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miércoles, 23 de abril de 2014

Otra forma de discriminación, en función de la riqueza heredada, tal vez la menos evidente.

Es necesario llamar la atención del público sobre las cuestiones de la desigualdad de la riqueza y la renta, que, por muchas razones (algunas “objetivas” y otras quizá dictadas por los intereses de los ricos), suelen esconderse debajo de la alfombra para que no alteren mucho al público. Hay que colocar en el centro del debate social los temas relacionados con la desigualdad y la riqueza, especialmente en tiempos de crisis, para estimular alguna forma de activismos social que parece que está pasado de moda. Dicho de otra manera: las personas tienen derecho a empezar a cuestionarse la justificación de ciertas rentas y la enorme brecha que existe entre ricos y pobres de la mayoría de los países, incluyendo los Estados Unidos del Norte de América, y entre los países ricos y pobres del mundo.
¿Cómo acabar con la desigualdad? Algunos autores, basándose en la lógica, argumentan que un sector financiero más amplio y eficiente permitiría a los individuos pobres acoger a créditos para financiar su propia educación, lo que reduciría la desigualdad a medida que las puertas del progreso educativo se abrieran para todos y no estuvieran reservadas sólo para los ricos. Se supone que el gasto del gobierno (como proporción del producto interior bruto o PIB) o el empleo público (como porcentaje de la mano de obra total) tienen un efecto limitador de la desigualdad, en primer lugar porque ayudan a los pobres, y en segundo lugar porque limitan la desigualdad salarial. 
A la desigualdad en relación con la eficiencia económica, le pasa algo parecido al colesterol: existe una desigualdad “buena” y otra “mala”. La desigualdad “buena” es necesaria para crear incentivos con el fin de que las personas estudien, se esfuercen en trabajar o  inicien proyectos empresariales arriesgados. Nada de esto puede conseguirse sin que se produzca a cambio cierta desigualdad. Pero la desigualdad “mala” empieza en el momento (difícil de definir) en que, en lugar de proporcionar una motivación para destacar, proporciona los medios para conservar las posiciones adquiridas. Esto ocurre cuando la desigualdad de patrimonio o de ingresos evita un cambio político de la sociedad que tendría consecuencias positivas para la economía o sirve para que sólo los ricos tengan acceso a la educación, o para asegurar que consigan los mejores empleos. Todos estos casos reducen la eficiencia económica de una sociedad. Si la capacidad de cualquiera para acceder a la educación de calidad depende fundamentalmente de la fortuna de sus progenitores, esto equivale a privar a la sociedad del talento y los conocimientos de buena parte de sus miembros (los pobres). En este sentido, la discriminación en función de la riqueza heredada no se diferencia de cualquier otra discriminación, como la derivada del sexo o de la raza. En todos los casos, la sociedad decide que las capacidades de cierto grupo de personas no serán utilizadas. Es poco probable que estas sociedades tengan éxito económico. Dependiendo de qué tipo de desigualdad sea la dominante en un determinado país y época (la “positiva”, necesaria para proporcionar incentivos, o la “negativa”, que asegura el monopolio de los ricos ), puede considerarse beneficiosa o perjudicial para el conjunto global de una sociedad.
La introducción de la democracia política es la clave que hace insostenible la desigualdad política elevada. El sistema capitalista debe generar por si mismo una distribución previa a los impuestos que sea sostenible y que no estimule a las personas a decidir tasas fiscales desorbitadas. Para que esto se produzca es necesario redistribuir los activos de manera relativamente equitativa entre las personas. A corto o medio plazo, no es posible influir en gran medida en la distribución de los activos financieros, pero si se puede intervenir en la distribución de la educación (lo que los economistas llaman “capital social”), y de ahí el énfasis en un mejor acceso a la enseñanza de calidad para todo el mundo; una distribución más general de dicho activo igualaría la distribución de la renta antes de impuestos e influiría para que incluso quienes son relativamente pobres se lo pensarán dos veces antes de votar a una opción política que propusiese impuestos elevados.

Un cambio en el desarrollo económico produce también un cambio en nuestro modo de considerar la utilidad de la desigualdad. Si la difusión de la enseñanza se ve restringida porque los hijos con talento de los pobres no pueden pagar su educación, el índice de crecimiento económico comenzará a disminuir. Una educación de calidad generalizada es equivalente a una menor desigualdad.