Un ciudadano bien pensante, optimista por naturaleza y, por supuesto, votante del PP dirá sin ningún ánimo de duda ante esta pregunta que, por supuesto, como que la justicia trata por igual al trabajador que roba una barra de pan, con violencia, porque la propietaria agarró el otro lado de la barra y forcejeo con el ladroncillo, hasta que se partió la barra en dos trozos (tres años de condena por robo con agravante de violencia; hecho real acaecido hace unas semanas), trato semejante al que va a recibir el yerno del Rey (¡al tiempo!).
Sin embargo las decisiones tomadas por el ejecutivo nacional del PP demuestran que existen curiosas excepciones a esta igualdad de trato:
Comenzando por la Iglesia Católica, exenta de pagar cualquier tributo en España (en Italia se les ha acabado el chollo). Para esta gestión La Obra, el Opus Dei, ya ha colocado como ministros a miembros de la misma que se ocupan de trabajar para sus desinteresados jefes.
La banca, con destacados representantes de las más famosas firmas de las agencias de valoración de activos, con lo que evitan que a pesar de ser los principales causantes de la crisis, nadie les toque ni un pelo.
Los fabricantes de arma, quienes también tienen su representante en el gobierno de la nación. Y así podríamos seguir haciendo este relato eterno. Sin embargo mi intención no es esta, si no que para dar la razón a nuestro optimista interlocutor inicial y sabedor de que si no toman otras medidas es por que no se les ocurre, nunca por motivo de objetivos políticos inconfesables, paso a apuntarles a nuestros gobernantes algunas otras posibilidades para reducir ese déficit que nos lastra y que está dejando a la ciudadanía con el culo al aire.
Parece una nueva maldición bíblica, que llega por partida doble: hay que ajustar 40.000 millones el presupuesto de España y además el margen es tan estrecho que el hachazo puede dejar en los huesos el Estado del bienestar, sobre todo si lo asumen las comunidades autónomas, que gestionan la sanidad y la educación.
Aunque la propaguen profetas muy cualificados, se trata en realidad de una decisión política del nuevo Gobierno del PP, según coincide una decena de economistas y expertos progresistas: la gran mayoría considera "arbitraria" la cifra y ofrece alternativas concretas para alcanzarla sin acrecentar aún más el déficit social con respecto a la UE: según la OCDE, el gasto público de España está aún siete puntos por debajo de la media de la eurozona.
Una única propuesta del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda ya compensaría por si solo el hachazo. Según un estudio de la organización, reducir diez puntos el fraude fiscal que varios trabajos académicos sitúan en el 23% del PIB supondría recaudar 38.500 millones.
Lo que sigue son las medidas sugeridas (no todos tienen por qué suscribirlas todas) que permitirían ajustar 40.000 millones el presupuesto sin debilitar el Estado del bienestar ni concentrar el hachazo en la mayoría de la población.
IRPF y capital 5.300 millones
Los economistas progresistas consideran que se podría avanzar todavía más: tras la reforma, el tipo máximo del IRPF llega en algunas autonomías al 56%, pero expertos recuerdan que la reforma fiscal de la Transición, también en plena crisis económica, lo colocó en el 66%. Y el tope en las rentas de capital generados en los depósitos de ahorro, por ejemplo se sitúa en el 27%. Hay todavía mucho margen hasta igualar las rentas del trabajo y del capital, porque no tiene demasiado sentido que los ingresos nacidos del trabajo se graven por encima del 50% y los generados sin esfuerzo en un banco estén por debajo del 30%.
Inversión militar 1.000 millones
Sin llegar al extremo de eliminar el Ministerio de Defensa, hay margen para ahorrar mil millones sin abandonar ninguna misión en el exterior ya comprometida. Bastaría con reducir a la mitad la inversión anual en armamento que se reparte entre Defensa e Industria. Problema: el nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, procede directamente del sector privado de la defensa y seguridad.
Tasa Tobin 4.000 millones
La fórmula sugerida por Bruselas es un impuesto de entre el 0,01% y el 0,1% de la transacción en función del tipo de movimiento y, según los cálculos oficiales, permitiría recaudar 55.000 millones al año. El impacto recaudatorio en España en función de su peso en el PIB europeo sería de: al menos 4.000 millones al año. Pero el potencial recaudatorio es incluso más alto, porque la propuesta europea es conservadora al dejar fuera a los productos Over the counter (OTC). La elaborada por el Partido Socialista Europeo al que pertenece el PSOE prevé una tasa del 0,05% a todas las transacciones (incluidas las OTC), con lo que los cálculos recaudatorios para toda la UE suben a 200.000 millones.
Impuesto sociedades 10.500 millones
El tipo nominal máximo del Impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas, es del 30%, que, sin ser de los más altos de la UE, es formalmente más del doble del que aplican países como Irlanda. Sin embargo, la posibilidad de exenciones y deducciones hace que, en la práctica, lo que realmente pagan las empresas sobre sus beneficios no supere el 10% de media, según la Agencia Tributaria. Cualquier sugerencia de aumentar este impuesto es automáticamente descartada por el temor a perjudicar a las empresas en un momento de crisis, pero el sindicato de técnicos de Hacienda ha presentado una propuesta dirigida sólo a las grandes empresas con beneficios, que en la práctica disfrutan de una fiscalidad mucho más favorable que las pymes. La medida afectaría exclusivamente a las grandes compañías, que facturan más de 45 millones al año (en España hay 5.700), y se aplicaría sólo a las que superen el millón de euros de beneficios anuales. Según una estimación de la propuesta del sindicato, elevando a estas compañías el tipo nominal del 30% al 34%, el erario público obtendría al menos 10.500 millones al año.
La Iglesia católica 1.200 millones
La organización Europa Laica calculó en 2011 que la Iglesia católica recibe del Estado en torno a 10.000 millones de euros cada año, como consecuencia de las condiciones del concordato que rige las relaciones entre la Iglesia y el Estado desde 1979.
Para este catálogo de ajuste alternativo se ha contabilizado sólo la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Si la Iglesia abonara el IBI, el erario público contaría con 1.200 millones de euros adicionales al año.
Impuesto sucesiones 8.000 millones
El País Valencià rechaza el Impuesto de Patrimonio pese a la asfixia económica. El impuesto de Sucesiones y Donaciones lo gestionan las comunidades autónomas, cuyas necesidades financieras se han vuelto en algunos casos desesperadas. Y, pese a ello, en 2010 recaudaron por esta vía apenas 1.900 millones en total, porque todas cuentan con bonificaciones que oscilan entre el 90% y el 99%.
Según varios expertos, eliminar por completo las bonificaciones de forma simultánea en todas las comunidades para evitar así la competencia a la baja supondría una recaudación adicional de entre 17.000 y 19.000 millones. El único problema de los impuestos es de voluntad política, aunque se aleguen cuestiones técnicas.
Patrimonio 3.500 millones
El Gobierno del PSOE lo recuperó antes de dejar el poder, pero en un formato restrictivo. Además, Madrid, Murcia y el País Valencià las dos últimas, pese a una situación financiera desesperada lo mantienen fuera de juego por la vía de la bonificación, por lo que la nueva versión apenas puede recaudar unos 500 millones al año. Según cálculos de los expertos, recuperar la base sobre la que se aplicó el Impuesto de Patrimonio hasta 2007, elevando el tipo efectivo del 0,6% al 1%, permitiría sumar otros 3.500 millones de euros cada año.
Medicamentos 2.000 millones
El Ejecutivo socialista logró implantar el pasado verano del 2011 la prescripción por principio activo en toda España, de forma que los médicos deben ya priorizar la receta de medicamentos genéricos, con su consiguiente ahorro para el erario público. Los datos de la OCDE muestran que "hay espacio para recortar" en gasto farmacéutico público: España destina a medicamentos el equivalente al 1,27% del PIB cuando la media de la UE a 15 la de antes de la ampliación al Este es apenas del 0,87%.
El 80% de este gasto es público, con lo que reducir este diferencial a la mitad supondría un ahorro mínimo de 2.000 millones para la Administración pública.
Vivienda 2.500 millones
Pese a la necesidad del ajuste drástico en las cuentas públicas, el Gobierno ha anunciado que recuperará las deducciones fiscales universales para la compra de la vivienda, con independencia de la renta del comprador, en los términos que alimentaron la burbuja, y que reducirá el IVA al respecto del 8% al 4%. El impacto para el erario público será de 2.500 millones al año: 1.500 por la recuperación de la desgravación universal y otros mil por la rebaja del IVA sin limitaciones.
Pensiones privadas 2.000 millones
Desde 1996, España ha dejado de ingresar más de 20.000 millones como consecuencia de los incentivos fiscales de que gozan los planes privados de pensiones. Al principio, la cifra era testimonial, pero en los últimos años se mueve entre los 2.000 y los 3.000 millones anuales.
Total: 40.000 millones de euros.
