Renovación en las Agrupaciones Locales

Las renovaciones de los componentes de los órganos de las agrupaciones locales tienen dos características endógenas diferenciadas: una local y otra de ámbito superior (regional y nacional). Respecto a la renovación de carácter local con demasiada frecuencia en el PSOE hablamos de renovación de los cargos orgánicos e institucionales cuando queremos decir que los que en ese momento ostentan esos cargos deben dimitir o salir de ellos para que sean ocupados por los nuevos aspirantes, sin hablar para nada de nuevos planteamientos organizativos, (cuando la experiencia acumulada a través de los años nos indican que así no se obtienen los resultados requeridos) queriendo asumir las mismas condiciones que tenían los que ahora son criticados, asumiendo, erróneamente, que los nuevos integrantes del gobierno de la agrupación lo harán mejor per se, sin establecimiento de condiciones ni cortapisas . Con demasiada frecuencia, también, se nos olvidan las premisas que deben acompañar a cualquier cargo del partido, y que fueron enunciadas hace tiempo por personas de probada honradez y fidelidad al grupo. Ramón Rubial, ex presidente del PSOE y hombre de intachable vida privada y pública, decía que “en los puestos de responsabilidad del partido, cualquiera que sea el nivel de esta responsabilidad, deben estar los hombres y mujeres de probada TRAYECTORÍA SOCIALISTA, entendiendo por ésta la que haya sido desarrollada por cada individuo durante su ciclo vital al servicio del partido y controlada su eficiencia por los órganos del los mismos; pero cuando esas personas accedan a esos puestos, de superior nivel, deben seguir siendo controlados por los órganos correspondientes”; es decir no sólo es una exigencia fundamental para ocupar un puesto de responsabilidad el desarrollo, durante años, de unas labores al servicio del partido y controlada su eficiencia por el mismo partido, si no que nadie que no posea esa trayectoria socialista debe ser aspirante a ningún puesto de responsabilidad en el PSOE; y que cuando se acceda al mismo, después de ejecutar esa trayectoria vital, ejemplo de honradez y ética, debe seguir siendo controlada su ejecución.

En síntesis podríamos decir que lo que nuestro ex presidente quería decir es que hay que huir de salvadores de la patria, por más que su capacidad de expresión pudiese convencernos de que es la persona adecuada para obtener los resultados electorales deseados; que solamente su trayectoria, su ciclo vital, su largo ejercicio de trabajo ejemplar para el partido, le capacita para optar a otros puestos de mayor responsabilidad. Lógicamente, para que esta condición se dé, es imprescindible el transcurso de toda una vida al servicio del partido, por lo que el que quiera optar a esos puestos debería plantearse que se le va exigir un largo periodo de cumplimiento de las órdenes que emanen de los órganos correspondientes, para que una vez comprobada la eficacia en ese cumplimiento estos servicios le capacitan para su próxima opción; en definitiva, se necesita un currículum de servicios al partido para optar a cualquier puesto de responsabilidad, orgánico o institucional. Esta condición parece absolutamente lógica y oportuna, pues es natural que alguien sin contrastada experiencia previa no se sepa si está capacitada para una misión de mayor compromiso. Las únicas personas que pueden dar fe de su honradez y buen hacer son aquellas que habiendo ocupado distintos puestos de distintos niveles de responsabilidad con la posibilidad de enriquecimiento personal o aprovechamiento ilícito de su cargo, no lo han hecho, quedando suficientemente probada su honradez y comportamiento ético. El resto de los ciudadanos, que presuman de comportamiento honesto sin posibilidad de ser comprobado éste por no haber ocupado puestos que le permitiesen un comportamiento deshonesto, no son más que PRESUNTOS honrados, puesto que no han tenido posibilidad de demostrarlo, y lo seguirán siendo hasta que no tengan acceso a esos puestos y lo demuestren con su actitud. En consecuencia y considerando lo anteriormente referido, sólo tendría sentido, en base a una situación ideal, una dirección formada por personas con experiencia y probada honradez, es decir, formada por personas con una dilata experiencia vital, lo que no descartaría a nadie que reuniese esas condiciones. En política parece muy frecuente la descalificación del adversario o rival, ignorando que las ausencias de aptitudes que se critican posiblemente no sean aptitudes propias. Es muy fácil la descalificación de cualquiera y más en política; alrededor del que critica rápidamente se reunirán numerosos contertulios que abundarán en esas cuestiones descalificadoras y que se unirán, vehementemente, al coro de descalificadores pero que abandonarán éste en cuanto surja alguien que cuestione esas actitudes, reivindicando las bondades del agredido verbalmente; la buena fama de cualquier persona se obtiene por el transcurso de toda una vida de comportamiento digno y se destruye por el simple comentario de cualquier individuo cargado de mala fe e inquina personal hacia el interesado, por eso hay que tener un extremo cuidado en documentarse suficientemente cuando se quiera opinar sobre el comportamiento de cualquiera. En política está peor visto que alguien hable bien de las felices intervenciones de cargos públicos en el desempeño de su cargo cuando el ambiente general es el de que renuncien a esos puestos para que los ocupen otros, que acusarlos de cualquier exceso. Otra cuestión que está implícita en las palabras de nuestro querido ex presidente es la del control sobre todos los cargos, orgánicos e institucionales; para que pueda existir un razonable estado de control sobre las actitudes de nuestros cargos es imprescindible el planteamiento de incompatibilidades; es imposible que un cargo institucional en una administración local tenga su comportamiento controlado por el Comité de la Agrupación si la figura del secretario general de la misma coincide con la del cargo institucional, por tanto y aunque no sea la situación más frecuente en las agrupaciones locales, parece evidente que ambos cargos deben ser ostentados por personas diferentes. Abundando en esta cuestión es razonable que el comité de la agrupación este integrado por militantes que no sean, en el mismo momento, cargos institucionales en la administración local, excepto el portavoz del grupo municipal, quien será miembro del comité con derecho a voz pero sin voto. Por otro lado, un miembro del comité, preferiblemente el secretario o secretaria de organización, ocupará un puesto dentro de la estructura de la administración local, de entre los puestos que le corresponda al partido nombrar como funcionarios eventuales en la administración, quien trabajará íntimamente vinculado a las actividades del grupo municipal, teniendo total conocimiento de todas ellas y participando en todas las reuniones que celebre el grupo municipal excepto en las que les corresponda debido a sus obligaciones con la institución (Mesas de Contratación, Comisiones Informativas, Plenos, Comisiones de gobierno si procediesen, etc.). Otro condicionante que deberían tener los que fueran miembros del nuevo comité, es la exigencia y el compromiso de qué, en el caso de que quisieran optar a figurar en la próxima lista electoral, renunciarían a su cargo en dicho órgano, pasando a ser un militante de base, tres meses antes de que se confeccionase dicha lista, de esa manera no se daría la situación paradójica de qué quien hace la lista figura en ella. La lista electoral la nombrará el comité previa consulta a todos los militantes por votación de una lista abierta (se puede estudiar la posibilidad de que esta lista sea votada también por los simpatizantes que previamente tendrán que figurar en una relación de simpatizantes, con una antigüedad mínima de un año de permanencia en esa relación, y previo pago de una cantidad simbólica de un euro para tener derecho a votar), donde figurarán todos los afiliados que hayan presentado su instancia al comité y este les haya autorizado a figurar en ella, después de estudiar cada caso personal. Los resultados de esa votación deberían ser conocidos sólo por los miembros del comité que forman la Comisión Ejecutiva (Secretario general, vicesecretario en su caso, secretario de organización, secretario de institucional y secretario de administración). Dentro de la variedad de nuevas condiciones para los nuevos representantes en las instituciones sería la de establecer unas cláusulas de actuación para el caso de gobernar o estar liberado por la administración local; de entre ellas podríamos destacar la de fijar el sueldo del que fuese el alcalde del PSOE, que sería de un euro más que el funcionario que más cobrase del Ayuntamiento. El resto de concejales percibirían un sueldo en función del que estuviesen percibiendo en sus respectivos trabajos, públicos o privados, incrementados en un diez por ciento como máximo, de esta manera mitigaríamos la propensión humana a hacer carrera política, de tanto riesgo político para las organizaciones. Los cargos de funcionarios eventuales (personas de confianza del equipo de gobierno) serían reducidos a su mínima expresión, y en el hipotético caso de que se necesitasen, serían designados por el Comité de la agrupación (escuchado el portavoz del grupo municipal) de entre los militantes de ésta, siempre que reuniesen el perfil profesional del puesto a desempeñar (el nuevo Comité debería de preocuparse de que los futuros aspirantes a ocupar cargos institucionales, como concejales o cargos d confianza, realizasen cursos de formación relativos a la Administración Pública, en las escuelas del Partido, Jaime Vera y del sindicato UGT, Julián Besteiro), si no existiesen personas suficientemente capacitadas dentro de los afiliados de la agrupación se requeriría de la organización regional para nombrar al citado cargo, siempre considerando su perfil profesional que no político. La captación de votos en una localidad concreta (como puede ser el caso de Rivas) vendrá producida más como consecuencia de una actividad de la agrupación en profunda vinculación con las necesidades de la ciudadanía que por el cambio en las personas que dirigen la organización, si bien es cierto que si aquellos que actualmente, hoy o ayer, detentan, o detentaron, la dirección de ésta no han sabido convocar a los ciudadanos con sus actitudes, difícilmente podrán encarnar la necesaria transformación en los comportamientos que los votantes han de observar nítidamente en la agrupación. No obstante, en el caso concreto de nuestra ciudad existe una enorme vinculación del voto local a nuestro partido con las actuaciones que a nivel nacional hemos producido por lo que, para ganar en unas elecciones locales, hay que conseguir que el comportamiento de nuestros representantes regionales y nacionales den una imagen mucho más próxima a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos que la de otros grupos políticos. Tenemos que asumir, y congratularnos, que nuestro electorado es crítico con las actuaciones de nuestras direcciones y no asumen aquellas decisiones que no emanen de la voluntad popular, incluso optando por abstenciones que den lugar al triunfo de opciones políticas no deseadas. Yo prefiero a quien me indique, personal y honestamente, su discrepancia con un planteamiento que aquellos que admiten, de forma borreguil, que la dirección siempre y en toda ocasión lleva razón. Respecto al ámbito regional y nacional, sería deseable que en esos niveles de la organización se produjesen los cambios que hicieran que el PSOE recuperase la confianza de los ciudadanos, pero parece difícil si no imposible que desde esas instancias se produzcan las transformaciones necesarias para volver a recuperar las señas identificativas del socialismo español, que no de la socialdemocracia, por lo que parece más que necesario que esas deseadas modificaciones sean impulsadas por los afiliados de base, es decir, por las agrupaciones locales, por lo que es necesario articular, junto al resto de agrupaciones del país, unas condiciones y unas nuevas normas que faciliten el retorno a los orígenes ideológicos del partido. Para llevar a cabo esa enorme labor será necesario trabajar desde las agrupaciones para articular un mensaje que sea asumido por nuestros órganos superiores, lo que requerirá la creación de comisiones de afiliados con la misión de enunciar los principios fundamentales que consideremos debe asumir el partido para recuperar, no sólo la confianza de los ciudadanos, si no nuestra propia consideración de hombres y mujeres socialistas. Para esta misión se necesitan personas que no tengan inconveniente en hacer planteamientos críticos ante los miembros de los órganos regionales o nacionales, sabiendo que su misión va a representar un posible “handicap” a sus aspiraciones a progresar en la organización, pero teniendo muy claro que su función es la de llevar al partido a estar íntimamente imbricado con el resto de la sociedad, cumpliendo con las aspiraciones de los más desfavorecidos y redistribuyendo la riqueza del país. En esta misión habría que hacer planteamientos meridianamente claros en cuestiones como: la creación de una banca pública operativa que compita con la banca privada; la aconfesionalidad del estado realizando los trámites pertinentes para circunscribir las actividades religiosas a los ámbitos del culto; la universalidad de la educación y sanidad pública de calidad, retirando las competencias a las comunidades para ser detentadas por el estado, legislando leyes (la Constitución se ha demostrado que no es tan difícil de modificar) que impidan que ningún partido, en función de su ideología, pueda modificar esto; la recuperación de todos los hospitales y centros de salud públicos privatizados; la dotación de los medios que necesite la Agencia Tributaria para acabar con el nivel de fraude fiscal actualmente existente, haciendo que las penas por la evasión de capitales sean constitutivas de cárcel real; el control de las transacciones financieras de los bancos, haciendo que aquellas que tengan carácter especulativo sean gravadas con tipos semejantes a los existentes para las declaraciones en el IRPF; la obligación a las entidades financieras de dedicar un importante porcentaje de sus depósitos a la financiación de actividades productivas; la anulación de las numerosas deducciones que tienen las empresas para acabar pagando por los beneficios tipos muy inferiores al ordinario establecido del 35%; habría que ejemplarizar la vida pública haciendo que todos los componentes del partido en puestos de representación pública se comprometiesen a crear las normas necesarias para que su salario esté supeditado al SMI, haciendo que sólo las subidas de este repercutirían en sus sueldos (se puede legislar que los diputados y senadores cobren mensualmente el importe de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional); consecuentemente, el SMI español se equipararía al existente en otros países de nuestro entorno, en función del PIB de cada país; se deberían establecer impuestos sobre las grandes fortunas, al objeto de redistribuir bienes acumulados durante años por la incorporación de las plusvalías del trabajo en unas únicas manos; la derogación de todos los desahucios producidos o en vías de producirse, obligando a los bancos a asumir la dación en pago del inmueble por la deuda contraída por el propietario, particularizando la cuestión en el caso de familias cuya situación económica no les permita el pago de las cuotas de las hipotecas, creando épocas de carencia con la garantía del estado, en las que los afectados podrán seguir viviendo en sus domicilios, sin hacer pago alguno al banco, hasta que se modifiquen sus actuales circunstancias económicas; creación de puestos de trabajo de apoyo a personas no válidas que necesitan ayuda para realizar las funciones más elementales, a semejanza de países europeos con Estados del Bienestar más desarrollados que el nuestro; reforzamiento de la figura de los sindicatos como defensores de los intereses de los trabajadores, controlando su supeditación a la financiación externa para su ejercicio; redimensionamiento del número de componentes de los órganos del partido, haciendo que la financiación del mismo no esté tan condicionado como actualmente a los créditos de las entidades financieras, haciendo que el ordinario funcionamiento de sus engranajes se produzca más como consecuencia de las aportaciones de trabajo voluntario de los militantes que como trabajo remunerado de sus miembros; eliminación de las duplicidades de cargos en una misma persona, aunque no existiese incompatibilidad entre ellos. Lo anteriormente relacionado se genera desde mi experiencia como Interventor y, posteriormente, Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Rivas (Interino en ambos cargos); administrativo (sólo en cuanto al sueldo puesto que mis funciones sobrepasaban en mucho mis retribuciones) del Grupo Municipal Socialista; y actualmente Director Financiero de Rivamadrid Empresa Municipal de Servicios S. A. Necesito y deseo que el partido recupere sus viejos pero no anticuados planteamiento ideológicos para que cuando rindamos cuentas ante nuestros antepasados (en donde quiera que sea), que lucharon y en muchos casos perdieron la vida, podamos decirles con orgullo: “Esto lo hemos hecho para honrar vuestra memoria”. Un fraternal saludo socialista

Ciudadanos acorralados: 100 días de gobierno anti PPopular

Todo comenzó con un ¡¡Indignaos!! y continuó con ¡¡Rebelaos!!, y ¿ahora?. Jueves, 29 de marzo de 2012, huelga general en España; ¿y después? 30 de marzo de 2012, ¡¡decretazo!! Según el gobierno, los sucesos violentos de Barcelona no reflejan a la sociedad española. ¿Pero las manifestaciones multitudinarias sí? Mientras tanto, La Generalitat pide mano dura contra, lo que ellos denominan, “guerrilla urbana”. Añaden la necesidad de regular el derecho de reunión como en tiempos de Franco. Es muy probable, casi seguro, que el gobierno del PP no haya promulgado el decreto que tenía preparado ante la previsible gloriosa victoria en Andalucía y Asturias, pero tampoco se ha quedado manco. Mientras tanto, los medios de desinformación nacional, siguen en la penosa misión de convencernos de que Rajoy tiene una mayoría absoluta recién lograda, un enorme poder autonómico, un crédito político y una legitimidad muy amplia para llevar a cabo reformas y tres años y medio hasta las próximas elecciones generales. Un partido, el PP, y un presidente, Mariano Rajoy, que ocultó cuando no mintió sobre las medidas que tomaría si llegaba a ocupar el gobierno de la nación, no está, repito no está legitimado a tomar este tipo de medidas, que ningún ciudadano ha aprobado. Por otro lado, la mayoría parlamentaria, por muy absoluta o súper absoluta que sea, es siempre una minoría social. El PP ha obtenido en las pasadas elecciones el 44,62% de los votos emitidos (Siendo los votos emitidos el 71,69% de todos los votos posibles, con una abstención del 28,31%), que equivalen a un 31,97% de los votos posibles; como se ve no es precisamente una mayoría social la que ha votado al PP, y como decía el otro, ¡¡ni aunque lo hubiese sido!! Por mucha que sea su mayoría parlamentaria, el gobierno tiene que asegurarse que su política cuenta con la aprobación de la mayoría social. Siempre y en todo momento, pero en situaciones de crisis más todavía. El viernes, 30 de marzo de 2012, el PP, su gobierno, cumplía los 100 días desde su llegada al poder; ese día, su gobierno, el de ellos, ha publicado un decreto con el mayor recorte económico pero fundamentalmente de derechos de los trabajadores de la historia de España, después de la declaración del fin de la guerra civil por Franco. El Consejo de Ministros aprueba un ajuste de 27.300.000.000,00€ en los Presupuestos Generales del Estado, para reducir el déficit. Mientras tanto, continúan con su misión de fomentar el miedo ante lo que se avecina de no tomar estas medidas “Si hay intervención de la Troika una generación entera de españoles se iría al garete, y hay da igual las huelgas que puedas hacer. Te bajan las pensiones, recortan el desempleo, obligan a despedir a empleados públicos en masa, a subir más impuestos. Se tarda 10 o 15 años en salir de una cosa así, basta con ver l oque está pasando en Portugal o Grecia”. Mientras el gobierno nos quiere convencer de su talante democrático, argumentando que, DE MOMENTO, no se toca el seguro de desempleo, ni las pensiones, ni se baja el sueldo de los funcionarios, ni se sube el IVA. No obstante, en esta Semana Santa comenzarán a verse la realidad de estos recortes: En las autonomías, en educación y Sanidad. En el Estado, en Justicia, Cultura, Cooperación con el exterior, Emigrantes, subida de los carburantes, la electricidad, eliminación de Educación para la Ciudadanía, reforma de la Ley del aborto, receta médica para la píldora poscoital, etc. Por otro lado, los evasores “arrepentidos” serán exonerados de responsabilidad penal, de penas de cárcel por delito tributario, a las sociedades (que no empresas) o personas que admitan su fraude. Hacienda no exigirá sanciones, intereses, ni recargos a los que reconozcan “sus pecados fiscales y hagan un acto de contrición” (muy propio de la estación en que nos encontramos) bajo una pena o multa del 10% sobre el dinero que tenían oculto. Para ello debe modificar la Ley General Tributaria. Consecuentemente, es lógico que los inspectores de Hacienda estén en desacuerdo con esta medida y comenten “que le decimos a un contribuyente que le hemos inspeccionado por haberse aplicado mal una deducción”. Además esta amnistía fiscal podría dar lugar al blanqueo de dinero ilegal procedente de actos de terrorismo o delincuencia organizada, tráfico de drogas, prostitución y tráfico de armas. El PP ha promovido una amplia batería de medidas, que antes de las elecciones anunciaban (sin definirlas) que servirían para calmar a los mercados. En octubre de 2011, la prima de riesgo italiana era superior a la española, desde marzo de 2012, la prima de riesgo española supera, ampliamente, a la italiana, haciendo que la máxima preocupación en los organismos europeos sea, actualmente, la economía española. ¡¡Gran cambio el producido por el PP, pardiez!! Mientras tanto, en Barcelona se da ejemplo al Estado de contundencia judicial (demostrada sobradamente la policial) ante los “graves incidentes durante la huelga general del 29 de marzo”. Una juez envió a la cárcel sin fianza, a tres de los detenidos para evitar que puedan delinquir en ACONTECIMIENTOS PRÓXIMOS; los abogados defensores critican que se decrete prisión por lo que puedas hacer, objetan que la decisión tiene motivaciones políticas y que denota un retroceso de 30 años en nuestra democracia. El cerco a los ciudadanos es más que evidente. Ahora debemos plantearnos que hacer todos en esta situación y en las próximas que se pueden avecinar. Debería ser una decisión de todos los trabajadores europeos.