Futuro político y social para España en el siglo XXI

La Constitución 1978 establece el nombre de Tribunal de Cuentas, respeta y conserva la tradición histórica del Tribunal y en su desarrollo se promulgó la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, reguladora de la Institución. Asimismo, para establecer el funcionamiento del Tribunal, y según el mandato de la Ley Orgánica, se dicta en 1988 la Ley número 7, de 5 de abril. En síntesis, el Tribunal de Cuentas rige su actividad, además de por la Constitución, por las llamadas, para abreviar, «Ley Orgánica» y «Ley de Funcionamiento».

La Carta Magna española y las Leyes Orgánica y de Funcionamiento definen al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del Sector Público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, y dejando a salvo las atribuciones fiscalizadoras de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, le sitúan en la órbita del Poder Legislativo con dependencia directa de las Cortes Generales –aunque no sea un órgano propio del Parlamento Nacional-, disponen para sus doce miembros –los Consejeros de Cuentas, designados seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado- las mismas independencia, inamovilidad e incompatibilidades que los jueces, y distinguen con absoluta claridad las dos funciones que se le encomiendan –las que en él son tradicionales-, la fiscalizadora y la jurisdiccional.

La primera función, la fiscalizadora -caracterizada por ser externa, permanente y consuntiva, consiste en comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía y su destinatario natural son las Cortes Generales (o en su ámbito, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas); así, el Tribunal de Cuentas ejerce el control externo en su ámbito como órgano técnico que es, y las Cortes -o, en su caso, los Parlamentos autonómicos-, con apoyo en los resultados que dimanan de dicho control fiscalizador, despliegan el control político o parlamentario. La función jurisdiccional no es sino el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos, y tiene por objeto lograr la indemnidad de los fondos públicos perjudicados, por malversación, por incorrecta, incompleta o nula justificación, o por otras causas o conductas.

El Tribunal de Cuentas, al día de hoy, está analizando las cuentas públicas (también las contabilidades oficiales de los partidos políticos) correspondientes al ejercicio económico de 2007.

 Dentro de la prescripción en un delito fiscal podemos encontramos con 2 tipos de prescripciones:

1º La prescripción penal en la que el periodo a transcurrir deberá de ser de 5 años desde la comisión del delito.

2º La prescripción administrativa en el que el periodo será de tan solo 4 años.

Debido a que la prescripción administrativa es menor que la penal, se debería incapacitar a la Inspección de Hacienda a la realización de las investigaciones oportunas para la detección del delito fiscal a partir de su fecha de prescripción, en este caso 4 años, por lo que no podrá iniciarse procedimiento penal a partir la prescripción administrativa aunque en la práctica la Agencia Tributaría se salta esta prescripción pudiendo imputar a una persona por la comisión de un delito fiscal una vez prescrito administrativamente el delito, encontrándonos en estos casos con una más que posible inconstitucionalidad en las actuaciones.

En consecuencia, los informes que pueda emitir, si los emite el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales del Estado, tendrán poca o nula validez porque los hechos informados estarán prescritos y por ende no existirá ninguna posibilidad para exigir responsabilidades a nadie. De esta manera se demuestra la escasa o nula utilidad de la existencia del control contable por parte del Tribunal de Cuentas; esto lo conoce perfectamente el gobierno de turno, que elaboró el reglamento de funcionamiento y nombramiento del citado Tribunal. Por si esto no fuera suficiente  y aunque, de acuerdo con los artículos 136 y 153.d) de la Constitución, el Tribunal de Cuentas extiende su competencia a la totalidad del sector público español, lo que incluye a las Comunidades Autónomas y a las Entidades locales, junto con todos sus organismos, entidades y empresas dependientes, ello no obsta para que la mayoría de las Comunidades Autónomas hayan constituido, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía, otros Órganos de control externo, que reciben denominaciones diversas (Cámara de Comptos, Sindicatura de Cuentas, Cámara de Cuentas, etc.), los cuales extienden sus competencias sobre el sector público autonómico y, dependiendo de sus propias Leyes reguladoras, sobre las Entidades Locales de su ámbito territorial. Esta situación de "concurrencia competencial" exige la adopción de soluciones eficientes a través de la colaboración, cooperación y coordinación, entre los distintos órganos de control, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, los consejeros del Tribunal son nombrados por las Cortes (seis por el Senado y seis por el Congreso) mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años" (art. 30.1 LOTCu), y el Fiscal del Tribunal de Cuentas "se nombrará por el Gobierno" de entre los miembros del Tribunal (art. 32 LOTCu); es decir, sucede lo que actualmente acontece, seis miembros los ha nombrado el PP, cinco el PSOE  y uno entre PSOE e IU; los salarios de sus señorías sobrepasan los 100.000,00€ anuales. Con estos poderosos condicionantes ¿es posible que alguien piense que este órgano de control cumple con su misión? Más bien sirve para que muchos políticos utilicen la referencia a que las cuentas de sus partidos han sido analizadas por dicho Tribunal para que esas cuentas adquieran, por ese motivo, visos de legalidad y eficacia.

Mirando hacia atrás, sin ira pero sin resignación, nos damos cuenta que en esta ¿democracia? que han elaborado los actuales partidos políticos, principalmente PSOE y PP, fallan la mayoría de los órganos de control, estatal, judicial, penal, fiscal, administrativo, policial, etc, por lo que la pregunta que nos deberíamos de hacer, ante la virulenta crisis que afecta exclusivamente a los trabajadores, es ¿existe la posibilidad de que algunos de los partidos políticos que actualmente existen en España pueda cumplir con la promesa de abrir un periodo constituyente por el que los ciudadanos dejemos de ser siervos que votan cada cuatro años para ser entes activos y decisorios de la actividad política, capaces de tomar decisiones que ahora mismo sólo están permitidos a los políticos “oficiales”, y para que la riqueza de España esté repartida más equitativamente?. La respuesta es muy sencilla: Imposible para el PP que está inmerso en una dinámica de subversión de la capacidad de intervenir, conocer o decidir por parte de los ciudadanos, mediante la creación de una normativa legal que impida cualquier movimiento que no se adecue a sus deseos. ¿Y por parte del PSOE? No debemos olvidar que este partido ha gobernado en el país durante casi veintidós años, que ha elaborado, en connivencia con el PP, las leyes y normas que actualmente regulan la actividad española, en cualquier tipo de actividad, por lo que son corresponsables del mal o nulo funcionamiento de las instituciones, principalmente importante la de aquellos que, supuestamente, se iban a ocupar de los controles tan necesarios en democracia, y que no hace muchos meses elaboraron (junto al PP) una reforma de la ley electoral para hacer más fácil el mantenimiento de un sistema bipartidista, por lo que parece difícil que este capacitado y crea en la necesidad de comenzar con ese proceso. El PSOE ha dejado de ser un “partido de masas” para convertirse en un “partido de cuadros”. Podemos pensar que si los actuales dirigentes no optan por esa política puede que nuevas caras podrían encarnar esas necesarias decisiones, pero esos nuevos rostros son los de aquellos que ya están en las direcciones del partido, y todos conocemos los procedimientos de acceso a esos cargos, que son imposibles para aquel que discrepa de la línea oficial del líder de turno, que queda apartado de los puestos de responsabilidad; el sistema de acceso a la dirección requiere sumisión previa a quien está por encima;  por otro lado quienes han estado en los puestos de dirección, de alguna manera, han sido conocedores cuando no colaboradores, de las decisiones erróneas que han tomado las diferentes direcciones, por lo que alguna responsabilidad les afecta e inhabilita. Y para dar respuestas a los problemas de hoy hace falta formular proyectos que contengan dosis de credibilidad suficiente para que los ciudadanos intuyan que pueden funcionar. Y no se ven. La socialdemocracia se contagió de la pura lucha por la gestión del neoliberalismo. Abandonó la disminución de las desigualdades como soporte de su bagaje ideológico y de sus proyectos políticos. En una sociedad con más de seis millones de parados y con la destrucción de elementos sustanciales del estado del bienestar, lo que se debe esperar de un partido socialista es que formule alternativas de redistribución, de solidaridad y de proyectos claros para que las diferencias sociales se atenúen. Y de momento solo se atisba un esfuerzo enorme para mantenerse en la cúpula del partido por parte de quienes siempre han estado y más dosis de una medicina que ya no funciona. Las encuestas, en España, tienen sumido al PSOE en una pendiente en la que no solo no se ve el final sino que no se atenúa a pesar del descrédito del Gobierno. Pierde votos por la izquierda y por la derecha y no recupera ninguno. Solo le queda al PSOE el camino de la refundación.

Es difícil pensar que con actual ley electoral pueda surgir un partido de los trabajadores que pudiese acceder democráticamente al poder, a través de los actuales procesos electorales, por lo que la primera condición que deberían proponer en sus programas los partidos democráticos existentes al día de hoy en España es la elaboración de una ley electoral que valore todos los votos emitidos con el mismo rasero, de tal forma que valga igual un voto emitido en Cuenca o en Madrid.     

En definitiva, se observa un oscuro horizonte para el futuro de la clase trabajadora de España. Sólo mediante la solidaridad de clase es posible solucionar esta situación. 

¿Porqué nos cuesta tanto decir te quiero?

Es cierto que estamos rodeados, bombardeados continuamente por noticias que nos demuestran el lado menos fraternal del ser humano, el menos solidario, el más egoísta, pero  todos sabemos que eso no es una representación de la forma de ser y actuar de la mayoría de las personas.

A todos nosotros nos hubiera gustado en algún momento hacer que esas personas fueran adecuadamente castigadas por sus desmanes y utilización del dinero público para sus excesos y apropiaciones.

Por otro lado, esas actitudes insolidarias lo son en ambientes ajenos a sus entornos más próximos, en los que existe una evidente pugna por ocupar, de una u otra manera, los cargos más relevantes de esas organizaciones o para enriquecerse con cargo a una infame manera de proceder de la organización. Estos mismos individuos que actúan con esas maneras en sus ambientes de disputa, en su ámbito familiar y de amistad se comportan de manera absolutamente diferente. Es en ese espacio de lo íntimo donde yo observo la dificultad que tenemos el ser humano para demostrar nuestro cariño hacia nuestros seres más queridos.

¿Quién de todos nosotros no ha pensado, después del fallecimiento de un ser muy allegado, que podría haber hecho un esfuerzo mayor para demostrar a esa o esas personas hasta que nivel eran queridos, hasta que cota eran importantes para nosotros? Sé que es condición del ser humano la improvisación o el descuido de cosas que por su obviedad parecen evidentes pero también es cierto que como seres vivos todos necesitamos del aliento y la palabra amable de aquellos a quienes más apreciamos. También es cierto que, aunque nuestro comportamiento con esas personas hubiese sido ideal, su falta siempre nos haría pensar que no había sido suficiente, que lo podíamos haber hecho mucho mejor, que algo quedo pendiente de decir o hablar, que se podrían haber compartido más momentos gratos y evitado, en la medida de lo posible, aquellos otros que preferiríamos que no se hubiesen producido.

En un mundo que nos quieren hacer ver que sólo debemos de preocuparnos por nosotros mismos y poco más, yo reivindico la necesidad imprescindible de un comportamiento amable, educado, cariñoso y amoroso, en nuestro ámbito más amplio posible, no circunscribirle exclusivamente a nuestro entorno familiar, que sin duda será preferente en esta actitud, sino extenderlo hacia nuestras relaciones con el resto de ciudadanos del mundo, para que de esa manera volvamos a considerarnos compañeros y amigos de aquellos que, por lejana que sea la situación geográfica de sus domicilios, soportan los mismos problemas, iguales presiones y circunstancias adversas que sus dirigentes les originan. La solidaridad ha sido siempre un distintivo claro y diferenciado del ser humano y de algunas especies animales, lo llevamos en nuestros genes originales de seres salidos del agua, y lo que es más importante: Necesitamos volver a pensar en clave de clase social solidaria para cambiar profundamente el rumbo al que nos quieren llevar los lacayos del gran capital que nos dirigen.

Por otro lado, es urgente que potenciemos nuestro comportamiento afectivo en nuestro entorno más cercano ¿Cuántas veces, en los últimos meses nos hemos dado un abrazo fraternal con nuestros hijos; cuánto hace que no hemos dicho a nuestras parejas lo que las queremos y lo necesarios e imprescindibles que son para nosotros; cuánto tiempo hemos tardado, desde que hemos sabido de la enfermedad de un amigo, en acercarnos a informarnos de cual era la su estado de salud; cuántas llamadas telefónicas no hemos realizado por desidia para saber de alguien que hace tiempo que no vemos?

Su nombre: Manuel; era mi hermano. Falleció el pasado 15 de septiembre mientras mi esposa y yo estábamos de vacaciones. Me habría gustado estar cerca de él en ese último momento aunque creo que en vida le demostré mi cariño y respeto como correspondía a un hermano mayor. Está descansando en paz.

Carta a mis nietos para que la lean cuando el mayor tenga veinte años

Posiblemente en esa fecha no esté yo para contároslo o bien, estando, no estaré en condiciones de acordarme qué os tenía que contar; de cualquier manera, os dejo esta nota que os puede servir si por diversas circunstancias, lo que os cuentan de lo acontecido en los tiempos en que os escribo difiere profundamente de lo que realmente sucedió.

Hubo un tiempo en que los trabajadores en España vivíamos de nuestro trabajo, sin grandes alharacas pero pudiéndonos permitir disponer de algún dinero para pequeñas satisfacciones, como ir de vacaciones quince días con la familia, celebrar las festividades familiares con pequeños obsequios al celebrante, y pocas cosas más. Con el dinero percibido por el trabajo de los dos miembros de las parejas, padre y madre, podíamos, con algunos sacrificios, adquirir una vivienda digna donde formar una familia. A pesar de esta aparente buena situación en España estábamos muy lejos de obtener los niveles de renta y beneficios sociales del resto de los trabajadores europeos, a pesar de que España pertenecía a la Comunidad Europea, al parecer, para todos los efectos. Todo esto aconteció desde el año 1977, recién salidos del régimen fascista de Franco, hasta el año 2008, comienzo del periodo de crisis económica más profunda padecida por los trabajadores españoles (SOLO por los trabajadores).

El origen de la crisis es diverso, pero una de las causas fundamentales deviene de la liberalización del suelo para ser considerado todo él urbanizable, tomada por el gobierno del PP de José María Alfredo Aznar López, en su periodo de gobierno 1996-2004:

 “Cuando Aznar dejó el poder, la vivienda costaba más del doble que en 1996 y su precio aumentaba a un ritmo superior al 17% anual. Pese a estas cifras, Aznar no reconoce ninguna responsabilidad en la burbuja especulativa del sector inmobiliario que se inició en su mandato, afirmando que «lo de las burbujas vino después» de su presidencia.” “En esta legislatura, 1996-2000, la presión fiscal aumentó más de un 10%. En 1999 se lleva a cabo la reforma del IRPF, elevándose los tipos medios efectivos del 14,91% al 14,94%. Se redistribuye la carga, aumentándola en un 2% a las rentas más bajas, mientras la carga a las rentas más elevadas se reduce un 6%. Se redujo el gasto en protección social (educación, pensiones, sanidad pública, seguridad ciudadana...) un 9%, siendo en el último ejercicio de la legislatura del 20% del PIB frente al 27% de la media europea. El precio de la vivienda aumentó más de un 28% en tan sólo 4 años. El precio medio pasó de 62 500 euros a 80 500, a lo que hay que sumar el aumento de las hipotecas del 45%, pasando de 47 500 euros a 69 000. El esfuerzo para adquirir una vivienda aumentó, pasando de una relación precio/salario de 4,1 años en 1996 a 4,9 en 2000.^”

Esto fue el detonante del comienzo de la crisis, unido a la total liberalización de los mercados del capital que contaba con absoluta libertad para invertir en donde obtuviese mayores beneficios, preferentemente en mercados especulativos. Gobiernos posteriores adoptaron medidas sociales que no subsanaban los problemas provocados por anteriores situaciones.

Hasta que llego el gobierno del PP de Mariano Rajoy Brey del año 2011, que comenzó a tomar drásticas medidas económicas solamente en contra del poder adquisitivo de los trabajadores, clase media y algunos autónomos, bajo el falso paradigma de que “Se había vivido por encima de nuestra posibilidades”; tiempo después se descubrió que quienes habían vivido por encima de sus posibilidades y de las nuestras eran los políticos, banqueros, capitalistas y gente adinerada en general. Con este gobierno comenzó el mayor destrozo nunca ocurrido a los derechos sociales de los trabajadores, sin dejar ninguno sin tocar, derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna (desahucios), aborto, matrimonio gay, libertad religiosa, educación, sanidad (privatizando sin medida); en abril del año 2013 el paro registrado fue de 6.200.000 personas:

“El primer trimestre del año 2013, el desempleo superó por primera vez en la historia de España los seis millones de parados, un 27,16% de la población activa según la encuesta de la EPA. La tasa de paro juvenil llegó al 57,22%”

En el instante que os escribo esta carta (2 de julio de 2013) el gobierno del susodicho está esperando el momento más oportuno para recortar, también, los derechos de los pensionistas, situación en que, al menos parcialmente, me encuentro, y que va a afectar a numerosos parados que, actualmente, se apoyan para mal vivir en las pensiones que sus mayores cobran; el batacazo puede ser impresionante. 

Mientras, el pueblo español nos manifestamos día si día no, con pocos o ningún resultado; somos como el borracho del bar que cerveza en ristre en la mano, despotrica de todos los poderes pero luego se va a su casa a dormir la mona, mientras los poderosos continúan con sus manejos. En dichas manifestaciones las actuaciones policiales son muy contundentes pero no superiores a las que se están produciendo en otros lugares del mundo, con resultados de muertos y heridos. Como veis la situación actual de problemas económicos no es sólo de España, en el resto del mundo, principalmente en países árabes, se  están dando situaciones muy similares por semejantes causa, una élites que viven ajenas a la realidad de su pueblo, y que reprimen con toda la fuerza que les dan su elección por el mismo pueblo; paradójico ¿verdad?.

Al ser una crisis internacional la solución debería de venir de una unión internacional de los trabajadores pero parece ser que al día de hoy esa unión está muy lejos de realizarse; no existe demasiado interés de hacerlo por aquellos organismos que parecería que deberían comprometerse (Internacional Socialista).

En principio esto es todo lo que quería transmitiros junto con mi cariño para todos los que ahora sois y para los que puede que no conozca pero que igualmente serán mis queridos nietos.

Posiblemente, en el futuro, os vaya ampliando esta información según se sucedan los acontecimientos.

Vuestro abuelo que os quiere.

Sanidad Pública Madrileña: Moribunda. Consecuencia: Ciudadanos Desatendidos

Hace algunos días que me encontré de nuevo con mi antiguo amigo Manuel (ya le he mencionado en estas páginas en otras ocasiones); esta vez le note una expresión preocupada en su rostro, él que normalmente era una persona animosa se le veía cariacontecido, como desanimado, por lo que alentado por la amistad que nos profesábamos me atreví a preguntar el motivo de su tristeza.

Me contó que, a principio del mes de julio de esta año, al estirar su brazo derecho para coger un vaso de la alacena notó un fuerte dolor que le impedía realizar determinados movimientos; pensando que era una sencilla lesión muscular comenzó a tomar unas pastillas de antiinflamatorios que le quedaban de un ocasión anterior; durante cinco días tomó cada ocho horas estos medicamentos pero el dolor no desaparecía por lo que optó por pedir cita a su médico de cabecera. La cita con su doctora tenía fecha de 30 de julio; una vez en consulta la médica le atendió muy diligentemente comprobando que las afirmaciones del paciente eran ciertas mediante el análisis de las zonas afectadas, lo que le llevo a presuponer que podía tener alguna lesión ósea, por lo que, según sus afirmaciones y siguiendo el protocolo, le solicitó un diagnóstico por la imagen, con su correspondiente informe, al equipo de rayos x del Hospital del Sureste-Arganda; Manuel le hizo la observación de que pensaba que el daño era a nivel muscular por lo que una radiografía no daría información sobre aquella pero la doctora le reafirmó que este era el protocolo. La confirmación de la realización de la fecha de la radiografía fue para el 8 de agosto y su resultado en consulta para dos o tres días después.

A la vista de los resultados de la radiografía (no existía lesión ósea), la doctora le solicita consulta con el Traumatólogo del anteriormente citado hospital que le indica que no podrá atenderle hasta el 26 de septiembre; pasan unos días y Manuel continua con fuertes dolores en su brazo, por lo que decide acudir de nuevo a consulta con su doctora, que a la vista de la situación le solicita exploración por ecografía, para el 27 de agosto; Manuel se desespera, el dolor no cesa a pesar de tomar calmantes y la inmovilidad del brazo cada vez es más evidente, y absolutamente en contra de su voluntad decide acudir a una clínica privada que le efectúa la citada ecografía el día siguiente a su visita, previo pago de la prueba realizada; con el resultado de esta ecografía (Ecogenicidad del tendón del bíceps asociado a la presencia de líquido en la vaina hallazgos compatibles con tenosinovitis) acude a citarse con su doctora de la sanidad pública para el día 22 de agosto; a la vista del informe de la prueba privada y observando la urgencia de la necesidad de tratamiento la doctora le solicita cita con el Fisioterapeuta, que le remite al ¡¡7 de febrero de 2014!!. Manuel es consciente de que si no es atendido hasta febrero del año que viene, en estos cinco meses y medio que restan perderá por completo la movilidad de su brazo derecho, resultando muy difícil por no decir imposible, o por lo menos extremadamente dolorosa, la recuperación.

Manuel se debatía en un mar de dudas y razonamientos encontrados, él que siempre había defendido lo público, que había acudido a todas las manifestaciones que en defensa de la sanidad pública se habían realizado, que se encorajinaba cuando escuchaba a los mandatarios del PP decir que la gestión privada hacía más competentes a las empresas (cuando sabía que muchos de esos gobernantes ignoraban el significado de la palabra eficiencia), veía que la única salida para su recuperación era la sanidad privada. Tuvo que hacer un gran esfuerzo de voluntad y abstraerse de cualquier otro razonamiento para concluir que lo importante es este momento era su salud, y que no por ello abdicaba de sus planteamientos sobre la necesidad de una mejor dotación económica a la sanidad pública madrileña, para poder hacer una gestión digna de los pacientes y no clientes.

El día 23 de agosto, viernes, Manuel acudía a la clínica privada para concertar su tratamiento con un fisioterapeuta; el lunes 26 de agosto Manuel comenzaba el tratamiento con el fisio en consulta privada previo pago; cuando me encontré con él me dijo que el especialista que le estaba tratando le comentó que no debía haber tardado tanto en acudir a su consulta por lo que la recuperación de la movilidad de su brazo derecho sería un poco más dolorosa. ¿Alguien recuperará la perdida eficiencia de la Sanidad Pública Madrileña?