Recambio para la Socialdemocracia

Pienso que la solución es volver a poner el socialismo en el centro del debate. El sistema capitalista ha fracasado. Nunca había habido tanta pobreza y miseria en el mundo. El peligro de guerras e invasiones se multiplica. El paro avanza inexorable. Los estados del bienestar europeos son desmontados y eliminados poco a poco o bruscamente. En Europa, la democracia, de más baja calidad cada día, está en peligro. Ante esto surgen propuestas de nuevas organizaciones sociales y socio-políticas capaces de unir a las y los de abajo frente a l@s de arriba y defender la democracia, buscando la justicia y el reparto.

En Europa, como en Latinoamérica, hay fuerzas políticas nuevas que se reclaman socialistas y lo son. Desde regímenes democráticos y con formulas democráticas luchan por el socialismo, es decir, por la igualdad real entre hombres y mujeres y la superación de las clases y el sistema de dominación. No solo por la simple igualdad de oportunidades, sino por la igualdad, el reparto y la propiedad pública de los bienes estratégicos y naturales por parte de de la sociedad, así como por la democracia plena y participativa. En Alemania, Francia, Grecia, Holanda, Dinamarca y Portugal, surgen fuerzas socialistas de izquierdas y radicales como nuevos referentes ante una socialdemocracia sin proyecto propio más allá de dulcificar el liberalismo. En América Latina hay nuevas fuerzas socialistas, no precisamente las ligadas a la Internacional llamada socialista que ampara a partidos derechistas, pro- norteamericanos, aliados a sus oligarquías, además de corruptos, como por ejemplo Acción Democrática en Venezuela. . En Brasil, Venezuela, Bolivia o Uruguay, entre otras repúblicas, nuevos partidos socialistas ejecutan políticas al margen del neoliberalismo y defendiendo sus patrias, a sus pueblos. Antiguos adecos – ex militantes de AD en Venezuela- forman parte hoy del PSUV, el partido socialista que preside Hugo Chávez. Socialdemócratas alemanes y socialistas franceses constituyen hoy partidos como Die Linke y el Parti de Gauche, que forman parte de Partido de Izquierda Europeo, o en Portugal el Bloco de Esquerdas, en el que socialistas de izquierdas, neotrostkistas y cristianos de base han alumbrado una interesante, novedosa y combativa izquierda con mucho apoyo juvenil, ante un Partido Socialista neoliberal e iniciador de los crueles recortes portugueses. No es el problema el nombre. Ni es lo importante el ropaje externo, a veces puro marketing comercial. Cuando Pablo Iglesias participó en la fundación del PSOE quería llamarle Partido Obrero a secas. Jaime Vera, solo Partido Socialista. Al final fusionaron los nombres y todos contentos. El problema no son las siglas, es el contenido. Un partido que se llama socialista y al que solo le preocupa apuntalar el capitalismo y cree en un sistema liberal, es un fraude y da igual como se llame.

El poder de la banca en España

En nuestras sociedades capitalistas, el dinero es, sobre todo, poder. Y, como todo lo que tiene que ver con el poder es política, todo lo relativo al dinero es también una cuestión política. Si entendemos esta cuestión previa sobre la naturaleza política del dinero, entenderemos que el dinero proporciona poder a quien lo crea, a quien controla su valor interno y externo y a quien determina quien se va a beneficiar del crédito, es decir, de disponer de más dinero sin tenerlo originalmente. Los banqueros y financieros han conseguido hacer suyo el privilegio más inmenso que haya podido concebir el ser humano: crear dinero de la nada y hacer que los demás paguen por ello a quien lo hace. Ese es el privilegio que les permite influir en las decisiones políticas y en la elaboración de las leyes, o incluso el que utilizan para evitar pagar por los delitos que cometen.

En España, en los últimos años, se han dictado más de 600 sentencias condenando a diversos bancos por malas prácticas, consistentes casi todas ellas en hacer suscribir a sus clientes contratos con falta de información y engaños de todo tipo que han supuesto un daño patrimonial muy importante a más de 700.000 personas. Pues bien, la reacción de los gobiernos ha sido la de limitarse a apoyar a los bancos para que salgan de esas situaciones comprometidas en que les ponía su conducta irresponsable. Una prueba palpable del poder de la banca en España ha sido el indulto, aprobado por el gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero, del consejero delegado del Banco de Santander, que había sido condenado en firme por un delito de acusación falsa formulada contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de dicha entidad en 1994. El gobierno hizo oídos sordos a los informes negativos emitidos en su día por la Fiscalía o por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que tomó por unanimidad de sus cinco magistrados la decisión de “desaconsejar” el indulto, o la denuncia de los inspectores del Banco de España, que habían señalado en un comunicado el incumplimiento de la legislación bancaria que obliga a separar del cargo a los ejecutivos sin honorabilidad por haber sido condenados, tal y como establece un real decreto de 1995 al imponer que “se entenderá que carecen de tal honorabilidad (requisito para ser consejero o director general) quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras o estén inhabilitados conforme a la Ley Concursal”. En España no es la primera vez que los banqueros disfrutan de este tipo de privilegios. Para defenderse de la acusación de supuestos favores al Banco Santander, el ex ministro de Economía Rodrigo Rato presento un escrito de la exsecretaria de Estado de Justicia, y luego vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el que esta pidió el 25 de abril de 1996 que se cursaran al abogado del Estado “instrucciones” sobre su actuación en el caso de las cesiones de crédito, concretamente, pidiendo que no se dirigiera “acción penal alguna por presunto delito contra la Hacienda Pública, contra la citada entidad bancaria o sus representantes”. Gracias a ello, su presidente no tuvo que ser juzgado por una actuaciones que el diario digital El Confidencial de 21 de septiembre de 2006 describió de la siguiente forma: “Durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables. El banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera. Como consecuencia del descubrimiento de esa serie de irregularidades, la acusación solicitó para el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que era el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública”. Por supuesto, Emilio Botín fue indultado por el gobierno de esos cargos y no tuvo que pagar nada a la Hacienda Pública. Esta es una historia reciente que demuestra bien a las claras que el poder del dinero no es sólo financiero, ni ajeno a los avatares de la política, sino que es capaz de modificar todas las decisiones que tienen que ver con la marcha de nuestra sociedad con tal de tener las manos libres para ganar dinero con sus negocios a cambio de nuestro endeudamiento. Estas cuestiones pueden, en alguna forma y posiblemente no como las más significativas, explicar la desafección de los ciudadanos hacia los actuales políticos.

No hay que rescatar a la banca privada; hay que regular sus actividades

¿Por qué hay que rescatar a los bancos privados de la situación en que se encuentran, por su exclusiva mala gestión (¿Nadie va a pedir responsabilidades a sus equipos directivos?), con dinero que pagaremos todos los españoles (sólo los que pagamos todos nuestros impuestos, claro) y se siguen produciendo 300 desahucios diarios de familias que no pueden pagar sus hipotecas por haberse quedado sin trabajo, por causas ajenas a su voluntad? Una de las primeras medidas que tomó el gobierno del PP de Mariano Rajoy Brey nada más llegar a La Moncloa fue la de autorizar las operaciones especulativas a corto plazo que estaban prohibidas por el anterior gobierno socialista. Estas operaciones son una de las más especulativas, y por tanto ajenas a la realidad productiva del país, que no generan empleo ni riqueza más que para quienes las realizan. Quienes piensan y dicen (es de bochorno ajeno ver y oír a tertulianos defender las medidas de recortes que está tomando este gobierno del PP) que los recortes son las únicas posibles medidas que puede tomar este gobierno y que están carentes de cualquier carga ideológica se lo tendrían que hacer mirar.

El filósofo alemán Jürgen Haberman repite en todas sus declaraciones públicas que en Europa se esta desmontando la democracia, juicio que comparte alguien nada sospechoso de radicalismo y que conoce bien el continente como es el excanciller socialdemócrata Helmut Schmidt. En los últimos meses hemos vivido en Europa situaciones que deberían ser calificadas como verdaderos golpes de Estado concebidos para que se pudiesen tomar más fácilmente las decisiones que interesan a las finanzas. Vivimos en un proceso continuado de debilitamiento de la democracia formal que discurre paralelo con la aparición y fortalecimiento de unos nuevos señores del mundo, personas y grupos todopoderosos que deciden a su antojo lo que es bueno o no para el resto de la humanidad. Son diversas las circunstancias que han contribuido a esta situación; la primera podría ser la consolidación de un poder monetario privado, al margen del debate político, que condiciona y encuadra el resto de las políticas económicas. La libertad de movimientos del capital, la independencia de los bancos centrales (que han pasado a ser de colaboradores en la política económica del gobierno, a los que controlan que el Estado cumpla con sus compromisos con las entidades financieras privadas), y el fortalecimiento de la capacidad de maniobra de los fondos y entidades financieras han sido los factores que principalmente han contribuido a este fenómeno contemporáneo por el que los gobiernos se supeditan a los mercados, que no son otros que los grandes propietarios del capital. La segunda es el incremento voluntariamente planificado de la desigualdad, del desempleo y del empleo precario, y de la deuda. La desigualdad es la que alimenta la riqueza creciente de los grandes grupos de poder. Gracias a la sumisión y a la debilidad que esas condiciones laborales generan en las masas trabajadoras pueden disponer de más poder político, que a la postre es lo que asegura su dominio sobre el conjunto de la sociedad. La deuda es otra forma de esclavitud. La base para que el capital financiero se rentabilice es que la gente se endeude. A más endeudamiento, mayor es el poder y tamaño del capital financiero, y a menor capacidad adquisitiva de la población, mayor necesidad de endeudarse. La tercera es la complicidad creciente entre el poder económico y financiero y el mediático, que el impulso de las concentraciones de capital está llevando hasta extremos realmente insospechados: uno o dos grupos empresariales, o incluso simplemente alguna persona aislada, controlan la totalidad de la oferta de medios (sobre todo audiovisuales) en muchos países, uniformando la opinión público e imponiendo el pensamiento único que domina las decisiones económicas. Cuentan que a el expresidente de USA Frankling D. Roosevelt, unos sindicalistas trataban de convencerle para que tomará determinadas medidas. Después de un buen rato de conversación, por fin, el presidente aceptó que le habían convencido: “Vale, estamos de acuerdo, me parecen bien esa medidas. Ahora –les dijo- salid a la calle y obligadme a tomarla”. El pueblo español (en nuestro caso) en su conjunto, sin distinción de ideologías, es el único que tiene de verdad el poder para obligar al gobierno a tomar las decisiones más justas. Carguemos a este gobierno de razones para cambiar sus decisiones políticas.