DEPREDADORES PÚBLICOS: Condenas ejemplares para corruptores y corruptos políticos sin reducción de pena ni permisos anticipados.

En los últimos días del mes de septiembre de este año, 2014, los medios de ¿información? Nacionales nos tienen sometidos a los ciudadanos a un continuo debate sobre las perversidades de un execrable corruptor de menores que, abusando de su fuerza y circunstancias (parece ser que adormecía a sus victimas antes de ejecutar sus maldades), satisfacía sus insanas apetencias sexuales con sus retenidos a la fuerza. En esta información abundan las opiniones sobre la oportunidad de dar permisos carcelarios a estos individuos mientras están cumpliendo su condena o reducir esta en virtud de una supuesta reinserción del delincuente, misión que según parece corresponde a dicha permanencia en prisión (al parecer algunos sostienen que la permanencia en la cárcel sirve para que los penados salgan a la sociedad mejores que entraron en dichos centros; circunstancia que sin duda se da pero en un porcentaje mínimo). En este tipo de delitos está ampliamente demostrado que el preso ni se arrepiente ni pide perdón, y, lo que es peor, al salir a convivir con el resto de ciudadanos tiene las mismas o mayores apetencias delictivas que con anterioridad. La consecuencia parece evidente, este tipo de delincuentes debe cumplir la totalidad de su condena, que debe ser ejemplarizante, y no disfrutar de ninguna de las ventajas que pueda tener su buena conducta en el interior de esas prisiones, por la sencilla razón que dentro de ellas no tiene la posibilidad de ejercer sus malvados actos.

Estas circunstancias de alarma social sobre la vida de nuestros seres más queridos, nuestros hijos y nietos, no debe hacernos olvidar a los ciudadanos que existen otros delincuentes tan peligrosos o más que el tipo de los anteriormente citados y son los corruptores y los corruptos de capitales públicos; estos individuos, abusando de la confianza depositada por los ciudadanos en ellos, roban el dinero que pertenece a todos los ciudadanos, en virtud de una situación por la que el pueblo, una vez tomada la decisión de depositar su confianza en ellos no posee mecanismos para que cuando el corrupto cometa su delito desposeerle de esa confianza, entonces en virtud de aquella delegación y de su posición de fuerza el ladrón se aferra a su cargo del que no se le puede echar. Algunos ciudadanos llegan a justificar a estos delincuentes bajo la premisa de que “más robaron los otros”, ¡¡increíble!! Estos delincuentes deberían tener una penas adicionales según el Código Penal, en función del cargo que ostentan y del que se valieron para realizar sus fraudulentos negocios: Una condena por el abuso de confianza que los ciudadanos depositaron en su persona para gestionar los bienes públicos; otra condena por el robo en sí mismo, con la exigencia de la devolución de lo sustraído, más las cantidades que correspondiesen, aplicando los baremos bancarios para las situaciones de descubiertos en cuenta, por los beneficios obtenidos durante el disfrute de esas cantidades; y una última condena, por abuso de poder, que implique la inhabilitación de por vida para ocupar cualquier cargo público en cualquiera de los niveles de las administraciones nacionales o internacionales. Es decir, si a un delincuente común se le aplican la condena de 3 años por un robo de una cantidad determinada, a estos individuos habría que multiplicarla por tres.

Necesitamos penas más duras, plazos de prescripción mucho mayores y sobre todo órganos de Instrucción dotados con los medios necesarios para hacer frente a la avalancha de macroprocesos de corrupción. Dentro de los organismos públicos, habría que establecer, ya, de verdad, mecanismos de control y detección precoz de estas prácticas, y, ya de paso, que los partidos se doten de códigos éticos de verdad, no de éstos de la pandereta que sólo quieren aplicar cuando el corrupto está en la trinchera contraria. En otros países son mucho más contundentes con estos delincuentes, por ejemplo en Cuba, en donde tres empresarios canadienses han sido condenados el viernes en Cuba a penas de entre 8 y 15 años de prisión, y a la confiscación de cerca de 100 millones de dólares en activos, tras ser hallados culpables de varios delitos económicos, entre los que se cuenta el soborno, el fraude, tráfico de divisas y evasión de impuestos. El presidente y dos directivos de la compañía de servicios de transporte Tokmakjian fueron detenidos en septiembre de 2011 y juzgados en junio de este año en La Habana. El grupo Tokmakjian tenía 22 años haciendo negocios en Cuba y solía ser uno de los más importantes en el comercio automotor de la isla. Puede que sea por esto por lo que a muchos de nuestros próceres empresariales no les gusta nada los sistemas políticos en donde las reclamaciones y derechos de los ciudadanos son respetados y atendidos.

Como no se actúa contra estas figuras delictivas es con el Nuevo Código Penal del PP, que olvida el caso Barcina, que seguiría archivado con la actual redacción del delito de cohecho, el caso Matas y la figura actual de la prevaricación, que no incluye prácticas como las que llevó a cabo el ex presidente balear, que diseñó un concurso público a la medida del periodista que le escribía los discursos a través de una sociedad tapadera. No se han alterado los requisitos de lo que se entiende por delito de tráfico de influencias a raíz del caso José Blanco o que no se hayan endurecido las penas por financiación ilegal de partidos (caso Pallerols, Gürtel y los ‘papeles de Bárcenas’). Tampoco existe un nuevo tipo de delito que castigue el enriquecimiento ilícito de cargos públicos y que pudiera ser aplicable al ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El proyecto tampoco contempla ningún delito específico para perseguir la gestión negligente de los responsables de las entidades financieras rescatadas por el Estado (Bankia, Banca Cívica, Banco de Valencia, CAM…) ni incluye delitos relacionados con el mercado como el de la manipulación para alterar el valor de las cosas (la salida a bolsa de Bankia o la estafa de las preferentes). Tampoco una reforma de los delitos societarios para “que las millonarias retribuciones, prejubilaciones y pensiones auto concedidas por los consejeros de entidades financieras rescatadas sean perseguibles”

La corrupción es directamente proporcional al dinero que se maneja en cada actividad e inversamente proporcional a los controles que existen para evitarla; y digo yo, con el dinero con que se opera en el Organismo de Loterías del Estado y conociendo a los paisanos ¿sus cuentas estarán claras?

El ansia viva de los corruptos: Nos roban. Viven por encima de nuestras posibilidades.

En la actualidad en España se están dando una serie de curiosas circunstancias: Cada vez son más numerosos los casos conocidos de robos de dinero público, se roba desde cualquier posición en que se disponga de esa posibilidad y se sustrae con ansia, como si se percibiese que el dinero público empieza a escasear o que las condiciones para realizar esos atracos van a variar de forma sustancial y hay que apresurarse. Los ladrones de dinero público no se conforman con una cantidad “razonable” de dinero público robado, sino que se esfuerzan en acumular ingentes cantidades, que posibilitarán que ellos y sus descendientes, en muchas generaciones, se aseguren una holgada situación financiera. Otra cuestión a considerar es la percepción que tienen los ladrones (y los ciudadanos en general) de la impunidad en que pueden moverse (ninguno de ellos está en la cárcel) debido a las nulas e intranscendentes consecuencias que, en general, tienen sus actos, dándose la paradójica situación que muchos de estos ladrones que son cargos políticos electos en sus respectivas circunscripciones se vuelven a presentar a futuras elecciones, que vuelven a ganar por mayorías absolutas. Esta última circunstancia debería llevarnos a considerar el bagaje sociológico  del tipo medio de ciudadano que habitamos en este país.

La Ley marca que el ladrón de dinero público debería de devolver hasta la cantidad máxima de seis veces lo robado, pero esta situación no se da en ningún caso, siendo numerosos los robos que permiten a los ladrones, después de haber pasado un corto periodo en la cárcel, disfrutar de los beneficios de lo sustraído porque no hubo forma legal de demostrar que tenían patrimonio suficiente para ese resarcimiento (fue famoso el caso de Roldan, el director de la Guardia Civil, que a pesar de que los jueces conocían que el interfecto poseía numerosas propiedades inmobiliarias en España y en extranjero, sólo se le pudieron adjudicar como propias cinco o seis de ellas por la interposición de testaferros que figuraban como propietarios, pudiendo disfrutar actualmente el antedicho del beneficio de dichos inmuebles).

Hace unos días un profesor español en una universidad alemana (no recuerdo el nombre del sujeto) comentaba en una cadena de televisión la diferencia existente entre el nivel de corrupción en Alemania y España; el susodicho mantenía que en Alemania la corrupción pública era casi inexistente, accidental, mientras que en España era la circunstancia más numerosa y habitual; preguntado por las razones de esa diferencia el profesor contó lo que sucedía a un cargo público alemán que se le condenase por corrupción: La inhabilitación para desempeñar un futuro cargo público era de por vida, nunca jamás podría presentarse para ocupar un cargo público; el resarcimiento al erario público era muy superior a lo sustraído y si no podía hacerse cargo de esas cantidades se incautaban las de los parientes más próximos o se pagaba con prolongación de la pena de cárcel sin posibilidad de reducción; los juicios por estas causas eran especialmente rápidos y las condenas penales más que suficientes. Abundo en muchos más datos que ahora no recuerdo pero la impresión que me dejó era que la corrupción en España tenía mucho que ver con la impunidad con que se mueven corruptos y corruptores, y la falsa separación de los poderes del Estado, en estos casos de manera ostensible, con la enorme politización de la justicia en sus más altos órganos.

Me falta por decir que si en España todo el dinero público que han robado los que realmente viven por encima de nuestras posibilidades se hubiese destinado a los fines que la recaudación impositiva nos enuncia, no habría que haber realizado recortes en ninguna partida social.

Aparte de la injusticia social de la aplicación de esas políticas de recortes a las capas sociales más necesitadas cuando cualquier director de gran empresa paga menos impuestos que su secretaria asalariada, y las grandes fortunas reciben subvenciones de la CEE que les permiten mantener sus grandes propiedades agrarias improductivas pero hábiles para una “bonita” partida de caza con las escopetas más renombradas del país.

Auditoría de la Deuda Impropia del Estado español

Es meridianamente evidente para la mayoría de los ciudadanos informados, que el poder en las democracias occidentales no reside en los gobiernos elegidos democráticamente sino en los poderes económicos, que nadie ha votado pero que a la postre son los que determinan cuales son las medidas legales que esos gobiernos deben adoptar, para así defender mejor sus exclusivos intereses a costa, incluso, de la vida y miserias de los ciudadanos.

Esa situación está generalizada en todos esos países en virtud de la supeditación que tienen las grandes formaciones políticas a la financiación de esas entidades financieras para poder costear el enorme aparato burocrático en que se han convertido todas ellos.

La Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, publicada en el BOE de 30 de diciembre de 2013,  se adopta con el interés del redimensionamiento de los entes instrumentales locales y de las sociedades mercantiles locales; en ella aparecen las funciones impropias de las Haciendas Locales, que pueden dar lugar a que se impida su realización por el gobierno a no ser que las entidades locales sean capaces de financiarlas con sus propios y exclusivos recursos.

Y ahora hablemos de la Deuda Impropia del Estado Español:

Si la deuda pública española a finales del año 2014 va ser igual al importe del PIB nacional y este será de UN BILLÓN DE EUROS.

Si suponemos que toda la deuda se pagará a un tipo de interés uniforme del 4% (existen ligeras diferencias entre los tipos de interés de cada emisión).

Si el periodo de duración de esos créditos es de 10 años; el capital obtenido por el Estado Español por la emisión de esa deuda sería de 675.565 millones de euros; por tanto el interés que PAGAREMOS ENTRE TODOS es de 324.435 millones de euros en diez años.

Si sabemos que los bancos privados están accediendo al crédito del BCE (Banco Central Europeo) al 0,25% (una cuarta parte menos del punto básico de interés) y que son estos bancos, nacionales y extranjeros, los que están comprando deuda española, es evidente que el Estado Español está transfiriendo 324.435 millones de euros a estos bancos por el pago de los intereses de la deuda.

Si algún gobierno español (de cualquier ideología, aunque es evidente que unos deberían ser más proclives a ello que otros) se hubiese planteado nacionalizar algunos de los numerosos bancos que se han rescatado con dinero público (de todos nosotros), estos bancos habrían podido acceder a los créditos del BCE, a los tipos de cualquier otra entidad financiera (el 0,25%).

Si algún banco nacionalizado hubiese comprado deuda pública (con los créditos concedidos por el BCE al 0,25%), y esa deuda la hubiese comprado al 0,50% (es decir, al doble del interés que le cobraría el BCE), el banco nacionalizado habría obtenido un beneficio de 17.468 millones de euros y el Estado se habría ahorrado en el pago de intereses (con una cantidad de capital igual obtenida, es decir 675.565 millones de euros) 289.886 millones de euros, que esta es la cantidad en exceso que España (sus gobiernos) ha transferido a la banca compradora de deuda pública española.

Esta cantidad que el Estado Español ha transferido a los bancos privados, españoles y extranjeros, y a los fondos de inversión, supone un beneficio para estos del 48% (si comprasen deuda española por importe de 100 euros a ellos les habría costado esa cantidad 100,0025 euros y al cabo de diez años recibirían 148,0244285 euros, es decir, habrían obtenido un beneficio sobre el coste de adquisición de 48,0219285 euros, un 48,0219285% sobre lo invertido); de haberlo hecho a través del banco nacional este obtendría al cabo de los diez años 105,1140132, a pesar de que cobraría un tipo de interés del 0,5% (por lo que el banco nacional obtendría un jugoso beneficio), doble del que le impondría el BCE; la diferencia entre la cantidad  que España deberá pagar a los bancos privados (148,0244285 euros) por cada 100 euros invertidos, y la que pagaría a un hipotético banco nacional (105,1140132 euros) es de 42,9104165 euros por cada cien euros invertidos.

Esta cantidad sería la que, en una hipotética auditoría de la deuda, fuese considerada impropia y que no se debería (como mínimo) de pagar a la banca tenedora de bonos de deuda española a 10 años.

Importe muy superior a los recortes correspondientes en Educación y Sanidad realizados por el gobierno del PP.

Es cierto que existen ciudadanos privados que han invertido en Deuda Pública Española; para estos habría que habilitar un procedimiento distinto pero que no les permitiese obtener una rentabilidad semejante a la prevista para los grandes inversores; un interés razonable sería la mejor opción.

Otra política es posible.

¡¿ Trabajadores votantes del PP (Partido Peligroso)?!

Que España es un país diferente es una cuestión en la que, seguramente, estaremos la mayoría de acuerdo. Desde 1939 hasta 1975 (36 años), con la muerte del dictador, los trabajadores españoles soportaron una de las más sangrientas y duras represiones que se conocen históricamente, ocasionando que al día de hoy miles de cadáveres de ciudadanos permanezcan en las cunetas de las carreteras, siendo imposible para sus familiares realizar el entierro de esos restos, que sin duda se merecen. A pesar de las duras condiciones en que se desarrollo este tramo de la historia reciente de España, y de la supuesta gallardía de sus habitantes, el insurrecto consiguió terminar sus días en su lecho de muerte sin que nadie ni nada perturbara su expiración.

Tras ese periodo, los mismos poderes que gobernaron con el dictador produjeron una transformación del sistema de convivencia, haciéndonos ver que eso era lo que se entendía por democracia; eminentes próceres patrios nos lo quisieron hacer pasar por un ejemplo para el resto del mundo en semejantes procesos de transición, aunque, sin embargo, todos los partícipes estuvieron de acuerdo en que debía de contener una serie de limitaciones para evitar “excesos democráticos”, como la imposibilidad de juzgar los crímenes del anterior sistema, la revisión de los desahucios de propiedades por los dirigentes del sistema  o la imposibilidad para los partidos republicanos de participar en ese proceso. Los pequeños avances en los derechos comunes conseguidos por los trabajadores, fueron duramente peleados por las poderosas fuerzas que seguían dominando la vida diaria; fueron muchas las manifestaciones y demostraciones de poder popular las que se necesitaron realizar para conseguir siquiera las migajas del pastel.

Actualmente se hablaba de un sistema con un relativo Estado del Bienestar, cuando este no era más que una ínfima proporción del que disfrutaban los países de nuestro entorno. Nuestros padres y abuelos fueron máximos protagonistas de todo lo acontecido hasta hoy. ¿Y ahora, qué pasa? Pues que un partido que gano unas elecciones con un mínimo porcentaje de votos sobre el total de los votantes pero por mor de una ley electoral (consensuada y coparticipada por los dos más poderosos partidos políticos del arco parlamentario, y sus afines nacionalistas) que premia a los partidos más votados hasta con los votos emitidos en blanco, se encuentra en situación de mayoría parlamentaria, que en función de las leyes existentes en España (también elaboradas, pensadas y formuladas por los dos máximos partidos) pueden permitirse eliminar, en el breve plazo de dos años de legislatura, todos los derechos que a los trabajadores les costaron decenios conseguir, así se pretende hacer desaparecer uno de los derechos fundamentales de la Constitución de 1978, como es el de una educación pública de calidad, premiando a la educación privada en detrimento de la pública; la sanidad, intentando y consiguiendo privatizarla; produciendo una reforma laboral que sólo ha servido para disminuir los salarios de los trabajadores (lo que era su verdadera finalidad y no la de creación de empleo, ya que no se podía hacer una devaluación de la moneda), con trabajos más escasos y precarios, con un incremento del número de parados y de familias que no reciben ninguna prestación como jamás se había conocido en el país; con una ley que pretende reprimir hasta las manifestaciones populares; con la puesta a disposición de sus amigos de todos los servicios públicos que puedan ser económicamente rentables; con la privatización de servicios esenciales como es el agua que necesitamos diariamente; con la permisividad hacia la iglesia católica que está registrando como suyos, sin ninguna oposición por parte de las autoridades públicas, todos los bienes que son propiedad de los habitantes de los distintos pueblos que son los que los han construido y mantenido; privatizando los servicios de los registros de la propiedad para que sean los registradores privados los que cobren a los particulares servicios que siendo públicos eran gratuitos; con una situación jurídica de financiación irregular del partido del gobierno que se extiende a lo largo de toda la etapa “democrática” (directamente vinculada a la concesión de contratos administrativos amañados e ilegales a empresas privadas, directamente vinculadas con las donaciones), que ha producido contabilidad fraudulenta y cobros ilegales de todos los dirigentes del partido; desahucios de sus hogares a trabajadores sin ningún ingreso; jueces que son juzgados por atreverse a imputar a impresentables banqueros; “rescates” multimillonarios a bancos sin que ninguno de sus gestores sea responsabilizado del gobierno de esas entidades, sino que antes bien, al contrario, son generosamente compensados económicamente.

Y el próximo día 25 de mayo de 2014 se realizaran las votaciones para los representantes españoles en los órganos europeos, y existe la posibilidad, ya acontecida en otras votaciones similares, de que algunos trabajadores voten al partido de esta derecha rancia y trasnochada, y yo me pregunto ¿cómo es posible que personas que han visto disminuir de manera exagerada sus derechos y libertades como individuos de una clase social, completamente diferente a la que los actuales gobernantes pertenecen, que jamás serían aceptados en ninguno de sus círculos sociales, par más que se autodefinan como “el partido de los trabajadores” en diferido, voten esta opción?

Lo dicho, ESPAÑA país para psiquiatras.

Otra forma de discriminación, en función de la riqueza heredada, tal vez la menos evidente.

Es necesario llamar la atención del público sobre las cuestiones de la desigualdad de la riqueza y la renta, que, por muchas razones (algunas “objetivas” y otras quizá dictadas por los intereses de los ricos), suelen esconderse debajo de la alfombra para que no alteren mucho al público. Hay que colocar en el centro del debate social los temas relacionados con la desigualdad y la riqueza, especialmente en tiempos de crisis, para estimular alguna forma de activismos social que parece que está pasado de moda. Dicho de otra manera: las personas tienen derecho a empezar a cuestionarse la justificación de ciertas rentas y la enorme brecha que existe entre ricos y pobres de la mayoría de los países, incluyendo los Estados Unidos del Norte de América, y entre los países ricos y pobres del mundo.

¿Cómo acabar con la desigualdad? Algunos autores, basándose en la lógica, argumentan que un sector financiero más amplio y eficiente permitiría a los individuos pobres acoger a créditos para financiar su propia educación, lo que reduciría la desigualdad a medida que las puertas del progreso educativo se abrieran para todos y no estuvieran reservadas sólo para los ricos. Se supone que el gasto del gobierno (como proporción del producto interior bruto o PIB) o el empleo público (como porcentaje de la mano de obra total) tienen un efecto limitador de la desigualdad, en primer lugar porque ayudan a los pobres, y en segundo lugar porque limitan la desigualdad salarial. 

A la desigualdad en relación con la eficiencia económica, le pasa algo parecido al colesterol: existe una desigualdad “buena” y otra “mala”. La desigualdad “buena” es necesaria para crear incentivos con el fin de que las personas estudien, se esfuercen en trabajar o  inicien proyectos empresariales arriesgados. Nada de esto puede conseguirse sin que se produzca a cambio cierta desigualdad. Pero la desigualdad “mala” empieza en el momento (difícil de definir) en que, en lugar de proporcionar una motivación para destacar, proporciona los medios para conservar las posiciones adquiridas. Esto ocurre cuando la desigualdad de patrimonio o de ingresos evita un cambio político de la sociedad que tendría consecuencias positivas para la economía o sirve para que sólo los ricos tengan acceso a la educación, o para asegurar que consigan los mejores empleos. Todos estos casos reducen la eficiencia económica de una sociedad. Si la capacidad de cualquiera para acceder a la educación de calidad depende fundamentalmente de la fortuna de sus progenitores, esto equivale a privar a la sociedad del talento y los conocimientos de buena parte de sus miembros (los pobres). En este sentido, la discriminación en función de la riqueza heredada no se diferencia de cualquier otra discriminación, como la derivada del sexo o de la raza. En todos los casos, la sociedad decide que las capacidades de cierto grupo de personas no serán utilizadas. Es poco probable que estas sociedades tengan éxito económico. Dependiendo de qué tipo de desigualdad sea la dominante en un determinado país y época (la “positiva”, necesaria para proporcionar incentivos, o la “negativa”, que asegura el monopolio de los ricos ), puede considerarse beneficiosa o perjudicial para el conjunto global de una sociedad.

La introducción de la democracia política es la clave que hace insostenible la desigualdad política elevada. El sistema capitalista debe generar por si mismo una distribución previa a los impuestos que sea sostenible y que no estimule a las personas a decidir tasas fiscales desorbitadas. Para que esto se produzca es necesario redistribuir los activos de manera relativamente equitativa entre las personas. A corto o medio plazo, no es posible influir en gran medida en la distribución de los activos financieros, pero si se puede intervenir en la distribución de la educación (lo que los economistas llaman “capital social”), y de ahí el énfasis en un mejor acceso a la enseñanza de calidad para todo el mundo; una distribución más general de dicho activo igualaría la distribución de la renta antes de impuestos e influiría para que incluso quienes son relativamente pobres se lo pensarán dos veces antes de votar a una opción política que propusiese impuestos elevados.

Un cambio en el desarrollo económico produce también un cambio en nuestro modo de considerar la utilidad de la desigualdad. Si la difusión de la enseñanza se ve restringida porque los hijos con talento de los pobres no pueden pagar su educación, el índice de crecimiento económico comenzará a disminuir. Una educación de calidad generalizada es equivalente a una menor desigualdad. 

Desigualdad global

La desigualdad surge en el mismo momento en que nace la sociedad, porque las diferencias de poder y riqueza acompañan a todas las sociedades humanas. La desigualdad es social por definición, ya que nace por comparación (sólo puedo ser desigual a algún otro con el que me comparo). Por lo tanto, sólo puede existir desigualdad cuando hay una sociedad. Además, la desigualdad tiene más sentido cuando la sociedad es algo más que una simple acumulación mecánica de individuos, sino un grupo de personas que comparten determinadas características, como un gobierno, una lengua, una religión o una memoria histórica comunes.

Según algunos autores existen tres tipos de desigualdades económicas o de la renta que conforman nuestro mundo. El primero son las desigualdades entre  los ciudadanos de un mismo país. Éste es el tipo de desigualdad en que normalmente pensamos cuando alguien menciona la desigualdad de renta. El segundo son las desigualdades entre las naciones, es decir, las diferencias entre las rentas medias de los países ricos y los países pobres. Ésta es también una desigualdad conocida como bien sabe el turista. Y el tercero es la desigualdad global, la desigualdad de la renta entre todos los ciudadanos del mundo. Esta claro que la tercera es una combinación de las dos anteriores.

Las tres influyen en nuestra vida. La desigualdad dentro de un país nos parece la más importante porque la vemos y sentimos todos los días. Si percibimos la desigualdad entre los países es porque se manifiesta a través de los flujos migratorios. De la misma manera somos conscientes de la desigualdad global, ahora que la crisis financiera se está convirtiendo en una crisis del sistema económico global, y cuando es evidente que su solución no puede ser nacional sino paneuropea o incluso global.

España está en el cruce de todos estos tipos de desigualdades; la percepción de la riqueza y de la pobreza se acentuó después  del inicio de la crisis. El creciente paro que afecta principalmente a los jóvenes ha contribuido a esta percepción. Pero el paro no significa solamente que la gente no tenga trabajo en este momento, sino que también indica un futuro precario e inseguro.

La inmigración de África, América Latina y Europa del Este es la forma más obvia en que se ha reflejado en España el desequilibrio económico del mundo actual. La inmigración es sin duda es la fuerza más potente para reducir la pobreza y también la desigualdad global, como fue el caso a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando millones de europeos emigraban a América del Norte y América Latina. Pero también crea problemas de “absorción” de los inmigrantes, choques culturales y problemas políticos. Probablemente será un problema más importante en este siglo de lo que fue en siglos pasados.

Hace pocos años la crisis financiera estaba empezando; el papel que la creciente desigualdad en los Estado Unidos ha desempeñado en la creación de la crisis parecía obvio. La crisis continúa y además se agrava; sus efectos ya son visibles no solamente en los indicadores económicos sino en la movilización social. Las manifestaciones de los indignados se suceden en todas las zonas del mundo. Cómo acabará esta efervescencia social, y cómo y cuándo llegará el final de la crisis  no es fácilmente previsible, pero sabemos que dos temas, “la desigualdad” y “la globalización”, estarán con nosotros durante los próximos años y probablemente en las décadas que vienen. 

Las personas tienen derecho a empezar a cuestionarse la justificación de ciertas rentas y de la enorme brecha que existe entre los ricos y los pobres, en la mayoría de los países, incluidos los Estados Unidos, y entre los países ricos y pobres del mundo. Son cuestiones que los segmentos dominantes de los creadores de opinión suelen dejar de lado, con demasiada facilidad, argumentando que todas o la mayoría de las desigualdades vienen determinadas por los mercados, por lo que no deberían ser materia de discusión. Sin embargo, la mayoría de ellas no están determinadas por los mercados, sino por los poderes políticos (como muestran numerosos ejemplos de la crisis financiera), ni su cuestionamiento puede descartarse en los debates sociales aludiendo al “mercado”. La economía de mercado es una construcción social, creada, (o, mejor dicho, descubierta) para servir a las personas, por lo que, en cualquier sociedad democrática, plantear cuestiones sobre su manera de funcionamiento es absolutamente legítimo.

Peligro para las empresas públicas

Según se consulte la información facilitada por los miembros del gobierno o los estudios que sobre la economía española se hacen en el extranjero, podemos pensar que estamos saliendo de la crisis o que la suerte de España está echada y de estamos condenados al ostracismo económico, al estancamiento y a la deflación por mucho tiempo.  Existe una antigua tesis de que sólo un largo periodo de deflación, es decir, de caída de precios y salarios, permitirá reducir las actuales tasas españolas de paro. Sólo que en esta ocasión se añade un dato un tanto sobrecogedor: ese terrible esfuerzo sólo dará como resultado, y dentro de unos cuantos años, una tasa de paro del 15% o de algo menos.

Si a esos apuntes se añaden la pésima impresión que en la prensa mundial han causado las informaciones en torno al escándalo Bárcenas y a la corrupción, en general, y la que afecta a la Casa Real, en particular, y la sensación de que existe el serio riesgo de que Cataluña pueda separarse de España –hipótesis que varios diarios europeos han dado por hecha –, se comprenderá que la imagen de nuestro país –la "Marca España"– no está en su mejor momento. Hasta el punto de que el fracaso de la candidatura olímpica de Madrid no ha generado comentario alguno: porque nadie creía que tuviera la mínima posibilidad de tener éxito.

La situación de una empresa pública esta inmersa en esa cruda realidad, y en la de las políticas aplicadas por el gobierno de la nación, que condena al ostracismo a todo lo que huela a gestión pública, previéndose que en el futuro crecerá el número de despidos, principalmente en el sector público.

La Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, publicada en el BOE de 30 de diciembre de 2013,  se adopta con el interés del redimensionamiento de los entes instrumentales locales y de las sociedades mercantiles locales. El punto de mira se debe poner en el conjunto de medidas que se pretenden impulsar (esto es, en “el modelo” de reordenación de competencias locales que se predica), pues directa o indirectamente afectarán al futuro existencial de un buen número de esas sociedades mercantiles.

Los ayuntamientos podrán mantener las competencias no propias, así como las actividades económicas que estén impulsando, siempre que se acrediten dos extremos: a) Que no se ponga en riesgo financiero el ejercicio de las competencias propias; y b) Que se garantice la sostenibilidad financiera de esas nuevas competencias o actividades económicas y se cumpla los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria.

Pieza clave, por tanto, para que las empresas públicas puedan seguir actuando será, sin duda, el proceso de evaluación de servicios municipales. De tal manera, que aquellas entidades locales que tengan en marcha un plan de ajuste o saneamiento financiero no podrán promover la creación de cualquier tipo de sociedades mercantiles; aquellas empresas públicas que realicen competencias impropias (agencias desarrollo local, empresas de la vivienda, etc.) para los ayuntamientos podrán ser privatizadas si el proceso de valoración de la entidad resulta negativo.  Esta Ley trata, en definitiva, de reducir drásticamente la nómina de empleados públicos (funcionarios, laborales o trabajadores de las empresas públicas) y aprovechar para privatizar aquellas actividades desarrolladas por ellos que sean económicamente rentables.

El espacio para la política se achica. Lo importante es garantizar la devolución del dinero prestado. Los acreedores mandan.

No es pertinente demonizar a una empresa pública, aunque ejerza actividades administrativas, por la forma: Lo importante es cómo se hacen las cosas y con qué recursos.

Cardo Mariano

Las reformas neoliberales de los últimos años han traído consigo más crisis, menos actividad, más desempleo, más desigualdad y un sistema financiero incapaz de generar los recursos que necesitan empresas y familias. No hay razones económicas o matemáticas (que no sean las de generar mayores beneficios a los grupos empresariales y financieros) que permitan sostener con fundamento que conviene desregular las finanzas, privatizar las empresas y servicios públicos, abandonar la supervisión y el control de la banca privada, dar plena libertad a los movimientos de capital o permitir que  se especule con los bienes básicos de los que depende la vida humana y la existencia del planeta.

El cardo mariano es un potente protector del hígado como desintoxicante de las células; otros estudios realizados concluyen que contribuye a reducir el colesterol y preserva el cerebro contra los radicales libres que contribuyen a la degeneración de éste, protegiéndole del lento proceso de envejecimiento.

Con efectos completamente diferentes a los producidos por Mariano El Cardo, cuyas políticas neoliberales ideológicamente dirigidas por el F. M. I., el Banco Central  Europeo, Consejo de Europa y, en último término pero no por ello menos importante, Doña Ángela de los Dolores (que nos ocasiona tantas desdichas a los ciudadanos de los países periféricos de Europa, que asistimos estupefactos, y quietos, a las consecuencias de la aplicación de sus recortes ¿inexcusables?).

En Estados Unidos del Norte de América, el 1% tenía el 37% de toda la riqueza del país en el periodo 2006-2007, pero lo más significativo es que durante el tiempo que va de 1977 a 2007 (años en que se aplicaron las políticas neoliberales) ese 1% consiguió el 57% de toda la renta generada en ese periodo. Situación mejorada durante el mandato de George W. Bush, entre 2002 y 2006, cuando ese 1% recibió nada menos que el 78% de toda la riqueza generada durante esos años. En España viene sucediendo algo semejante a los de los EE UU desde que en el año 2011 comenzó la travesía del desierto para los españoles más pobres, gracias al mandato ¡¡¡sin ideología!!!  Mariano.

La desigualdad en la distribución de las rentas  se ha convertido así en la principal fuente de la hipertrofia financiera que caracteriza al capitalismo de casino de nuestros días, pero no hay que olvidar que lo que hay siempre detrás de la desigualdad es el conflicto entre los diferentes grupos sociales, la lucha de clases. Ésta, lejos de lo que nos quieren hacer creer, está más viva que nunca, cuando los de arriba se apropian de una parte cada vez mayor de los recursos que los de abajo necesitan para satisfacer incluso sus más básicas necesidades. Lo que quiere decir y demuestra, que detrás de estos procesos económicos y de concentración de la riqueza financiera subyace un sustrato político que hay que desvelar para poder comprender la verdadera naturaleza de los problemas que nos afectan y, lógicamente, para poder solucionarlos con otras perspectivas más satisfactorias para los seres humanos.

Para alcanzar otras alternativas posibles quizá sea mejor aprender la lección de aquellas personas y grupos sociales que en circunstancias parecidas sufrieron el dominio de otros, aparentemente más poderosos,  que los trataban como si fueran sus amos. Ese fue el caso de Rosa Park, que se negó a ceder su asiento en el autobús de Montgomery, Alabama, a un blanco, cuando estos eran los amos, utilizando una frase de sus memorias, de actualísima vigencia para España, que debería enseñarse a todas las mujeres y hombres desde la infancia para que no se olvidase nunca:”MIENTRAS MÁS OBEDECÍAMOS, PEOR NOS TRATABAN”.

Reflexiones de fin de año

1ª. Hace unos días escuche unas afirmaciones, en el programa “Al Rojo Vivo” de la cadena de televisión La Sexta, de una señora o señorita, que decía ser miembra de un cargo orgánico del PSOE, respecto a la solución que debía darse al tema de las pensiones; la referida mantenía que “la solución para los que perciben una renta baja por pensión de la Seguridad Social debe ser reducir la cuantía de las pensiones más altas para poder incrementar lo recibido por las pensiones más bajas”; dicha afirmación me produjo una desagradable sorpresa al imaginarme que era la solución que proponía el PSOE dado que la citada decía representar a dicho partido. Se la olvidaba a la mencionada anteriormente que los pensionistas que reciben la máxima aportación posible de la S. S., lo son porque durante un largo periodo de su vida laboral han cotizado sobre los importes de las bases máximas que fijaban en su día los órganos de la S. S., y que por tanto recibían el compromiso de aquella de ser retribuidos con los máximas pensiones cuando llegase el momento de su jubilación; por otro lado también se le olvidaba que muchos de los que actualmente perciben una renta mínima lo son porque durante mucho tiempo cotizaron por las menores bases de cotización por diferentes razones, unos porque preferían tener el dinero en su poder, y otros porque no podían cotizar a razón de bases superiores. Dicho todo esto, es cierto que hay que solucionar los casos de pensiones inferiores que no protegen una vida digna, pero primero, habrá que estudiar cada caso porque son muy diferentes las circunstancias que concurren en cada uno, y segundo, la solución no puede venir de reducir las pensiones de los que más cobran por haber cotizado más durante su vida laboral, esto sería una injusticia. La solución debe venir de aprovisionar las cantidades necesarias para el pago de todas las pensiones a través de los presupuestos generales del estado de cada anualidad.  

2ª. En el año 2014 se tienen que producir el proceso de votación de elección de los representantes españoles ante la comunidad europea; no hace falta mencionar la importancia de las decisiones de los organismos europeos en las circunstancias políticas y económicas de un país, en España han sufrido y continúan sufriendo  amplias capas de la población más desfavorecida sus consecuencias; por esta razón y alguna más es extremadamente importante el resultado de estas votaciones si de verdad queremos que Europa sea un espacio de libertad de los ciudadanos o un campo de golf de los banqueros, para evitar esto último es imprescindible que en Europa estén los españoles que sepan y quieran defender un modelo de organización más próxima al ciudadano, unos hombres y mujeres que no les importe viajar en clase turista en un avión aunque ello represente viajar pegados a otros ciudadanos. Para ello los partidos políticos españoles deberían hacer los movimientos necesarios para remover a tanto “aristócrata político” como hay en los actuales cargos.

3ª. Cada noticia que conocemos los ciudadanos del caso Caja Madrid / Blesa / Preferentes / Juez Elpidio Silva, nos ocasiona una sensación de desazón al comprobar que uno de los más grandes fraudes al conjunto de los ciudadanos  españoles no tiene la suficiente consideración de la fiscalía general del estado para abrir un proceso, antes bien al contrario se le inhabilita a quien fue capaz de abrir un expediente que acabo con los huesitos de Blesa en la cárcel. Los partidos políticos tampoco parecen tener mucho interés en que se auditen los años de ejercicio de Caja Madrid en toda la gestión desde sus inicios, y pretenden salir airosos de la situación con declaraciones del tipo “estamos estudiando que acciones legales realizar”; no quiero pensar que esta inacción de las formaciones políticas tenga nada que ver con los millones de deuda que tenían con la citada entidad financiera y que su consejo de administración (el de la Caja) perdonó graciosamente a esas formaciones, importantes cantidades que de haber sido perdonadas a muchos ciudadanos habrían evitado numerosos desahucios; tampoco puede ser motivo de esa actitud el que en toda la vida de la entidad financiera miembros políticos y sindicales formasen parte de los consejos de administración y, consecuentemente, fueran parte importante de las decisiones que tomasen esos consejos, aunque alguno de sus miembros argumente que él “no entendía ¿nada? de contabilidad y que aprobaba lo que le ponían delante”;  de  seguro que esa no es la razón y existen motivaciones más profundas e importantes para que dichas organizaciones no tomen ninguna acción legal.

Iba a finalizar el artículo deseándoos un feliz año 2014 pero la realidad que nos circunda me inclina más a desearos un feliz futuro recordándoos que el futuro está por hacer y depende de todos nosotros el cómo y de qué manera sea. Participemos más en la vida política y social del país y evitemos que sólo participen algunos.