Los problemas sociales en España o lo solucionan los trabajadores o no los soluciona nadie

La actual situación social de los trabajadores en España no es una cuestión personal o individual, no es no siquiera una cuestión local, tampoco regional, ni mucho menos nacional, ni tan siquiera continental, es consecuencia de una decisión tomada desde las más altas instancias del capitalismo mundial, que han decidido que ahora era el momento adecuado para que los trabajadores de todo el planeta tuviesen igualdad de derechos tomando como ejemplo los que tienen (por decir que tienen) en los países donde los derechos sociales son más escasos como China, la India, etc. Es sorprendente la uniformidad del mensaje de los máximos poderes económicos de La Tierra: “Cuantos menos derechos tengan más implorarán por el pan diario”; situación que ya se está dando en numerosos países del llamado primer mundo, no siendo ni siquiera imaginable las situaciones de pobreza extrema que se están dando en los ciudadanos de los llamados del tercer mundo. Siendo sorprendente lo relatado con anterioridad es muchísimo más  pasmoso la nula reacción de los trabajadores del mundo que ven con estoicismo como sus familias, mujer e hijos, mueren de hambre o padecen situaciones de pobreza extrema, o son desatendidos en sus derechos básicos como ciudadanos con necesidades de atención a sus discapacidades, o ven que los escasos puestos de trabajo son ocupados por aquellos que tienen relaciones amistosas que les permiten requerir a aquellas para que coloquen a sus retoños, aunque sus capacidades sean claramente inferiores al resto de demandantes de ese puesto de trabajo pero carentes estos de esa poderosa razón que es el enchufe paterno o materno.

Mientras que el poder económico está despiadadamente unido frente a todo lo que signifique solidaridad con los más desfavorecidos, los trabajadores nos enfrentamos los unos contra los otros por cuestiones baladíes, auspiciadas esas disensiones por los poderes informativos en manos de los más poderosos, que no pretenden otra cosa que fomentar la desunión que impida el acuerdo de los trabajadores en las cuestiones fundamentales que deberían unirnos: El reparto de la riqueza de todos los países entre todos los ciudadanos de cada país de manera equitativa y solidaria, y la justicia e igualdad de oportunidades para todos por igual. Es imprescindible la unión de todas las fuerzas que defiendan los intereses de los trabajadores, acabando con personalismos o protagonismos trasnochados, considerando que los intereses de los trabajadores están por encima de las siglas que cada uno de ellos pueda llevar o no en su carnet de afiliado sindical o político, y que el servicio a los ciudadanos debe prevalecer sobre los intereses personales.

Desde siempre, las trabajadoras y trabajadores han sentido la necesidad de organizarse y han luchado para que este derecho básico sea reconocido. En todos los lugares del mundo la primera batalla que plantea el Movimiento Obrero es por la conquista del derecho de asociación.

Las trabajadoras y trabajadores estamos afectados por problemas que nos son comunes y, en consecuencia, no caben soluciones individuales. Por ello, es necesario unir fuerzas mediante la organización, para luchar contra los problemas que nos aquejan y, en definitiva, para luchar contra una sociedad radicalmente injusta, de la que somos las principales víctimas.

Hoy la situación no ha variado sino en las formas manifiestas de explotación. El paro, los salarios de miseria, los contratos basura, la indefensión, el entreguismo sindical, los despidos individuales o colectivos, los recortes de derechos adquiridos, etc., hacen víctima a la trabajadora o trabajador de una situación social injusta con el exclusivo fin de mantener, y aún aumentar, los niveles de beneficios del capital. Por eso, hoy al igual que siempre, es indispensable la organización para el conjunto de la clase obrera, como única forma de afrontar nuestra situación y cada uno de nuestros problemas que a todas y todos nos afectan y que sólo el esfuerzo compartido los podrá solucionar.

En la actualidad, no se nos prohíbe directamente el derecho a asociarnos, pero se ponen en marcha los mecanismos suficientes para manipular este derecho. Los medios de comunicación, de creación de opinión, son cada vez más determinantes a la hora de cautivar el pensamiento de la clase obrera, en todos los sentidos, y, en este aspecto en concreto, son cómplices de la creación de un ambiente de apatía generalizada y de una competitividad absurda que beneficia exclusivamente a la Patronal y al Capital.

Esta situación de apatía y escepticismo se puede superar participando en la construcción de un proyecto de futuro para la clase obrera, vertebrado por una organización construida por todas y todos.

Actualmente, la clase obrera y cualquier postura de cambio social son atacadas por el sistema, aprovechando todos los medios a su alcance para introducir y potenciar la división y la competitividad entre trabajadores. A nivel social, los creadores de opinión, principalmente a través de la radio, prensa y, sobre todo, televisión, intentan cada vez con mayor éxito, conseguir la uniformidad de pensamiento. Así, constatamos la desaparición de la escucha, lectura o visión crítica de las noticias e informaciones con las que nos bombardean constantemente. Cada vez son más las trabajadoras y trabajadores que piensan, hablan, hacen, quieren y desean lo que a través de estos medios se ofrece.

Ha llegado la hora de que los trabajadores seamos protagonistas de nuestro futuro.

¿La cadena perpetua revisable se aplicará a los políticos que mientan? Artículo 462 del Código Penal Español.

Los dos más grandes partidos del horizonte político español andan actualmente con la firma del protocolo con el que se van a tratar los actos de terrorismo, discrepando en la aplicación de la condena a cadena perpetua revisable, aunque, a mi forma de ver, con matices no demasiado sutiles.

El actual gobierno del PP de Mariano Rajoy se está caracterizando por sus continuas mentiras ante la opinión pública, cuando no con verdades a medias, como la recientemente declaración  del ministro José Ignacio Wert, de cultura y educación, sobre que las nuevas carreras de tres años y dos master iban a suponer un menor desembolso a las familias: Por supuesto que si consideramos familias al conjunto de la ciudadanía que tributa a Hacienda, una reducción de los años de universidad pública va a ver disminuir el importe del gasto por esa educación pero lo que omite, de forma artera y marrullera, es que los individuos que salgan de la facultad sólo con esos tres años de formación verán mermadas sus posibilidades de encontrar un trabajo en que puedan aplicar sus conocimientos si su familia no puede pagar los dos años adicionales de master privados. De esta manera el actual gobierno nos engaña o nos dice medias verdades.

La continua mención a la herencia socialista para justificar sus fracasos e ineptitudes ha sido insoportable para cualquier ciudadano que se precie. Tales críticas en relación a la política económica del gobierno socialista podrían deberse a que en la calle Génova debe estar camuflado algún economista, dotado de tales cualidades mágicas, cual taumaturgo, que sería lamentable que no fuera candidato para el próximo premio Nobel de Economía. Méritos, de verdad, los tiene

Una estrategia política no puede construirse en la mentira continua y permanente. Tales comportamientos traen consecuencias negativas en los resultados electorales. El pueblo es mucho más listo y perspicaz que algunos políticos. Tiempo al tiempo.

Las leyes de un país y su justicia son, en muchas ocasiones, el reflejo de una sociedad. La condena sobre determinadas conductas o la benevolencia con la que se tratan otros delitos nos muestran si estamos ante un estado severo, justo, democrático, dictatorial o irresponsable. Si quiere saber en qué tipo de sociedad vive, párese unos minutos a leer el Código Penal de su país. Si decide empezar a revisar las leyes que rigen en España verá como, lamentablemente, la verdad tiene una importancia prácticamente nula.

Para argumentar esta crítica me gustaría hacer referencia al artículo 462 del Código Penal español; sobre el delito de falso testimonio. Este artículo dicta que el supuesto falso testimonio quedará exento de pena si se retracta a tiempo y admite la verdad antes que se haya emitido un veredicto definitivo. Y es en este punto donde me hierve la sangre: la mentira está admitida y libre de cualquier culpa hasta un segundo antes de que el juez dicte sentencia. O lo que es lo mismo; no hay condena alguna para alguien que haya engañado, mentido deliberadamente y haya faltado a la verdad.

El primer paso para desprestigiar un principio como el de la verdad es instaurar su contrario con total impunidad. Es decir, que la mentira y el fraude se conviertan en algo habitual. Cuando estas acciones no se censuran, se contagian a todos los niveles de la sociedad. Se produce entonces lo que algunos llaman "institucionalización de la mentira". En ella, muchas de estas acciones no sólo pueden ser perdonadas, sino que en algunos casos acaban siendo justificadas. En consecuencia, los humanos acabamos conviviendo con la mentira y terminamos insensibilizados ante casos como un fraude electoral.

La permisividad que se le concede a la mentira pública ha acabado siendo algo sistemático en ciertos ámbitos donde se requiere un mayor grado de honestidad: la política. No hay vergüenza alguna si para ganar unas elecciones uno debe faltar a la verdad cuantas veces sea necesario; la honestidad se paga con una caída en la intención de voto y eso es algo demasiado perjudicial. El único objetivo, heredado de las teorías maquiavélicas, está claro: conseguir el poder. Y una vez allí, mediante cualquier acción, triquiñuela o práctica inmoral, perpetuarse ad eternum. En este sentido, la mentira puede ser una solución pragmática y tremendamente eficaz.

Como individuos tenemos una minúscula parcela para decidir cómo queremos que sea nuestro futuro. Admitámoslo, existe una política cada vez menos honesta y más preocupada de no superar techos de déficit que de servir al ciudadano. Pero nuestro radio de acción, por pequeño que sea, debería hacernos reflexionar sobre si debemos o no tolerar que nos engañen. De haberse penalizado la mentira a tiempo, los partidos hubiesen tenido la necesidad de renovarse y de acabar con las prácticas corruptas, pero nos hemos encontrado con ciudadanos que, ante los engaños más flagrantes, optaban por mirar a otro lado.

Por eso la culpa no es solo de los partidos por mentirnos; nosotros también tenemos nuestro grado de responsabilidad al haberlo consentido. Resulta increíblemente fácil y muy propio de nosotros el pensar que la culpa siempre es del otro; como el catalán que dice que la culpa de todo la tiene "España" o el hombre de la Meseta que empieza a considerar "casta" hasta al peluquero de su barrio. Pocas veces o casi nunca entonamos el mea culpa y afirmamos, sin rubor alguno, que la culpa no fue del chachachá, sino nuestra por dejarnos engañar.

Como colofón de una manera fortuita me acaba de llegar a la memoria una cita del Conde de Romanones: “Hay hombres que mienten a todos y también se mienten a sí mismos. Éstos llegan a estar convencidos de que la mentira forjada por ellos es la verdad, y la defienden con mayor empeño que la verdad misma. Por eso son los más peligrosos en la política.”

¿Esto no tiene solución?

La justificable indignación de los ciudadanos españoles parece que no es percibida en toda su intensidad por algunos grupos políticos que siguen realizando acciones contrarias al interés de la mayoría. De algunos partidos políticos, los mas desfavorecidos hasta ahora por las políticas restrictivas del gobierno del PP esperan poco o nada, pero sin embargo millones de españoles siguen esperando alguna reacción favorable a los intereses de los mas perjudicados por parte de alguna formación que siempre se ha definido como progresista y defensora de los derechos de los económicamente más débiles.

El conocimiento de los datos más gruesos de la realidad junto con los detalles mínimos e íntimos nos indican que las circunstancias de la realidad de las aptitudes de los actuales dirigentes hacen difícil, cuando no imposible, que puedan llegar a tener en la consideración de los ciudadanos la capacidad para la resolución de los actuales problemas; problemas que, por otro lado, necesitan de una muy importante dosis de valor y atrevimiento, así como de desvinculación de los poderes económicos que han traído a los españoles hasta la actual situación de desigualdad económica. En sus planteamientos para la resolución de estos problemas siguen siendo cicateros cuando no retrógrados, como aquellas declaración de una importante dirigente que en un tertulia de televisión dijo que los problemas de las percepciones de pensiones escasas se solucionaba reduciendo las pensiones más altas para compensar a las inferiores, como si a aquellos pensionistas no les hubieran obligado a cotizar a las más altas cuotas de cotización durante su periodo laboral para, justamente, poder acceder a retribuciones por mayores pensiones.

Los ciudadanos estamos hartos de que no seamos más que meros votantes cada cuatro años, para ceder toda nuestra soberanía a unos señores que toman decisiones que favorecen a una clase social que no les voto pero de la que esperan les reconozcan sus méritos cuando llegue el momento. No es de recibo que todos los días surja algún caso donde algún ¿representante público? o adjunto a él, no haya robado, malversado, prevaricado, o cualquiera del resto de ados que significa que nos ha quitado lo que era de todos. No es de recibo que se siga hablando por las autoridades europeas ¿competentes? de la necesidad de nuevos ajustes de los salarios de los trabajadores cuando los empresarios, los consejeros de algunos consejos de administración o los banqueros, perciben, que no se ganan,  mensualmente cantidades que resulta insultante hasta mencionarlas en virtud de la propiedad privada de los bienes de producción. Hace muchos años en Europa a los partidos que propugnaban la lucha de clases y la propiedad pública de los bienes esenciales de la producción se les engatuso desde los poderes económicos para que abandonaran esa pretensión de propiedad pública para cambiarla por un supuesto Estado del Bienestar, en donde todos los trabajadores tendrían derecho al trabajo, una vivienda digna, sanidad y enseñanza pública y de calidad. Es decir, lo que vendría a ser una vida digna por el hecho de haber nacido en este continente. Los hechos nos han demostrado que todas aquellas promesas eran una falacia y que a la más mínima oportunidad que tuviesen esos poderes volverían a retrotraer a los ciudadanos a las épocas en que era más frecuente encontrar mendigos por las calles que personas trabajando.

La actual ciudadanía española conforma uno de lo grupos humanos con, posiblemente, más formación e información de los últimos siglos, en consecuencia demanda una mayor participación en las tomas de decisiones que les afectan en su vida diaria, es decir en la política. A este colectivo no le valen declaraciones más o menos grandilocuentes por parte de los actuales políticos electos, mientras ven que no son más posturas ante una opinión pública que consideran ignorante e insensible a poder mantener un diálogo mínimamente constructivo. Esa es, en mi opinión, la base de la desafección de los ciudadanos de sus actuales dirigentes políticos, la certeza de que para estos no somos capaces de entender las razones de orden superior que les llevan a tomar las decisiones que nos perjudican, imponiendo razones que para ellos son prácticamente imposibles de rebatir, pero negándose a escuchar la posibilidad de otras decisiones diferentes que lograrían resultados distintos. Estos dirigentes se niegan a entender que sus poderosas razones no son suyas, sino de sus asesores, quienes no emiten opiniones objetivas (la objetividad no existe, todos nosotros somos subjetivos en cuanto a sujetos unipersonales) sino opiniones que les benefician a ellos o a sus mecenas.

La situación de la enorme y creciente desigualdad económica de los españoles demandan de los partidos políticos progresistas una enorme confianza en la capacidad intelectual y laboral de los ciudadanos de este país, favoreciendo que la política sea una actividad de una enorme mayoría, eliminando los actuales obstáculos para la participación ciudadana en la toma de decisiones, favoreciendo esta, abandonando clichés mentales antiguos que favorecen las restricciones para la exacta representación que contienen las votaciones, en definitiva, se necesitan políticos valientes que crean en la utopía como aquello que se pretende conseguir aunque no pueda ser en una generación. Para esto se necesitan políticos que tengan poco o ningún apego a las banalidades humanas. ¡¡¡Gracias José Alberto Mujica Cordano, por siempre PRESIDENTE Mujica!!! 

Políticas caducas u obsoletas

El 15 de mayo de 2011 surgió un movimiento social en España, fruto de la indignación de muchos ciudadanos por las políticas aplicadas por los distintos gobiernos -que anteponían los intereses de los más ricos y poderosos- con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo PP – PSOE, y del dominio de bancos y corporaciones, así como una "auténtica división de poderes" y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático. Fruto de aquellos movimientos, a partir de 2013 comenzaron a formarse nuevos partidos políticos como el Partido X, en enero de 2013 o Podemos en 2014. Todas  estas formaciones incidían en la necesidad de un cambio profundo en la forma de hacer política para que predominara la participación ciudadana en la toma de decisiones y el respeto y consideración preferente a los derechos sociales. Para ello era imprescindible la figura del ciudadano informado que tomase decisiones meditadas y solidarias. Este nuevo rumbo de la política futura es irreversible y quienes no lo quieran ver están condenados a convertirse en fuerzas políticas residuales, donde sólo les votarán los que ostenten algún cargo, orgánico o institucional, que quieran defender.

Esta larga introducción viene a cuento de mi crítica al funcionamiento de algunas organizaciones que continúan aplicando ¿técnicas? políticas caducas y obsoletas.  La verdadera democracia es la que nos damos los ciudadanos cuando, consecuentemente con nuestra forma de pensar y sentir, decidimos que debemos elegir entre una opción u otra de una expresión política; esta decisión debe ser personal e inalienable (Se aplica al derecho que no puede ser negado o quitado a una persona: la libertad es un derecho inalienable del ser humano), es decir que no se debe condicionar más que a la decisión de cada individuo por separado, por más que posteriormente esas decisiones puedan coincidir con la de otros. No es de recibo que para tomar una decisión de este tenor unos cuantos se reúnan alrededor de una mesa camilla para que, en función de unos superiores intereses (que nunca son ciertos, siempre suelen ser los intereses personales del que los convoca) decidir qué tiene que votar el conjunto de los reunidos, por más que algunos de ellos no esté de acuerdo con dicha decisión. Ni tampoco es de recibo que algún miembro de esas organizaciones utilice su influencia sobre otros para indicarles la necesidad de dirigir su voto de una forma favorable a sus intereses, sin debate ni explicación más que la de la exigencia. Esta actitud denigra al individuo que la realiza pero tampoco dice nada positivo de aquel que se deja dirigir en su decisión por más que exista un afecto hacia el “director”.

Existe una leyenda urbana por la que en un partido político había un dirigente tenía en su domicilio particular censados a unas decenas de militantes, de los que él se encargaba de pagarles las cuotas del partido, con el único compromiso por parte de los “invitados” de que cuando se dilucidase una votación en el órgano político correspondiente él les indicaría a quién debería votar y a quién no. De esta manera el susodicho obtenía siempre los resultados más proclives a sus intereses, colocando en los puestos adecuados a los que, posteriormente, deberían devolver el favor. Al parecer esto era de común conocimiento por parte de los órganos superiores del partido y le estuvo funcionando al “director” durante bastantes años.

Pues bien, el grupo, organización o partido político que quiera continuar con estas prácticas se encontrará en el futuro más inmediato con la desafección de sus propios “invitados” y su práctica desaparición del panorama político. Sólo la incidencia en la participación de los ciudadanos al máximo nivel de vinculación con las decisiones políticas, fomentando la formación e información de la ciudadanía para así poder tomar decisiones meditadas y personales, evitando tanta intermediación en los asuntos políticos, favoreciendo que las iniciativas ciudadanas tengan una más fácil tramitación legal, eliminando leyes electorales que manejen los votos de los ciudadanos dando mayorías a formaciones políticas que no representan esos deseos, favoreciendo la intervención de los poderes públicos cuando peligre el servicio social de los más necesitados, creando leyes mucho más exigentes con los casos de corrupción y su entrada inmediata en prisión, reforma fiscal social donde paguen más los que más tienen sin exenciones para las SICAV,  desvinculación verdadera entre la iglesia y el estado, nacionalización inmediata de todas aquellas entidades financieras que hayan tenido que ser rescatadas con dinero público,  y tantas otras medidas que harán ver a los ciudadanos que esos políticos si que les representan.

¿Quienes constituyen La Casta política?

Desde la aparición del movimiento político Podemos se ha acuñado un término que ha suscitado demasiada controversia interesada: La Casta.

Muchos honrados militantes de algunos partidos se han considerado aludidos por este concepto cuando aquella definición no les afecta en lo absoluto, antes bien, quedan excluidos de esa consideración desde el momento en que la inmensa mayoría de ellos jamás han reunido las características necesarias para ser incluidos en esa terminología.

Cuando se enuncia la palabra de Casta se alude a los privilegios que determinados políticos tienen por el simple hecho de formar parte de la clase política de España; privilegios que están muy por encima de los derechos honradamente adquiridos por la ciudadanía común.

Son privilegios de La Casta:

o        Que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, gane en un mes lo mismo que una pensionista con cuatro hijos durante dos años.  

o        El 7 de diciembre de 2006 entró en vigor la Ley 37/2006, con un nombre poco clarificador “Relativa a la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y a la extensión por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales”; la intencionalidad de la ley era evidente: Que los políticos locales pudiesen acceder al paro; todo el parlamento voto en bloque a favor de dicha ley, excepto el PNV porque quería incluir a los miembros de las Juntas Generales de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa. Los diputados nacionales ya gozaban de indemnizaciones cada vez que dejaban su puesto en las Cortes, y los ex ministros mantiene durante dos años una pensión del 80% de su sueldo, es decir, 5.400,00 euros al mes, independientemente de que continúen o no su carrera política. Aplicado a la empresa privada sería como si un alto ejecutivo se jubilará con una cuantiosa pensión pero, además, siguiera trabajando en plantilla y cobrando un sueldo, lo que constituye una práctica totalmente prohibida por la ley.

o        El Euro parlamento es un hemiciclo que cuesta 1.320,00 millones de euros al año a los contribuyentes de Europa y un lugar donde la picaresca se ha convertido en norma para lucrar los bolsillos de muchos parlamentarios. Tanto que la manifiesta falta de control en las dietas y contrataciones de sus señorías se expresa hasta la saciedad en todas las auditorías que pasa cada año el organismo. La contratación de enchufados se les fue de las manos, son más de 1.200 personas contratadas a dedo, 1.200 puestos de trabajo hechos a medida para los colaboradores de la  Casta, pero soportados por los bolsillos de los contribuyentes. Fue en 2008, desde la creación de la Unión Europea en 1993, cuando se pretendieron poner dos medidas que en ningún momento habían sido incluidas en las normas comunitarias: 1. Aquellos parlamentarios que cometieran un fraude demostrado en sus dietas o gastos fueran suspendidos en sus cargos y tuvieran que devolver los importes abonados de forma indebida. Y 2. A partir de ese momento los diputados no podrían contratar a familiares para que fueran sus asesores y cobraran cantidades millonarias de la administración europea entre sueldos y dietas. Pues bien, 202 diputados elegidos para representar los intereses de todos los europeos votaron en contra; al final de la votación los detractores no fueron mayoría y la propuesta de sancionar ambas conductas salió adelante.

o            Al igual que la democracia real se ha convertido en quimera, la separación absoluta de poderes se ha visto arrastrada al mismo lugar utópico. En lugar de separados, los tres poderes públicos están sutilmente entrelazados para vigilarse entre sí. El supuesto equilibrio se compensa desde la cima de la pirámide del poder por las fuerzas ejercidas por dos polos opuestos: el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Por un lado, el Tribunal Constitucional auditan las leyes aprobadas por la clase política. Pero los políticos influyen más decisivamente en el núcleo mismo de la Justicia, ya que son los partidos políticos los que nombran a los veintiún miembros que gobernarán los designios judiciales del país desde el CGPJ. El cuerpo de fiscales es una estructura jerarquizada y supuestamente independiente, controlada por el Fiscal General del Estado, cuyo nombramiento está controlado por la clase política.

o        Son Casta los sesenta diputados que se fueron a Canarias para estudiar el cultivo del plátano, con todos los gastos pagados. Los 2.087 miembros de los partidos políticos que controlan el 65/% del mercado bancario del país, etc. Pero tú, honrado militante, no eres Casta.