicen aquellas actividades que, siendo rentables, afectan a los derechos fundamentales de todos, obteniendo de esos ingresos caudales suficientes para realizar políticas sociales de generación de empleo; que terminen con el fraude fiscal de unos cuantos y con los privilegios de unos pocos; que traten por igual a todas las religiones terminando con las subvenciones a la Iglesia Católica; que terminen con una de las lacras económicas de nuestra sociedad como son los intermediarios, creando sistema cooperativos o públicos que den por finalizado los márgenes con los que se trabaja en numerosas actividades; que se controle por igual todas las rentas al mismo nivel que a través del IRPF se controlan los ingresos de los asalariados, sancionando a aquellas empresas y trabajadores que reciben sobres de dinero no regulado por la nómina mensual y por el que no tendrán derechos futuros cuando se jubilen; que se promueva la participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones políticas, modificando las disposiciones legales que encorsetan y dificultan esta participación; que en la lucha por la equiparación de todos respecto a la Ley se elimine la disposición legal de la irresponsabilidad de los actos del monarca; que se termine con la censura cierta, tacita o no, sobre las acciones de la Casa Real, siendo publicable por los medios de difusión privados qué hace la familia real en cualquier momento y lo que supone para el erario público sus actos, sin cortapisas ni condicionantes; que se modifique el Código Penal para los delitos de prevaricación, fraude, y todo lo relacionado con la actividad pública fraudulenta, haciendo que las penas no sean reducibles por buen comportamiento (que se debía tener, supuestamente, antes de ser elegible) e incrementando la duración de las mismas; que los representantes de los ciudadanos en los órganos de gobierno nacionales, autonómicos y locales tengan la obligación de asistir a sus sesiones, salvo causa grave justificada, haciendo que un número de faltas mínimas sea sancionado con la retirada de parte de sus percepciones por dicho cargo; que se equiparen las deducciones actuales por IRPF de los diputados (4,5%) con la aplicación de las tablas de tipos que se aplican a todos los trabajadores; que ,en definitiva, realice los trámites oportunos para el establecimiento de la III República Española.