DEPREDADORES PÚBLICOS: Condenas ejemplares para corruptores y corruptos políticos sin reducción de pena ni permisos anticipados.

En los últimos días del mes de septiembre de este año, 2014, los medios de ¿información? Nacionales nos tienen sometidos a los ciudadanos a un continuo debate sobre las perversidades de un execrable corruptor de menores que, abusando de su fuerza y circunstancias (parece ser que adormecía a sus victimas antes de ejecutar sus maldades), satisfacía sus insanas apetencias sexuales con sus retenidos a la fuerza. En esta información abundan las opiniones sobre la oportunidad de dar permisos carcelarios a estos individuos mientras están cumpliendo su condena o reducir esta en virtud de una supuesta reinserción del delincuente, misión que según parece corresponde a dicha permanencia en prisión (al parecer algunos sostienen que la permanencia en la cárcel sirve para que los penados salgan a la sociedad mejores que entraron en dichos centros; circunstancia que sin duda se da pero en un porcentaje mínimo). En este tipo de delitos está ampliamente demostrado que el preso ni se arrepiente ni pide perdón, y, lo que es peor, al salir a convivir con el resto de ciudadanos tiene las mismas o mayores apetencias delictivas que con anterioridad. La consecuencia parece evidente, este tipo de delincuentes debe cumplir la totalidad de su condena, que debe ser ejemplarizante, y no disfrutar de ninguna de las ventajas que pueda tener su buena conducta en el interior de esas prisiones, por la sencilla razón que dentro de ellas no tiene la posibilidad de ejercer sus malvados actos.

Estas circunstancias de alarma social sobre la vida de nuestros seres más queridos, nuestros hijos y nietos, no debe hacernos olvidar a los ciudadanos que existen otros delincuentes tan peligrosos o más que el tipo de los anteriormente citados y son los corruptores y los corruptos de capitales públicos; estos individuos, abusando de la confianza depositada por los ciudadanos en ellos, roban el dinero que pertenece a todos los ciudadanos, en virtud de una situación por la que el pueblo, una vez tomada la decisión de depositar su confianza en ellos no posee mecanismos para que cuando el corrupto cometa su delito desposeerle de esa confianza, entonces en virtud de aquella delegación y de su posición de fuerza el ladrón se aferra a su cargo del que no se le puede echar. Algunos ciudadanos llegan a justificar a estos delincuentes bajo la premisa de que “más robaron los otros”, ¡¡increíble!! Estos delincuentes deberían tener una penas adicionales según el Código Penal, en función del cargo que ostentan y del que se valieron para realizar sus fraudulentos negocios: Una condena por el abuso de confianza que los ciudadanos depositaron en su persona para gestionar los bienes públicos; otra condena por el robo en sí mismo, con la exigencia de la devolución de lo sustraído, más las cantidades que correspondiesen, aplicando los baremos bancarios para las situaciones de descubiertos en cuenta, por los beneficios obtenidos durante el disfrute de esas cantidades; y una última condena, por abuso de poder, que implique la inhabilitación de por vida para ocupar cualquier cargo público en cualquiera de los niveles de las administraciones nacionales o internacionales. Es decir, si a un delincuente común se le aplican la condena de 3 años por un robo de una cantidad determinada, a estos individuos habría que multiplicarla por tres.

Necesitamos penas más duras, plazos de prescripción mucho mayores y sobre todo órganos de Instrucción dotados con los medios necesarios para hacer frente a la avalancha de macroprocesos de corrupción. Dentro de los organismos públicos, habría que establecer, ya, de verdad, mecanismos de control y detección precoz de estas prácticas, y, ya de paso, que los partidos se doten de códigos éticos de verdad, no de éstos de la pandereta que sólo quieren aplicar cuando el corrupto está en la trinchera contraria. En otros países son mucho más contundentes con estos delincuentes, por ejemplo en Cuba, en donde tres empresarios canadienses han sido condenados el viernes en Cuba a penas de entre 8 y 15 años de prisión, y a la confiscación de cerca de 100 millones de dólares en activos, tras ser hallados culpables de varios delitos económicos, entre los que se cuenta el soborno, el fraude, tráfico de divisas y evasión de impuestos. El presidente y dos directivos de la compañía de servicios de transporte Tokmakjian fueron detenidos en septiembre de 2011 y juzgados en junio de este año en La Habana. El grupo Tokmakjian tenía 22 años haciendo negocios en Cuba y solía ser uno de los más importantes en el comercio automotor de la isla. Puede que sea por esto por lo que a muchos de nuestros próceres empresariales no les gusta nada los sistemas políticos en donde las reclamaciones y derechos de los ciudadanos son respetados y atendidos.

Como no se actúa contra estas figuras delictivas es con el Nuevo Código Penal del PP, que olvida el caso Barcina, que seguiría archivado con la actual redacción del delito de cohecho, el caso Matas y la figura actual de la prevaricación, que no incluye prácticas como las que llevó a cabo el ex presidente balear, que diseñó un concurso público a la medida del periodista que le escribía los discursos a través de una sociedad tapadera. No se han alterado los requisitos de lo que se entiende por delito de tráfico de influencias a raíz del caso José Blanco o que no se hayan endurecido las penas por financiación ilegal de partidos (caso Pallerols, Gürtel y los ‘papeles de Bárcenas’). Tampoco existe un nuevo tipo de delito que castigue el enriquecimiento ilícito de cargos públicos y que pudiera ser aplicable al ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El proyecto tampoco contempla ningún delito específico para perseguir la gestión negligente de los responsables de las entidades financieras rescatadas por el Estado (Bankia, Banca Cívica, Banco de Valencia, CAM…) ni incluye delitos relacionados con el mercado como el de la manipulación para alterar el valor de las cosas (la salida a bolsa de Bankia o la estafa de las preferentes). Tampoco una reforma de los delitos societarios para “que las millonarias retribuciones, prejubilaciones y pensiones auto concedidas por los consejeros de entidades financieras rescatadas sean perseguibles”

La corrupción es directamente proporcional al dinero que se maneja en cada actividad e inversamente proporcional a los controles que existen para evitarla; y digo yo, con el dinero con que se opera en el Organismo de Loterías del Estado y conociendo a los paisanos ¿sus cuentas estarán claras?

El ansia viva de los corruptos: Nos roban. Viven por encima de nuestras posibilidades.

En la actualidad en España se están dando una serie de curiosas circunstancias: Cada vez son más numerosos los casos conocidos de robos de dinero público, se roba desde cualquier posición en que se disponga de esa posibilidad y se sustrae con ansia, como si se percibiese que el dinero público empieza a escasear o que las condiciones para realizar esos atracos van a variar de forma sustancial y hay que apresurarse. Los ladrones de dinero público no se conforman con una cantidad “razonable” de dinero público robado, sino que se esfuerzan en acumular ingentes cantidades, que posibilitarán que ellos y sus descendientes, en muchas generaciones, se aseguren una holgada situación financiera. Otra cuestión a considerar es la percepción que tienen los ladrones (y los ciudadanos en general) de la impunidad en que pueden moverse (ninguno de ellos está en la cárcel) debido a las nulas e intranscendentes consecuencias que, en general, tienen sus actos, dándose la paradójica situación que muchos de estos ladrones que son cargos políticos electos en sus respectivas circunscripciones se vuelven a presentar a futuras elecciones, que vuelven a ganar por mayorías absolutas. Esta última circunstancia debería llevarnos a considerar el bagaje sociológico  del tipo medio de ciudadano que habitamos en este país.

La Ley marca que el ladrón de dinero público debería de devolver hasta la cantidad máxima de seis veces lo robado, pero esta situación no se da en ningún caso, siendo numerosos los robos que permiten a los ladrones, después de haber pasado un corto periodo en la cárcel, disfrutar de los beneficios de lo sustraído porque no hubo forma legal de demostrar que tenían patrimonio suficiente para ese resarcimiento (fue famoso el caso de Roldan, el director de la Guardia Civil, que a pesar de que los jueces conocían que el interfecto poseía numerosas propiedades inmobiliarias en España y en extranjero, sólo se le pudieron adjudicar como propias cinco o seis de ellas por la interposición de testaferros que figuraban como propietarios, pudiendo disfrutar actualmente el antedicho del beneficio de dichos inmuebles).

Hace unos días un profesor español en una universidad alemana (no recuerdo el nombre del sujeto) comentaba en una cadena de televisión la diferencia existente entre el nivel de corrupción en Alemania y España; el susodicho mantenía que en Alemania la corrupción pública era casi inexistente, accidental, mientras que en España era la circunstancia más numerosa y habitual; preguntado por las razones de esa diferencia el profesor contó lo que sucedía a un cargo público alemán que se le condenase por corrupción: La inhabilitación para desempeñar un futuro cargo público era de por vida, nunca jamás podría presentarse para ocupar un cargo público; el resarcimiento al erario público era muy superior a lo sustraído y si no podía hacerse cargo de esas cantidades se incautaban las de los parientes más próximos o se pagaba con prolongación de la pena de cárcel sin posibilidad de reducción; los juicios por estas causas eran especialmente rápidos y las condenas penales más que suficientes. Abundo en muchos más datos que ahora no recuerdo pero la impresión que me dejó era que la corrupción en España tenía mucho que ver con la impunidad con que se mueven corruptos y corruptores, y la falsa separación de los poderes del Estado, en estos casos de manera ostensible, con la enorme politización de la justicia en sus más altos órganos.

Me falta por decir que si en España todo el dinero público que han robado los que realmente viven por encima de nuestras posibilidades se hubiese destinado a los fines que la recaudación impositiva nos enuncia, no habría que haber realizado recortes en ninguna partida social.

Aparte de la injusticia social de la aplicación de esas políticas de recortes a las capas sociales más necesitadas cuando cualquier director de gran empresa paga menos impuestos que su secretaria asalariada, y las grandes fortunas reciben subvenciones de la CEE que les permiten mantener sus grandes propiedades agrarias improductivas pero hábiles para una “bonita” partida de caza con las escopetas más renombradas del país.