España disfruta del dudoso honor de figurar
en lugar destacado en la relación de países con un más alto índice de
corrupción política y empresarial; parece ser que ocupamos la segunda posición
de los países más corruptos. El Régimen de Franco institucionalizó la
corrupción, era la manera que tenía Franco de beneficiar a sus allegados y
perpetuar su Régimen. Pero hay que decir que la corrupción en España data, al
menos, del siglo XIX.
Entre las cifras de la corrupción en España,
destaca que hay casi 1.700 causas abiertas en diferentes órganos judiciales,
más de 500 imputados en estos procedimientos y sólo una veintena cumpliendo
condena en alguna de las cárceles del territorio nacional. Un estudio publicado
en 2013 cifró en 40.000 millones el coste social de la corrupción en España y,
respecto al aumento de fondos para la investigación, Justicia gastó más de 10
millones de euros en reforzar juzgados que investigan casos de corrupción en
2012. El
año 2013, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 1.661 las
causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos
relacionados con la corrupción. Éstas afectan a tipos penales como la
prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias,
malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales,
apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el
patrimonio histórico y contra el medio ambiente.
Los grandes casos de corrupción de la España
contemporánea son tantos que seguro, al enunciarlos, se olvida alguno;
Empezaremos por El Caso Gürtel; “Los papeles de Bárcenas”; La Amnistía Fiscal
del señor Montoro (sólo él podrá decir si es un caso de corrupción; los jueces
aún no se han pronunciado); El Caso Noos (Iñaqui Hurdangarin y la Infanta
Cristina, hija del ex Rey); Caso Emperador (el empresario chino Gao Ping y
familiares del ex Rey Juan Carlos); Caso Palma Arena (expresidente balear Jaume
Matas); Caso Pokémon (Comisiones ilegales en Galicia, Asturias y Cataluña);
Caso Conde Roa (exalcalde del PP de Santiago de Compostela); Caso Baltar
(Expresidente de la Diputación de Orense); Caso ITV (Oriol Pujol en Cataluña);
Caso Clotilde (Exalcalde de Lloret de Mar, por corrupción urbanística); Caso
Mercurio (exalcalde de Sabadell; comisiones por contratos); Caso Palau (saqueo
del Palau de la Música); Caso Pretoria (Santa Coloma de Gramenet; urbanismo);
Caso Cooperación; Valencia desvío de fondos de ayuda al tercer Mundo); Caso
Emarsa (Valencia; aguas residuales); Caso Carlos Fabra; Caso Unión Mallorquina
(comisiones); Caso Andratx (urbanismo en Baleares); Caso de los ERES
(Andalucía, soborno y fraude); Caso Malaya (Marbella; urbanismo); Caso Caja
Castilla La Mancha; y ya más recientemente, en Cataluña, el caso que afecta a
la familia de Jordi Pujol, y del que me gustaría hacer algunas disquisiciones
por considerarle sintomático de los que ha estado ocurriendo en este periodo de
“Maravillosa Transición” hacia la democracia. El conocimiento de estos hechos
por los ciudadanos comienza con las acusaciones de Pascual Maragall en el
Parlamento de Cataluña, acusando al gobierno de Convergencia de que “su
problema era del 3%”. La revelación progresiva del manto de corrupción
existente en Catalunya y en el que parece estar implicada directamente la familia
del expresidente que ha gobernado 23 años tiene tintes semejantes a los
descritos en una película de Spencer Tracy. La dudosa forma de acumulación de
riqueza por parte de los diversos miembros de la familia Pujol, parece ser un
hecho respecto en el cual habría existido una cierta connivencia, o al menos
silencio, por parte de un sector de la población catalana, la cual se haría
acreedora, sino de una responsabilidad jurídica, sí moral y política. Ahora
bien, habría que distinguir varios tipos de silencio. En primer lugar, el
silencio de los que no sabían lo que estaba ocurriendo. Ciudadanos que
desconocían esas prácticas, muchos de ellos votantes de CiU o de otras
formaciones políticas. Pero la ignorancia no les (nos) excusa de cierto grado
de responsabilidad, ya sea moral o política. Una sociedad bien organizada debe
tener una ciudadanía más activa y exigente respecto del control de sus
representantes. Y en Catalunya, esa sociedad ha estado, hasta hace poco tiempo,
ausente. O ha estado en modo reposo, temerosa de las represalias sociales si se
animaban a criticar al líder catalanista. Entre estos ignorantes, tienen una
especial relevancia y responsabilidad los medios de comunicación catalanes.
Pero lo que para mí es mucho más importante es el silencio del resto de
formaciones políticas que, al parecer, no sabían lo que estaba pasando en
Cataluña. Pues yo no me puedo creer que con los servicios de inteligencia que
posee el Estado Español no hubiese ningún informe que desvelase esta situación;
en consecuencia la pregunta a hacerse es ¿Si los distintos gobiernos que en
este país ha habido desde el comienzo de la Transición hasta nuestros días
sabían esto, por qué no han hecho nada al respecto hasta el día de hoy? Pues yo
mismo me contesto: Convergencia, partido que gobernaba en Cataluña, ha sabido
aprovecharse de la necesidad que los gobiernos del Estado, de distinto matiz
político, necesitaban su apoyo para constituir esos equipos de gobierno y
mantenerse en el poder. Y como resumen, miraban para otro lado, siendo tan
responsables o más de los casos de corrupción de la familia Pujol. Por lo que
se puede concluir, sin riesgo de error, que las formaciones políticas que hasta
ahora han gobernado el país, han adolecido de hacer primar el sentido de Estado
sobre el interés partidista. Por otro lado, las copias ideológicas (con mejor
aspecto y más televisivas) de formaciones que acumulan enorme cantidad de
procesos no creo que merezcan demasiada consideración a la hora de emitir un
posible voto.
La Socialdemocracia también ha fracasado al
presuponer que los capitalistas, a cambio de conseguir que no se les disputase
por la ciudadanía la propiedad de los medios de producción, iban a ser capaces
de permitir que el nivel de vida de la totalidad de los trabajadores alcanzase
unos estándares del Estado del Bienestar tales que disfrutasen de unas
condiciones de vida de satisfacción suficiente, a través del reparto justo de
las plusvalías que el trabajo producía; la experiencia ha demostrado que cuando
a los capitalistas se les conceden condiciones legales suficientes, a través de
disposiciones de gobiernos más afines a sus intereses que a los de la mayoría
de los trabajadores, se comportan vorazmente, apropiándose de la totalidad del
beneficio que debería ir a parar a los trabajadores.
En consecuencia, sólo opciones que planteen
en sus programas políticos la ruptura con todas las formas de corrupción
posible, sólo verdaderos programas socialistas que pretendan sancionar
adecuadamente estas actitudes, serán dignos de representar los intereses de la
mayoría de la clase obrera, incluida la clase media.
No obstante, la primera condición a cumplir
para que se pueda alcanzar ese objetivo es ir a votar el día 20 de diciembre,
para evitar lo que está pasando con el más de millón y medio de ciudadanos
españoles que han tenido que emigrar y que están encontrando múltiples
dificultades que les impedirán ejercer su derecho de sufragio, de los que su mayoría no votarían las opciones de un
partido político que su gobierno les ha obligado a irse de su país para buscar
fuera una vida mejor.
