Es meridianamente evidente para la mayoría de los
ciudadanos informados, que el poder en las democracias occidentales no reside
en los gobiernos elegidos democráticamente sino en los poderes económicos, que
nadie ha votado pero que a la postre son los que determinan cuales son las
medidas legales que esos gobiernos deben adoptar, para así defender mejor sus
exclusivos intereses a costa, incluso, de la vida y miserias de los ciudadanos.
Esa situación está generalizada en todos esos
países en virtud de la supeditación que tienen las grandes formaciones
políticas a la financiación de esas entidades financieras para poder costear el
enorme aparato burocrático en que se han convertido todas ellos.
La Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, publicada en el BOE de 30 de diciembre de 2013, se adopta con el interés del
redimensionamiento de los entes instrumentales locales y de las sociedades
mercantiles locales; en ella aparecen las funciones impropias de las Haciendas
Locales, que pueden dar lugar a que se impida su realización por el gobierno a
no ser que las entidades locales sean capaces de financiarlas con sus propios y
exclusivos recursos.
Y ahora hablemos de la Deuda Impropia del Estado Español:
Si la deuda pública española a finales del año 2014 va ser
igual al importe del PIB nacional y este será de UN BILLÓN DE EUROS.
Si suponemos que toda la deuda se pagará a un tipo de interés
uniforme del 4% (existen ligeras diferencias entre los tipos de interés de cada
emisión).
Si el periodo de duración de esos créditos es de 10 años; el
capital obtenido por el Estado Español por la emisión de esa deuda sería de
675.565 millones de euros; por tanto el interés que PAGAREMOS ENTRE TODOS es de
324.435 millones de euros en diez años.
Si sabemos que los bancos privados están
accediendo al crédito del BCE (Banco Central Europeo) al 0,25% (una cuarta
parte menos del punto básico de interés) y que son estos bancos, nacionales y
extranjeros, los que están comprando deuda española, es evidente que el Estado
Español está transfiriendo 324.435 millones de euros a estos bancos por el pago
de los intereses de la deuda.
Si algún gobierno español (de cualquier
ideología, aunque es evidente que unos deberían ser más proclives a ello que
otros) se hubiese planteado nacionalizar algunos de los numerosos bancos que se
han rescatado con dinero público (de todos nosotros), estos bancos habrían
podido acceder a los créditos del BCE, a los tipos de cualquier otra entidad
financiera (el 0,25%).
Si algún banco nacionalizado hubiese comprado
deuda pública (con los créditos concedidos por el BCE al 0,25%), y esa deuda la
hubiese comprado al 0,50% (es decir, al doble del interés que le cobraría el
BCE), el banco nacionalizado habría obtenido un beneficio de 17.468 millones de
euros y el Estado se habría ahorrado en el pago de intereses (con una cantidad
de capital igual obtenida, es decir 675.565 millones de euros) 289.886 millones
de euros, que esta es la cantidad en exceso que España (sus gobiernos) ha
transferido a la banca compradora de deuda pública española.
Esta cantidad que el Estado Español ha
transferido a los bancos privados, españoles y extranjeros, y a los fondos de
inversión, supone un beneficio para estos del 48% (si comprasen deuda española
por importe de 100 euros a ellos les habría costado esa cantidad 100,0025 euros
y al cabo de diez años recibirían 148,0244285 euros, es decir, habrían obtenido
un beneficio sobre el coste de adquisición de 48,0219285 euros, un 48,0219285%
sobre lo invertido); de haberlo hecho a través del banco nacional este
obtendría al cabo de los diez años 105,1140132, a pesar de que cobraría un tipo
de interés del 0,5% (por lo que el banco nacional obtendría un jugoso beneficio),
doble del que le impondría el BCE; la diferencia entre la cantidad que España deberá pagar a los bancos privados
(148,0244285 euros) por cada 100 euros invertidos, y la que pagaría a un
hipotético banco nacional (105,1140132 euros) es de 42,9104165 euros por cada
cien euros invertidos.
Esta cantidad sería la que, en una hipotética
auditoría de la deuda, fuese considerada impropia y que no se debería (como
mínimo) de pagar a la banca tenedora de bonos de deuda española a 10 años.
Importe muy superior a los recortes
correspondientes en Educación y Sanidad realizados por el gobierno del PP.
Es cierto que existen ciudadanos privados que
han invertido en Deuda Pública Española; para estos habría que habilitar un
procedimiento distinto pero que no les permitiese obtener una rentabilidad
semejante a la prevista para los grandes inversores; un interés razonable sería
la mejor opción.
Otra política es posible.
