Tengo que comenzar diciendo que no soy funcionario pero habiendo trabajo con ellos los conozco bastante bien y sé de sus capacidades. Ni ellos provocaron la crisis, ni las medidas contra ellos son más que populismo barato.
España tiene una serie de problemas pendientes de solución en su camino hacia una democracia social participada por los ciudadanos, dos de los más importantes son la corrupción política y la filosofía de funcionamiento de la clase empresarial española; respecto a la corrupción política no es mayor que la existente durante el franquismo pero posiblemente más conocida por la generalidad de la gente, no obstante esta situación requiere una reacción firme de los mecanismos legales para contraponerla; en relación con las ideas sociales de nuestra clase empresarial, a una importante mayoría les encantaría que el Estado no se inmiscuyese en ninguna de sus actividades y si es posible que ni siquiera les cobrase impuestos por ningún motivo. La liberalidad más absoluta es su grial a obtener. La conjugación de ambas ideas contempla un escenario idílico para nuestros próceres en el cual, sin ningún control, podrían hacer y deshacer a su antojo, sin dar explicaciones ni nadie que se las pidiese. Por este motivo las declaraciones del presidente del Instituto de la Empresa Familiar son suficientemente ilustrativas, el buen señor dice que “a los funcionarios debería de podérseles despedir como al resto de los trabajadores por sus jefes inmediatos sin más cortapisas que la indemnización correspondiente”; no puedo creerme que este ilustrado representante de los empresarios haya hecho estas declaraciones ignorando las implicaciones que conllevaría su aplicación; junto a esta noticia el periódico adjuntaba la noticia de que “Hacienda no dispone de medios para tasar los bienes del caso Gürtel”.
Existen numerosos funcionarios cuya misión es la de controlar que las acciones de los políticos se ajusten a la legalidad vigente, siendo su obligación en caso contrario la de informar procedentemente a fin de que esos informes consten en los expedientes administrativos correspondientes para cuando la autoridad judicial juzgue necesario su análisis y estudio. La necesidad de estos estudios previos al acto administrativo y posterior a su finalización hace que la función funcionarial sea fundamental para evitar más abusos de poder de los políticos; otra cuestión es que la utilización práctica que de esos informes es limitada, es cierto que el Tribunal de Cuentas, órgano que debe controlar la actividad de todas las administraciones públicas, no dispone de los medios técnicos ni humanos que necesita para realizar tan enorme labor, pero es que son los políticos los que no dotan de suficiente capacidad a este organismo, no es la capacidad de los funcionarios la que hace que su operatividad sea limitada; los cuerpos medios y superiores de inspectores del Ministerio de Hacienda sufren en silencio su falta de capacidad de control sobre el fraude fiscal por su escasez de medios humanos y técnicos; son bien conocidas las cifras de vacantes pendientes de cubrir que aparecen en todas las convocatorias anuales de los cuerpos citados y el ínfimo número de aprobados en cada convocatoria, esto viene ocurriendo desde que Miguel Boyer era ministro del área y se enuncio el personal que era necesario. Aquí tampoco parece que sea culpa de los funcionarios la falta de eficacia en la consecución de los objetivos de acabar con el fraude. La fijeza del funcionariado, como la inamovilidad de los jueces, fueron acertadas innovaciones al servicio de la independencia de los empleados públicos frente a la arbitrariedad política y las presiones caciquiles y un paso importante hacia una administración más profesionalizada.
¿Se imaginan lo que podría se una administración en la que el jefe, el político, pudiese disponer el despido de cualquier empleado por el simple hecho de que éste emitiese un informe de legalidad negativo al acto que el político quisiese realizar? Sería el Mundo Ideal del Político Corrupto (M. I. P. C.).
Pero si de lo que se trata es de disminuir el coste de la Administración se podría comenzar por hacer desaparecer a tanto funcionario eventual, (“persona de confianza”, se conoce que el resto del personal es de “desconfianza”) nombrado por capricho de los políticos dentro de su entorno de partido o amigos, que con sueldos del máximo nivel en la administración, se enteran de lo que es ésta según van aprendiendo su trabajo. Rememoran estos individuos a los antiguos “cesantes” del siglo XIX, que tanto juego dieron a escritores como Benito Pérez Galdos.
