Cada vez es más evidente como se agranda la distancia entre los establisments mediático y político, por un lado y la ciudadanía normal y corriente que vive los déficits tan marcados del Estado del Bienestar en España, por otro. Los primeros están inmersos en temas de identidad nacional y estructura constitucional, mientras que la segunda, el ciudadano de a pie, continua preocupado por la escuela de sus niños (que tiene uno de los gastos educativos por alumno más bajo de Europa), la pensión de los ancianos (de las más bajas de la UE y actualmente congelados sus incrementos), el trabajo de los jóvenes (que tiene la tasa de desocupación más elevada de la UE), la masificación de los servicios públicos (una consulta médica en la Seguridad Social dura, de promedio, tres minutos). Esta divergencia en la apreciación de la realidad, hace que la brecha en el diálogo entre políticos y ciudadanos se agrande por momentos.
La socialdemocracia que gobernó el país durante catorce años, ha seguido la tradición socialdemócrata europea en algunas políticas públicas de apoyo al Estado del bienestar, pero en otras muchas ha sido atípica dentro de la socialdemocracia, comportándose con una “moderación” que se ubica dentro de las limitaciones de la democracia española, consecuencia del gran dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron durante el proceso de transición (que todavía continua) y que inhibieron el pleno desarrollo de la democracia y del Estado del Bienestar. El gran retraso que experimentamos en nuestra democracia y en el Estado del Bienestar deviene del gran conservadurismo de las culturas mediáticas y políticas del país, que aparece también en sectores de la izquierda, y de que nos gastamos en ese Estado del Bienestar menos de lo que el desarrollo económico del país permite. Una consecuencia de ese dominio ha sido el olvido de lo que fue la República española, la Guerra Civil y la sangrienta dictadura que la siguió. Es difícil construir un futuro cuando se desconoce tanto de nuestro pasado.
Es cierto que en los últimos años, con gobiernos socialdemócratas, se han dictado leyes y disposiciones que han mejorado la cotidianeidad de algunos sectores concretos de la población, pero han sido normas que yo califico de más populistas que avanzadas en su alcance. Los problemas reales de los ciudadanos de este país no se han tocado; la falta de trabajo para grandes sectores de la población (cuatro millones de parados, según las últimas cifras); la inestabilidad e inseguridad laboral (el 64% de la población trabajadora, incluyendo a los que tienen empleo fijo, tienen miedo a perder su trabajo, lo que constituye el porcentaje más alto entre los países de la OCDE, después de Estados Unidos); la preocupación de los padres por la calidad de la enseñanza en la escuelas de sus hijos, que condicionará en gran manera su futuro (las escuelas españolas, tanto públicas y privadas, presentan los peores indicadores de calidad de toda la UE, en áreas fundamentales del conocimiento como matemáticas y ciencias de la compresión de lectura); la sobrecarga de las responsabilidades de la familia en manos de las mujeres en atención a los niños, adolescentes y ancianos debido a la escasa y tardía ayuda estatal (la mujer española trabaja en el cuidado de la familia el doble de horas que una mujer danesa); la escasez de trabajo y vivienda para los jóvenes, responsable de que España sea el país de la UE en que los jóvenes viven con sus padres hasta edades más tardías, retrasando la formación de nuevas familias, causa del más bajo índice de natalidad de la UE; las bajas pensiones y salario mínimo interprofesional, el más bajo de Europa junto a los de Portugal, Grecia e Irlanda, 630,00€ al mes, mientras que en países como Francia es de 1.310,00€ mes; la sanidad, etc.
Los mediatizados medios de comunicación condicionan poderosamente lo que es importante de lo que no lo es, y estos medios tienen unos interese económicos concretos, que no coinciden con los de los trabajadores. El ciudadano observa que los temas que verdaderamente le atañen no se tocan y su desencanto crece cuando observa que tampoco los políticos que, supuestamente, le representan ven la necesidad ni tienen el valor de tomar decisiones que cambien las circunstancias que de forma tan importante, condicionan sus vidas. No se necesita una nueva generación de jóvenes políticos que vengan a hacer lo mismo que sus antecesores, si no unos nuevos políticos que sientan la política como un servicio a la mayoría de los ciudadanos, asuman sus reivindicaciones y cumpla su papel de representantes, con los riesgos inherentes a comportamientos honestos.
