A pesar de que la plena libertad de movimientos del capital es la premisa fundamental del pensamiento de los economistas neoliberales para garantizar el máximo beneficio para el conjunto de la economía (incluidos en ella los trabajadores), lo que demuestran las evidencias comprobadas científicamente es que la plena movilidad es extraordinariamente costosa y peligrosa para países que no tienen fortaleza económica e institucional, ni sistemas financieros bien asentados, ni mecanismos de regulación que puedan evitar situaciones extremas o la inmoralidad de muchas prácticas financieras; es decir, para la inmensa mayoría de países.
La cuestión es bien distinta: Una vez que se han dispuesto de tecnologías, normas e instituciones que permiten operar con enorme rentabilidad en los mercados financieros internacionales a base de transacciones especulativas que requieren gran movilidad, se ha puesto en marcha el discurso teórico que justifique de cualquier manera, aunque no se cuente con ningún fundamento científico, la bondad de esa libertad de movimientos; al servicio de ese gran poder se han puesto algunos “teóricos del liberalismo”. La movilidad financiera a escala planetaria es solamente positiva para rentabilizar la inversión para el capitalista, no desde el punto de vista de los efectos globales que lleva consigo.
El proceso en que se encuentra actualmente inmerso el gobierno del PP en España de progresiva (pretensión, al menos) privatización del sistema de pensiones público, es uno de los factores que contribuyen a incrementar el flujo financiero en forma de liberalización del ahorro.
Los grandes bancos y compañías financieras han urdido una estrategia que culmina con la privatización de estos fondos, es decir que termina con ponerlos en sus manos, y así, de forma muy bien organizada, se fragua un amplio consenso doctrinal y político en torno a la conveniencia de privatizar, poco a poco, esas masas gigantescas de recursos que están en poder del sector público. Para convencer a los ciudadanos se lleva a cabo una estrategia muy sutil consistente, por un lado, en difundir constantemente escenarios futuros catastrofistas (“EL SISTEMA ACTUAL DE PENSIONES PÚBLICAS NO ES VIABLE EN EL FUTURO”, lo avala un estudio de presuntos “sabios”, que ya habían predicho tal catástrofe en decenios anteriores) y, por otro, ir aplicando reformas parciales que vayan debilitando la cobertura y la capacidad protectora del sistema público y, paralelamente, fortaleciendo el sistema complementario de gestión privada o las ayudas fiscales que estos reciben.
Una cuestión extremadamente grave que nos debería hacer meditar a los ciudadanos es que algunas de las medidas anti sociales que está tomando el gobierno del PP de Mariano Rajoy tiene una muy difícil reversión, es decir, que si estamos confiados en que un próximo gobierno, con más sensibilidad social, podrá revertir todas estas normas a la situación anterior a la que fueron promulgadas deberíamos pensar en su enorme dificultad; si por alguna circunstancia, existiese un gobierno del pueblo que pretendiese, no sólo recuperar, sino aumentar los derechos sociales en este país, se enfrentaría con el verdadero poder del Estado que está en las instituciones financieras. El pueblo debe tomar las decisiones que les corresponda para evitar la herida antes de ponerse el apósito.
Los trabajadores, la inmensa mayoría de los ciudadanos, no hemos autorizado con nuestro voto, en ningún momento, estas prácticas corruptas por mucho que algunos políticos se les llene la boca con argumentos como que “sus mayorías absolutas de votos (¿absolutas?)” les dan un certificado de corsario para hacer los que les venga en gana con la economía y el futuro de un país llamado España.
