Esto es lucha de clases: Ellos o nosotros

Dice un destacado dirigente político que al actual gobierno del PP no le interesa crear puestos de trabajo para dotar de medios de subsistencia a los más de seis millones de parados que hay en el país y los dos millones de hogares que no reciben retribución de ningún tipo, viviendo la mayoría de ellos de la caridad o de los escasos recursos que sus familias comparten con ellos. A bienpensante contertulios les parece una barbaridad pensar que a un gobierno de la nación no le interesa crear empleo y, consecuentemente, desgastar su imagen política cara a las próximas elecciones generales. Según estos, cualquier presidente de gobierno bien nacido buscaría obtener la mejor posición social y económica para sus compatriotas. Pero esta forma optimista de pensar encierra un doble error. Para comenzar, deberíamos de observar a quienes están beneficiando y a quien están perjudicando las medidas sociales tomadas por el gobierno, y qué organismos le obligan a tomarlas. El FMI (de cuya inclinación política no creo que a estas alturas del tiempo nadie pueda dudar); el BCE (más de lo mismo); el Consejo de Europa (que decir de estos señores) y para terminar la canciller alemán doña Ángela. Todos ellos no tienen más que un mismo interés común: Que los países con problemas ajusten sus déficits lo más rápidamente posible, mediante cualquier medida de pérdida de derechos de los trabajadores, y que los bancos prestamistas (muchos de ellos alemanes y franceses, origen de las burbujas de cada país) reciban el pago de sus créditos de manera inmediata y satisfactoria. Hasta aquí los máximos beneficiarios de las medidas del gobierno son las entidades financieras, nacionales y supranacionales. Otros beneficiarios de estas medidas, sobre todo de las relativas a las pérdidas de derechos de los trabajadores son las empresas, fundamentalmente las grandes empresas, que han producido más E. R. E.’s, en los últimos meses que en años anteriores. Estas han reducido sus costes salariales de manera considerable, lo que les ha permitido, durante un corto espacio de tiempo, mejorar sus ratios exportadores (hoy inexistentes), que ha significado para el gobierno la posibilidad de presumir de que “los cuadros macroeconómicos mejoran ostensiblemente”; esta mejora circunstancial y limitada de esos datos se han traducido, curiosamente, en un incremento de ciudadanos sin trabajo. Del otro lado están los perjudicados por la crisis, que son, fundamentalmente, clase media y asalariados en cualquier nivel de salario y las pequeñas y medianas empresas (que por cierto son las que crean más empleo); las familias (no olvidemos la estricta aplicación de una Ley de Desahucio del siglo XIX, con más beneficios para las entidades financieras); la Sanidad Pública, donde existe un decido afán de los respectivos gobiernos del PP (nacional, regional o local) para vendérsela al gran capital a cualquier precio (cuanto más barata mejor); la Educación Pública, mediante recortes de todo tipo, personal, medios, instalaciones, becas, etc., mientras beneficia a la privada con deducciones de los gastos en las declaraciones de IRPF anuales; la eliminación de la Función Pública, sustituyéndola por las Diputaciones donde los trabajadores son contratados a dedo y voluntad de cada Presidente de Diputación, sin oposición, mérito ni más capacidad que la de militar, ser familiar o simpatizar con el partido político del presidente, obviando que la función básica de la Función Pública es el control de la actividad de los políticos durante su tiempo de permanencia en la administración; los pensionistas , que después de toda una vida de trabajo están viendo como se aleja la edad de jubilación y se reduce la cantidad de su retribución, a pesar de haber estado contribuyendo al Fondo de Pensiones con las cantidades que en su momento le obligaron (es curioso que hable el PP de reducir las pensiones máximas para compensar con las mínimas, cuando para cobrar la pensión máxima los pensionistas han tenido que pagar las cotizaciones máximas impuestas por los gobiernos; existe un paquete de acciones en este sentido que el gobierno no se ha atrevido a exponer todavía, por la gravedad del asunto, pero que está esperando el momento más propicio para sacarlo); los jóvenes en edad y situación de poder trabajar, con un 60% de paro y los que tienen trabajo en condiciones de absoluta precariedad, con jornadas de trabajo infames y salarios que no les permiten independizarse de sus familiares, quienes tienen que hacer el esfuerzo adicional de ayudarles a mantenerse, con un cada vez mayor número de jóvenes que tienen que salir al extranjero para buscarse un futuro, con la descapitalización inherente para la economía nacional, que ha soportado sus gastos de preparación para que otros países se aprovechen de esta. Mientras a las grandes fortunas, a las SICAV, a los beneficios de las empresas, a los sueldos de los consejeros de administración, a las entidades financieras salvadas con dinero público, no se les toca y se les permite continuar como si nada estuviese sucediendo. Todo esto nos viene a confirmar la inicial aseveración: A este gobierno del PP no le interesa crear empleo, porque no les interesa a los poderes a los que sirven, que necesitan un país con su población atemorizada y deprimida, que opte por suicidarse o por plegarse a las extremas condiciones laborales que nos están imponiendo. Como decía aquel multimillonario estadounidense “Estamos en una situación económica de lucha de clases y la mía está ganando la batalla”. Pero nosotros, juntos, podemos ganar la guerra. El segundo error es pensar que a pesar de lo que está sucediendo, el PP no va a ganar las próximas elecciones. España es un país peculiar por muchas razones y una de ellas, posiblemente una de las más importantes, sea la del comportamiento de los electores de un partido que está vendiendo España al ¿mejor? Postor. Ignoro el futuro pero temo no equivocarme.

P D C E Partido Democrático de Consumidores (Ciudadanos) Españoles

A los votantes de algunos partidos no les produce ninguna reacción alérgica el que en las listas electorales de su partido aparezcan imputados, e incluso condenados, por delitos contra las propiedades públicas, prevaricadores, corruptos, corruptores, etc. Nada tiene la suficiente importancia para decidir que su voto no es para esas formaciones; todo se justifica con la razón de que al no votar a su partido se quedan sin opciones de hacerlo por otros, porque ninguno más les representa. Luego la triste realidad de la acción de gobierno les demuestra que ni es su partido ni defienden sus intereses más allá de los propios de los dirigentes y sus grupos de presión. Esta dinámica nos ha llevado a la situación actual en la que los grandes partidos, y los menos grandes, no sólo no solucionan los problemas de la mayoría sino que legislan en contra de todos ellos, con la lógica (aunque por muchos esperada) sorpresa de confirmar lo que se temían. A llegado el tiempo en que los ciudadanos, la mayoría, defendamos nuestros derechos más fundamentales, para eso debemos encontrar un punto de unión con el que nos identifiquemos todos como común, conocedores comos somos (la cruda experiencia nos lo demuestra diariamente; y esto todavía no ha terminado) de que la actual clase política (con las lógicas excepciones que produce toda generalización) no está por la solución real de los problemas existentes sino por hacer pequeños arreglos que puedan parecer soluciones pero que lo único que pretenden es perpetuarlos en los cargos. La razón mas evidente que nos une a la inmensa mayoría de ciudadanos es que todos tenemos que comprar algún medio o materia para subsistir, es decir todos somos consumidores, y si alcanzáramos, además, aportar un poco de solidaridad para con el resto de personas, conseguiríamos una identidad de clase, la de CONSUMIDORES. Bajo esta premisa y en defensa de nuestros intereses más elementales podríamos crear un partido político que, sin ningún género de dudas, sería mayoritario. Esa simple coincidencia de objetivos no sería suficiente para crear una formación política; deberíamos tener una serie de postulados que fueran fácilmente asumibles por todos. En las siguientes líneas expongo, aunque no de manera excluyente, algunas características que podrían formar parte de un programa político: o La primera acción que habría que tomar sería derogar las leyes que, actualmente, regulan los procesos electorales, misión encomendada a unas futuras Cortes Constituyentes que deroguen la actual Constitución. En su lugar se establecerían una serie de sencillas normas que evitasen la actual falta de representación democrática de las elecciones; el censo electoral se dividiría en dos subdivisiones: la primera tendrían un carácter provincial y se elegirían un diputado por provincia (votando sólo los inscritos en su censo provincial) que sería responsable de hacer llegar los intereses de esa provincia al Congreso de los Diputados, y de ello respondería ante sus votantes, de tal manera que si estos no estuvieran conformes con su trabajo podrían obligarle a dimitir con la exigencia de un número de firmas semejantes a los votos que hubiese obtenido para su elección, siempre que no hubiese un número de firmantes superior que si estuviese conforme con el trabajo realizado por el representante público. De esta manera tendríamos 52 diputados para el Congreso. La segunda circunscripción seria de carácter nacional, se consideraría el censo nacional en su totalidad y se elegirían 148 diputados, en orden al número de votos obtenidos por cada lista electoral, es decir serían elegidos los 148 más votados con independencia de su pertenencia a una u otra formación; por ejemplo si una lista política obtiene 1.000.000 votos y otra 500.000, y el censo electoral es de 20.000.000 de votantes (habría que adecuarlo a las cifras de votos realmente emitidos y válidos; los votos en blanco merecen una consideración especial), a la primera lista le corresponderían el 20% del número de diputados, es decir 30 diputados, mientras que la segunda lista elegiría 15 diputados de su formación, con independencia de la ubicación geográfica de cada formación. La formación política menos votada recogería, si los hubiese, los diputados que restasen después de realizar estas sencillas operaciones. Con esto tendríamos 200 diputados en el Congreso, número más que suficiente para elaborar las leyes que el pueblo les demande. Existiría un evidente ahorro del gasto en nóminas al pasar de los actuales 350 diputados a 200. La iniciativa popular podría obligar a dimitir (mediante un procedimiento pendiente de elaborar) a sus señorías si no cumpliesen con sus programas políticos presentados a las elecciones. o El Censo Electoral Español se compondrá por los hombres y mujeres nacidos en España, residentes o no, y por los que tengan derechos de nacionalidad española según acuerdos internacionales. Todos los censados tendrán el derecho y la obligación de votar. La ausencia a alguna votación deberá estar suficientemente justificada, ante las Juntas Electorales o por correo ante el Ministerio apropiado, para evitar las correspondientes sanciones. o Los señores y señoras diputados y diputadas tendrán los mismos derechos y obligaciones que el resto de los ciudadanos del país, es decir, sus salarios estarán fijados con relación al SMI (Salario Mínimo Interprofesional), no pudiendo ser superiores a tres veces la cantidad fijada para aquel; tributarán por IRPF aplicándose las mismas escalas que al resto de la población; no percibirá ningún tipo de retribución en especie, como dietas, aportaciones a fondos de pensiones, seguridad social privada, etc; si tuviesen que recibirlas por motivos excepcionales, las computarán en sus declaraciones anuales ante la Hacienda Pública. Tendrán que hacer una exacta y exhaustiva declaración de bienes, propios y de sus familiares en primer grado, siendo motivo de su cese inmediato la comprobación de la omisión o falseamiento de datos relevantes en esas declaraciones. Las vacaciones del personal del Congreso, incluidos diputados, se ajustarán a las del resto de trabajadores, siendo como máximo de 31 días ordinarios o 25 laborables. o El importe del Salario Máximo a percibir por cualquier ciudadano del país, trabaje o no en el sector público, será el del Presidente del Gobierno de España, que tendrá un nivel de 5 veces el SMI. Nadie, trabaje en el sector público o privado, podrá percibir una retribución global, considerando todos los abundantes factores retribuibles en el sector privado, superior al obtenida por el Presidente del Gobierno. Se establecerán los controles adecuados y necesarios para evitar que esta disposición no se cumpla, con las correspondientes sanciones en su caso. o El Programa Político que las formaciones presenten ante los lectores para que decidan a quien votar es vinculante, es decir, el cumplimiento de lo establecido en dichos programas obligan a sus representantes, de tal manera que, ante el incumplimiento de ese, una iniciativa popular con un número de firmas equivalentes a los votos obtenidos por esa formación en las elecciones que les auparon al poder, faculta al pueblo para exigir la dimisión del gobierno y la celebración de otras elecciones. Cabe la posibilidad de que ante la imposibilidad de la formación en el gobierno de tomar las medidas políticas exigidas por los órganos internacionales, este dimita y se presente a unas nuevas elecciones con una propuesta alternativa a la anteriormente mostrada. o Se disolvería el Senado por su inutilidad manifiesta. o Se cerrarían las Diputaciones Provinciales, por su escasa utilidad y por estas integradas por personal que no sido elegido mediante votación democrática, pasando sus funciones a ser desarrolladas por las entidades más próximas al ciudadano como son los Ayuntamientos, aportando los medios económicos, utilizados por las Diputaciones, a las Corporaciones Locales para el desarrollo de aquellas. o Se redactarían uno nuevos derechos fundamentales de los ciudadanos: Educación Y Sanidad Pública y de Calidad; Derecho a una vivienda adecuada a la situación particular de cada individuo; derecho al Trabajo, el Gobierno está obligado a procurar y conseguir trabajo para todos los ciudadanos, y en su defecto, a proteger económicamente a los parados durante el tiempo que dure su situación (sin límites, pero con controles); los bienes públicos por su propia denominación no serán enajenables sin una Consulta Popular, vinculante para el Estado, que obtenga un número de votos favorable a la propuesta de 2/3 del Censo Electoral, es decir, el 66,66% de los votos posibles; dicha consulta será obligatorio acudir para todos los censados, con las excepciones anteriormente observadas. Todos estos Derechos Fundamentales no podrán ser modificados por ningún gobierno, tenga la ideología que tenga, por estar protegidos por el ordenamiento de una futura Constitución. o Se pactará la anulación del concordato. Se abrirá un proceso de consulta con el Vaticano para aprobar, sin gasto alguno, la anulación del acuerdo establecido entre ambos gobiernos. La convocatoria de la iniciación de este proceso tendrá carácter de urgente e ineludible para el gobierno que le corresponda realizarlo, disponiendo de un plazo máximo de tres meses para su realización. Su incumplimiento será motivo suficiente para la dimisión de todo el gobierno. Esta obligación existirá para todos los gobiernos que se sucedan. Los sacerdotes y monjas que realizan misiones de atención a enfermos e impedidos en instituciones públicas serán sustituidos por personal funcionario de la actividad concreta según las misiones a realizar. o Se anulara las subvenciones a todas las confesiones religiosas. Desaparecerá en la declaración anual del IRPF de todos los ciudadanos la clausula de cesión a la iglesia católica o de otra confesión religiosa, de cantidad alguna. o Se reclamaran mediante el servicio de la Fiscalía del Estado los bienes apropiados por la Iglesia Católica, previa comprobación de la existencia de ilegalidad en la requisa. o Se eliminarán la concertación con los colegios privados. Los actuales colegios concertados dejarán de percibir ayuda de ningún tipo de los organismos públicos; desaparecerán las exenciones y/o bonificaciones que obtienen en sus declaraciones de renta los padres de alumnos en dichos colegios por diferentes instituciones públicas, como la Comunidad de Madrid. o Se suprimirá la clase de religión en los colegios públicos, sustituyéndose por clases de filosofía, materia cuyo rendimiento del alumno será exigible al nivel de las asignaturas de mayor dificultad. En las Escuelas Públicas se fomentará la controversia entre alumnos y profesores con el fin de promover la capacidad de análisis y razonamiento lógico en el alumno. Se impulsará la formación en la solidaridad y en la obligación de contribuir a la felicidad de los semejantes a través de la aportación de los medios que cada uno posea y en proporción a esa propiedad. La honradez, la profesionalidad y la empatía deben ser premisas de la educación de nuestros jóvenes. o El acceso a la carrera de profesor de educación estará limitada a las estudiantes con las notas más altas en los correspondientes procesos selectivos, pudiéndose quedar vacantes las plazas pendientes de ocupar si no se superan unos rigurosos proceso de selección. Su retribución será semejante a la de los diputados nacionales. o La Iniciativa Legislativa Popular sería promovida por un máximo de 100.000 firmas, obligando a la Cámara de Representantes a admitirla a trámite para después, en su discusión, cada grupo político exponga las razones para su voto a favor o en contra de esa iniciativa, siendo presenciado en directo y retransmitido por TV Española, para mejor conocimiento de la actuación de cada diputado por los promotores de la iniciativa. Si esta fase de la iniciativa popular fracasase en su intento de convertirse en Ley, los iniciadores de ella tendría la posibilidad de volver a presentarla, modificada o no por lo aportado en el anterior debate, posteriormente con el aval de 500.000 firmas, que tendrían la facultad de obligar al gobierno a elaborar una ley que cumpla el mandato popular. o La reciente Reforma Laboral será derogada restableciendo las normas existentes antes de aquella publicación. Los trabajadores afectados por aquellas disposiciones tendrán la posibilidad de reclamar judicialmente, y de forma gratuita, los derechos que les habría correspondido si no hubiera existido dicha norma, con la correspondiente satisfacción, económica o de otro tipo, que les correspondiese. o Los Empleados Públicos recuperarán los derechos perdidos durante la ejecución de las normas aprobadas por el actual gobierno, con la compensación y consiguiente retribución económica perdida. o Con el fin de abaratar los precios del consumidor final se facilitará por el Estado la desaparición de intermediarios en todos los procesos que permitan la relación directa entre productor y consumidor.

Gobierno oligárquico = País empobrecido

Nuestro país, España, atraviesa actualmente por una delicada y compleja situación económica y social; es tan evidente lo que está ocurriendo que le duelen a uno los oídos cuando escucha a algunos representantes públicos (¿se les puede seguir llamando así?) decir, sin empacho y con total naturalidad, que las medidas que está tomando este gobierno pretenden fomentar el empleo o que es el partido del pueblo. La forma de gobierno actual en España se corresponde perfectamente con la definición de oligárquico, que es el carácter de gobierno que es ejercido por un reducido número de personas pertenecientes todos ellos a una misma clase social. La oligarquía no concibe la movilidad social. Los nuevos ricos no logran entrar a los círculos oligarcas, que defienden un linaje similar a la nobleza. Cuando un oligarca sufre problemas económicos, por otra parte, intenta sostener de cualquier forma su estilo de vida o, al menos, sus apariencias. El estereotipo del oligarca lo muestra como un sujeto sin ética ni moral, dispuesto a incurrir en la corrupción y la violencia para sostener su poder, al que considera como un derecho adquirido. Es meridianamente evidente que el país está divido en dos clases claramente diferenciadas: La de los Intocables y la de los Suprimibles (del latín supprimere, que significa Hacer cesar, hacer desaparecer. Suprimir un empleo, un impuesto, una pensión. Omitir, callar, pasar por alto. Suprimir pormenores en la narración de un suceso). Ambas clases sociales se encuentran en abierto enfrentamiento y una de ellas gana claramente la partida. A diferencia de otros países donde existen castas en que quedan ubicadas las personas desde el momento de su nacimiento y en el cual los intocables son la peor considerada en ese orden social, en España Los Intocables se sitúan en la cúspide de la pirámide económica del país, son aquellos que nos enseñan, o no, sus mansiones, valoradas en millones de euros con el desparpajo del que tiene esa situación por que él o ella se lo merecen. Los Intocables en España son los grandes banqueros (El dominio de la oligarquía financiera tiene la particularidad de que los grandes financieros disponen no sólo del trabajo ajeno, sino además, del capital ajeno. El dominio de la oligarquía financiera en la vida económica de los países capitalistas se combina y completa con su dominio en la política. La oligarquía financiera recurre al establecimiento de regímenes fascistas, al ejército y a la policía como última tabla de salvación frente al inevitable hundimiento del imperialismo); los directores y consejeros de las grandes empresas; los terratenientes de enormes fincas en el país, muchas de ellas improductivas pero por las que obtienen pingües beneficios de las subvenciones de la Comunidad Europea por no se sabe qué razones; los herederos de grandes fortunas; la Monarquía y su “corte” de adeptos; los grandes especuladores, etc. Esta clase social necesita herramientas que tomen las decisiones y realicen las acciones que a ellos interesan, para esta misión cuentan con los políticos corruptos que ajenos a su misión de servidores de lo público se adaptan y someten gustosos a los deseos de sus jefes. Otros elementos forman también parte de su corte de “servidores”. De otro lado está la clase Suprimible, el proletariado, una de las clases fundamentales de la sociedad capitalista. (En el proceso de acumulación del capital aumenta más y más la riqueza de la clase dominante. A su vez, la acumulación del capital va acompañada de la depauperación del proletariado). En esta situación se ubican los seis millones de parados actuales (y los futuros); los pensionistas, mayores de sesenta y cinco años que en algunos países están recibiendo indicaciones de ministros de sus gobiernos (por cierto, señores de setenta y cinco años, pero millonarios) en el sentido de que representan un problema por la financiación de sus pensiones, indicándoles sin sutileza ninguna que el mejor servicio que podrían hacer a su país es morirse; los jóvenes pendientes de su primer trabajo que no podrán encontrarlo aquí y que tendrán que decidir entre emigrar para obtener un trabajo en otro país que no quieran hacer sus nacionales, o morirse de asco en el suyo; los funcionarios, ese gran estorbo para algún tipo de gobierno, por la dificultad de controlar sus acciones profesionales y por la necesidad de sustituir por afines que realicen las mismas funciones de control de forma “más agradable para el poder”; los desahuciados de sus hogares por lo molestos que se ponen reclamando una vivienda digna con un alquiler social que se puedan permitir pagar. En la propia definición de la clase Suprimible está implícita la solución al problema. Para algunos el problema es elemental: Sobra gente, que además protesta ante todas las medidas que toma este gobierno, por tanto son además incómodos. Necesitan que la gente salga a la calle para aplaudir sus acciones o para festejar la próxima copa de Europa de la selección de fútbol. En cuanto al control ciudadano sobre las acciones del gobierno ¿Quién lo necesita?