Al escuchar a algunos políticos definir sus idearios o formas de pensar de la cosa social siempre me viene a la mente la misma sensación: estos señores se están buscando una jubilación dorada para el futuro próximo.
Cuando de pequeños, en el colegio, aparecía en escena el niño al que todos temían por lo bestia y animal que era el muchacho en sus relaciones con sus ¿compañeros?, los grupos se dividían rápidamente siendo mayoría los que optaban por hacerse de la banda del burrote y unos cuantos que creían que su comportamiento no se podía tolerar; yo en demasiadas ocasiones fui de estos últimos recibiendo algún coscorrón por ello como el resto de mis compañeros, que pensábamos que la razón no tenía por que estar del lado del más fuerte si no del que la tuviese.
La política genera muchos amigos del “burrote”, del más fuerte, del poderoso, de aquel que en el futuro puede hacerte el favor de ponerte en la nómina de sus empresas como conferenciante, socio, consejero o administrador. Desde luego es mucho más gratificante económicamente tener un amigo poderoso al que le has hecho un favor en algún momento y que te devolverá si es necesario, que lo será.
Lo que realmente hace asqueroso ese comportamiento es que para ser amigo del “burrote”, al hacerle los favores que te demande, tienes que hacer abstracción de a quién le asiste el derecho y quién necesita realmente ayuda, porque en otro momento las circunstancias de la vida le habían vuelto la espalda. Para tener ese tipo de comportamiento no hay que pensar en las personas si no en tus propios intereses, hacer que estos prevalezcan siempre y en todo momento sobre cualquier otra posible decisión; el egoísmo más exacerbado es la máxima de su vida, haciendo que en los casos extremos derive hacia una conducta corrupta.
Defender los planteamientos de los más poderosos económicamente o de influencia, no tiene ningún valor, es como defender al ejercito que va pertrechado con los más sofisticados medios militares y se enfrenta a un enemigo que tiene piedras como todo armamento (¿por qué me resultará tan familiar esta imagen?); lo realmente increíble de ese comportamiento es que, en ocasiones, tienen que hacerlo personas con suficiente formación para saber que lo que defienden es inconcebible formalmente, teórica y prácticamente imposible y que no se dará bajo ninguna circunstancia; supongo que estas personas tienen que tener una gran opinión de sí mismas o una muy pobre del resto de los mortales para conciliar moralmente la mentira que expresan con la verdad que conocen; en demasiadas ocasiones esta dicotomía en el comportamiento de algunas personas las hace hablar de generalidades sin entrar a concretar ninguna de sus afirmaciones, evitando de ese modo la inmediata replica dialéctica, ante la que difícilmente podrán argumentar en contra sin que aparezca ese rictus característico propio de los que mienten.
Quienes actúan de esta manera no les importará cambiar de protector aunque este tenga un planteamiento político absolutamente distinto a su anterior bienhechor; de lo que se trata es de estar con quien mande sea este quien sea o lo que piense.
Sin embargo otra realidad es posible; se puede defender la mejor distribución de la riqueza pensando en los más desfavorecidos; los países del norte de Europa nos vienen predicando con el ejemplo hace muchos decenios: se puede acabar con el paro, en cualquier época, redistribuyendo la riqueza y fomentando los servicios públicos. Es cierto que se necesitan políticos valientes y una ciudadanía solidaria, pero esas son las políticas de partidos social socialistas; si nos dotáramos del mismo número de trabajadores públicos por habitante que existen en los países nórdicos, no sólo obtendríamos unas cotas de bienestar social semejantes a ellos sino que además acabaríamos con el paro. En lugar de las anunciadas medidas reclamadas por las eminentes mentes de nuestros empresarios, sus asociaciones y su vocero oficial, el PP, lo que habría que hacer es elevar el salario mínimo interprofesional de los trabajadores, igualándolo a lo percibido en Europa, 1.330,00€ frente a los 630,00€ de España, después de aplicar la correspondiente subida del 2010.
Es posible que la defensa de los intereses de la mayoría no produzca el beneficio económico personal que ansían muchos cargos públicos, pero es hora de considerar que ser representante público es ser cartero de la demanda de sus representados, a quienes tiene que rendir cuentas, un servidor público al que nadie obliga a permanecer en su cargo si no está dispuesto a serlo o no lo es de la forma adecuada.
sábado, 30 de enero de 2010
Votos inconsecuentes
Cuando el Presidente de la F. E. M. P., Pedro Castro dijo que los trabajadores que votasen a los candidatos de la derecha eran unos mentecatos (ineptos, ignorantes, desinformados) tenía algunos argumentos que apoyaban su tesis (Esta afirmación le costo sufrir los furiosos ataques de una embravecida Esperanza Aguirre, quién pidió la dimisión de todos los cargos del señor Castro. No sé que dirá ahora la indocumentada señora después que la hayan pillado llamando a un compañero de partido “hijoputa”, y reconociendo como ha manipulado la elección de los consejeros de Caja Madrid, en favor de IU ¿Existe La Pinza?)
Puesto en supuesto contacto con dicho caballero, me vino a decir en que fundamentaba su afirmación. Para empezar me comentó que el más querido ideario de la derecha española es la privatización de toda actividad económica rentable, toda la gestión de la economía en poder de manos privadas, dejando unos servicios residuales en manos del Estado, como pueden ser la defensa nacional y poco más. Esta es la situación final a la que aspiran llegar los candidatos electos y elegibles de la derecha, bajo la presunción de que las condiciones del mercado serán las que establezcan las reglas del juego económico, en el que todos los actores tienen la misma importancia participativa. Por otro lado esa dinámica del mercado pondrá a cada uno donde le corresponda estar, ajena esta situación a una periclitada lucha de clases. Otra afirmación que subyace en aquella intención es la de que la iniciativa privada es la única y mejor forma de gestionar la actividad económica y que la mejor gestión pública es la inexistente (¡que se lo digan a Gerardo Díaz Ferrán, presidente de Air Comet, y presidente de la CEOE, máximo ídolo de todos los empresarios españoles quienes admiran en él su capacidad para recibir créditos de Caja Madrid (25 millones de euros) con inútiles avales, sin valor ninguno, ya utilizados para obtener otros créditos, gracias a su puesto en el consejo de administración de la misma entidad; su habilidad para vender billetes de transporte aéreo en su empresa tres meses después que un juez británico impidiese a su negocio continuar; su renombrada pericia para dejar a sus trabajadores sin cobrar los sueldos de los últimos ocho meses, etc.; lo dicho, un prototipo de empresario español aplaudido y envidiado por sus compañeros de asociación, a quienes representa en la negociación de las condiciones laborales para los trabajadores para ¡sacar a España de la crisis!). El Estado no debe establecer reglas al libre juego económico del mercado ya que este se autorregulará por sí mismo, en un continuo ir y venir de flujos de información entre productores y clientes. Los precios de los productos serán fijados automáticamente por los efectos de la oferta y la demanda de los consumidores; cuando exista mayor solicitud del producto este elevará su precio y cuando no sea así los precios verán disminuir su importe de forma automática. Los despidos serán pactados directamente entre el trabajador y el empresario (a ambos se les supone igual nivel de preponderancia en la negociación) sin la indeseable participación de sindicatos, jueces o normas que dificulten dicha tramitación, que si estuviese sujeta a alguna normativa sería la propuesta por los empresarios. La intervención del Estado en la fiscalización y control de las cuentas de las empresas debería desaparecer siendo sustituida por la de una Cámara de Representantes Empresariales ¡Independientes! Eliminación de los pagos de las empresas a la seguridad social por cada trabajador empleado en sus instalaciones, siendo los gastos de la SS cubiertos con cargo a los presupuestos del Estado. Desaparición del impuesto sobre los beneficios de sociedades, siendo no obstante ayudadas y compensadas por el Estado las empresas que tengan pérdidas en su explotación. Nulidad de todas las normas relativas a los controles sobre las distintas formas de remuneración de los cargos directivos de las empresas y de los miembros de sus consejos de administración, pudiendo ser fijadas estas por los mismos interesados. Disminución paulatina de los porcentajes, hasta su supresión, de todos los impuestos que graven el tráfico comercial, tanto europeos, nacionales o locales, ya sea el IVA o las tasas e impuestos municipales. ¿Qué buscan conseguir los empresarios españoles, que disfrutan de una legislación laboral de las más beneficiosas para ellos de Europa? Pues, por ejemplo, que si ya pueden despedir a un trabajador por causas que un juez dictamine que han sido improcedentes, es decir, que el empresario no tiene derecho a despedir al trabajador por las causas que argumenta pero éste lo pone de patitas en la calle, la indemnización que debe pagar a su empleado (45 días por año, con un máximo de 42 mensualidades) se reduzca o desaparezca; es decir puede despedir a cualquiera sin tener razón legal y, además, no pagarle nada por esa injusticia. ¡Brillante!
Está demasiado reciente en nuestra memoria la crisis económica en que nos han sumido las libertades, cuando no liberalidades, concedidas a los agentes económicos empresariales para su mejor y más eficaz funcionamiento como para tener que ahondar demasiado en la, aún sin cerrar, herida, pero tendremos que explicar los efectos que para el ciudadano trabajador podría tener la consecución de los objetivos de la derecha española.
En un Estado Social y Democrático de Derecho como se define España en el marco de la Constitución de 1978, el papel del Estado es el de conseguir el mejor y más justo reparto de la riqueza existente en el país. Es cierto que existen países muy desarrollados económicamente en que el liberalismo económico más salvaje impone las reglas de juego, pero no puede argumentarse que la riqueza de ese país deviene exclusivamente de la libertad de empresa sin desconocer las circunstancias históricas que la han forjado. Por cierto en ese país, en el año 2010, están intentando que la sanidad sea un bien común para todos los ciudadanos, provisto desde la Administración Pública.
Los trabajadores en España saben lo costoso que ha sido alcanzar determinados derechos laborales, que se han tenido que negociar cambiándolos por concesiones a los empresarios; un trabajador sabe que cuando nacen sus hijos lo primero que les afecta es la genética que puedan heredar de sus padres, consecuencia directa de la fortaleza física e intelectual de sus antepasados, si aquellos recibieron un aporte alimenticio suficiente y una formación intelectual adecuada, es posible que sus descendientes tengan una situación de partida adecuada para competir con su semejantes; recibir una adecuada alimentación desde la cuna, ésta va a condicionar su futuro y dependerá fundamentalmente de la situación económica de los padres, difícilmente podrá ser así si los ingresos familiares llegan, o no, con dificultad a cubrir los gastos mensuales. La educación que reciban será fundamental para definir su futuro profesional; si nos situamos en la fecha de hoy el fracaso escolar no alienta a pensar que un debilitamiento en la dotación económica de la educación pública valla a mejorar esta situación; si las personas que tienen medios suficientes envían sus hijos hacia los centros de formación privados (mejor dotados de medios y profesores mejor pagados) no podrá existir equiparación entre las educaciones de unos y otros.
La calidad de los servicios de salud que reciban podrá hacer que pueda peligra hasta su vida, terminándose aquí su periplo vital; si el curar una enfermedad o recibir un costoso procedimiento médico que le sane depende de que pueda o no pagarse el tratamiento, es evidente que vuelve a diferenciarse claramente al hombre rico del hombre pobre.
Cuando estén en edad de poder trabajar, la formación obtenida limitará fundamentalmente sus posibilidades (aunque no exclusivamente esto); no he visto a ningún hijo de notario, médico, noble, piloto, etc., trabajando de albañil en una obra. Las amistades, consecuencia del ámbito en que se desarrolla la vida de sus padres y la suya propia, limitará enormemente su futuro profesional; se dan casos en que un hijo de alguna personalidad nacional, con alguna deficiencia mental trabaje en puestos de asesoramiento en grandes empresas. Las relaciones que tengan los hijos de los trabajadores condicionaran también su futuro sentimental; si los ambientes en que se desarrolla su ocio son unos determinados, de allí saldrá su futuro consorte, que volverá a estar enormemente condicionado por su situación económica. Los “braguetazas”, es decir la posibilidad de que una persona de un estrato social mínimo acceda, por vía de unión, a otro de superior categoría económica se dan preferiblemente en los cuentos, con alguna curiosa excepción.
El mercado no fija los precios nunca, y esto queda demostrado por la cantidad de sanciones que el Tribunal de la Competencia ha tenido que imponer a empresas de diversos sectores que, siendo supuestamente competidores, se han puesto de acuerdo para imponer precios a los consumidores que les supusiese beneficios económicos alejados de esa supuesta competencia. El empresario español cuando habla de abaratar costes está pensando exclusivamente en reducir sus gastos de personal, vía disminución de salarios, reducción de plantillas con despidos gratuitos, eliminación de impuestos y gastos de seguridad social, pero nunca de disminuir los jugosos beneficios que se embolsa; el Estado sólo les sirve para implorar ayuda cuando los negocios no les producen lo esperado pero cuando las cosas cambian es deseable que las competencias del Estado desaparezcan o disminuyan.
Lo que tendrían que hacer los trabajadores es exigir a las opciones de gobiernos de izquierdas que hagan políticas progresistas, que se olviden de los populismos y que cumplan los mandatos constitucionales de reparto justo de la riqueza; que nacionalicen aquellas actividades que, siendo rentables, afectan a los derechos fundamentales de todos, obteniendo de esos ingresos caudales suficientes para realizar políticas sociales de generación de empleo; que terminen con el fraude fiscal de unos cuantos y con los privilegios de unos pocos; que traten por igual a todas las religiones terminando con las subvenciones a la Iglesia Católica; que terminen con una de las lacras económicas de nuestra sociedad como son los intermediarios, creando sistema cooperativos o públicos que den por finalizado los márgenes con los que se trabaja en numerosas actividades; que se controle por igual todas las rentas al mismo nivel que a través del IRPF se controlan los ingresos de los asalariados, sancionando a aquellas empresas y trabajadores que reciben sobres de dinero no regulado por la nómina mensual y por el que no tendrán derechos futuros cuando se jubilen; que se promueva la participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones políticas, modificando las disposiciones legales que encorsetan y dificultan esta participación; que en la lucha por la equiparación de todos respecto a la Ley se elimine la disposición legal de la irresponsabilidad de los actos del monarca; que se termine con la censura cierta, tacita o no, sobre las acciones de la Casa Real, siendo publicable por los medios de difusión privados qué hace la familia real en cualquier momento y lo que supone para el erario público sus actos, sin cortapisas ni condicionantes; que se modifique el Código Penal para los delitos de prevaricación, fraude, y todo lo relacionado con la actividad pública fraudulenta, haciendo que las penas no sean reducibles por buen comportamiento (que se debía tener, supuestamente, antes de ser elegible) e incrementando la duración de las mismas; que los representantes de los ciudadanos en los órganos de gobierno nacionales, autonómicos y locales tengan la obligación de asistir a sus sesiones, salvo causa grave justificada, haciendo que un número de faltas mínimas sea sancionado con la retirada de parte de sus percepciones por dicho cargo; que se equiparen las deducciones actuales por IRPF de los diputados (4,5%) con la aplicación de las tablas de tipos que se aplican a todos los trabajadores; que ,en definitiva, realice los trámites oportunos para el establecimiento de la III República Española.
Puesto en supuesto contacto con dicho caballero, me vino a decir en que fundamentaba su afirmación. Para empezar me comentó que el más querido ideario de la derecha española es la privatización de toda actividad económica rentable, toda la gestión de la economía en poder de manos privadas, dejando unos servicios residuales en manos del Estado, como pueden ser la defensa nacional y poco más. Esta es la situación final a la que aspiran llegar los candidatos electos y elegibles de la derecha, bajo la presunción de que las condiciones del mercado serán las que establezcan las reglas del juego económico, en el que todos los actores tienen la misma importancia participativa. Por otro lado esa dinámica del mercado pondrá a cada uno donde le corresponda estar, ajena esta situación a una periclitada lucha de clases. Otra afirmación que subyace en aquella intención es la de que la iniciativa privada es la única y mejor forma de gestionar la actividad económica y que la mejor gestión pública es la inexistente (¡que se lo digan a Gerardo Díaz Ferrán, presidente de Air Comet, y presidente de la CEOE, máximo ídolo de todos los empresarios españoles quienes admiran en él su capacidad para recibir créditos de Caja Madrid (25 millones de euros) con inútiles avales, sin valor ninguno, ya utilizados para obtener otros créditos, gracias a su puesto en el consejo de administración de la misma entidad; su habilidad para vender billetes de transporte aéreo en su empresa tres meses después que un juez británico impidiese a su negocio continuar; su renombrada pericia para dejar a sus trabajadores sin cobrar los sueldos de los últimos ocho meses, etc.; lo dicho, un prototipo de empresario español aplaudido y envidiado por sus compañeros de asociación, a quienes representa en la negociación de las condiciones laborales para los trabajadores para ¡sacar a España de la crisis!). El Estado no debe establecer reglas al libre juego económico del mercado ya que este se autorregulará por sí mismo, en un continuo ir y venir de flujos de información entre productores y clientes. Los precios de los productos serán fijados automáticamente por los efectos de la oferta y la demanda de los consumidores; cuando exista mayor solicitud del producto este elevará su precio y cuando no sea así los precios verán disminuir su importe de forma automática. Los despidos serán pactados directamente entre el trabajador y el empresario (a ambos se les supone igual nivel de preponderancia en la negociación) sin la indeseable participación de sindicatos, jueces o normas que dificulten dicha tramitación, que si estuviese sujeta a alguna normativa sería la propuesta por los empresarios. La intervención del Estado en la fiscalización y control de las cuentas de las empresas debería desaparecer siendo sustituida por la de una Cámara de Representantes Empresariales ¡Independientes! Eliminación de los pagos de las empresas a la seguridad social por cada trabajador empleado en sus instalaciones, siendo los gastos de la SS cubiertos con cargo a los presupuestos del Estado. Desaparición del impuesto sobre los beneficios de sociedades, siendo no obstante ayudadas y compensadas por el Estado las empresas que tengan pérdidas en su explotación. Nulidad de todas las normas relativas a los controles sobre las distintas formas de remuneración de los cargos directivos de las empresas y de los miembros de sus consejos de administración, pudiendo ser fijadas estas por los mismos interesados. Disminución paulatina de los porcentajes, hasta su supresión, de todos los impuestos que graven el tráfico comercial, tanto europeos, nacionales o locales, ya sea el IVA o las tasas e impuestos municipales. ¿Qué buscan conseguir los empresarios españoles, que disfrutan de una legislación laboral de las más beneficiosas para ellos de Europa? Pues, por ejemplo, que si ya pueden despedir a un trabajador por causas que un juez dictamine que han sido improcedentes, es decir, que el empresario no tiene derecho a despedir al trabajador por las causas que argumenta pero éste lo pone de patitas en la calle, la indemnización que debe pagar a su empleado (45 días por año, con un máximo de 42 mensualidades) se reduzca o desaparezca; es decir puede despedir a cualquiera sin tener razón legal y, además, no pagarle nada por esa injusticia. ¡Brillante!
Está demasiado reciente en nuestra memoria la crisis económica en que nos han sumido las libertades, cuando no liberalidades, concedidas a los agentes económicos empresariales para su mejor y más eficaz funcionamiento como para tener que ahondar demasiado en la, aún sin cerrar, herida, pero tendremos que explicar los efectos que para el ciudadano trabajador podría tener la consecución de los objetivos de la derecha española.
En un Estado Social y Democrático de Derecho como se define España en el marco de la Constitución de 1978, el papel del Estado es el de conseguir el mejor y más justo reparto de la riqueza existente en el país. Es cierto que existen países muy desarrollados económicamente en que el liberalismo económico más salvaje impone las reglas de juego, pero no puede argumentarse que la riqueza de ese país deviene exclusivamente de la libertad de empresa sin desconocer las circunstancias históricas que la han forjado. Por cierto en ese país, en el año 2010, están intentando que la sanidad sea un bien común para todos los ciudadanos, provisto desde la Administración Pública.
Los trabajadores en España saben lo costoso que ha sido alcanzar determinados derechos laborales, que se han tenido que negociar cambiándolos por concesiones a los empresarios; un trabajador sabe que cuando nacen sus hijos lo primero que les afecta es la genética que puedan heredar de sus padres, consecuencia directa de la fortaleza física e intelectual de sus antepasados, si aquellos recibieron un aporte alimenticio suficiente y una formación intelectual adecuada, es posible que sus descendientes tengan una situación de partida adecuada para competir con su semejantes; recibir una adecuada alimentación desde la cuna, ésta va a condicionar su futuro y dependerá fundamentalmente de la situación económica de los padres, difícilmente podrá ser así si los ingresos familiares llegan, o no, con dificultad a cubrir los gastos mensuales. La educación que reciban será fundamental para definir su futuro profesional; si nos situamos en la fecha de hoy el fracaso escolar no alienta a pensar que un debilitamiento en la dotación económica de la educación pública valla a mejorar esta situación; si las personas que tienen medios suficientes envían sus hijos hacia los centros de formación privados (mejor dotados de medios y profesores mejor pagados) no podrá existir equiparación entre las educaciones de unos y otros.
La calidad de los servicios de salud que reciban podrá hacer que pueda peligra hasta su vida, terminándose aquí su periplo vital; si el curar una enfermedad o recibir un costoso procedimiento médico que le sane depende de que pueda o no pagarse el tratamiento, es evidente que vuelve a diferenciarse claramente al hombre rico del hombre pobre.
Cuando estén en edad de poder trabajar, la formación obtenida limitará fundamentalmente sus posibilidades (aunque no exclusivamente esto); no he visto a ningún hijo de notario, médico, noble, piloto, etc., trabajando de albañil en una obra. Las amistades, consecuencia del ámbito en que se desarrolla la vida de sus padres y la suya propia, limitará enormemente su futuro profesional; se dan casos en que un hijo de alguna personalidad nacional, con alguna deficiencia mental trabaje en puestos de asesoramiento en grandes empresas. Las relaciones que tengan los hijos de los trabajadores condicionaran también su futuro sentimental; si los ambientes en que se desarrolla su ocio son unos determinados, de allí saldrá su futuro consorte, que volverá a estar enormemente condicionado por su situación económica. Los “braguetazas”, es decir la posibilidad de que una persona de un estrato social mínimo acceda, por vía de unión, a otro de superior categoría económica se dan preferiblemente en los cuentos, con alguna curiosa excepción.
El mercado no fija los precios nunca, y esto queda demostrado por la cantidad de sanciones que el Tribunal de la Competencia ha tenido que imponer a empresas de diversos sectores que, siendo supuestamente competidores, se han puesto de acuerdo para imponer precios a los consumidores que les supusiese beneficios económicos alejados de esa supuesta competencia. El empresario español cuando habla de abaratar costes está pensando exclusivamente en reducir sus gastos de personal, vía disminución de salarios, reducción de plantillas con despidos gratuitos, eliminación de impuestos y gastos de seguridad social, pero nunca de disminuir los jugosos beneficios que se embolsa; el Estado sólo les sirve para implorar ayuda cuando los negocios no les producen lo esperado pero cuando las cosas cambian es deseable que las competencias del Estado desaparezcan o disminuyan.
Lo que tendrían que hacer los trabajadores es exigir a las opciones de gobiernos de izquierdas que hagan políticas progresistas, que se olviden de los populismos y que cumplan los mandatos constitucionales de reparto justo de la riqueza; que nacionalicen aquellas actividades que, siendo rentables, afectan a los derechos fundamentales de todos, obteniendo de esos ingresos caudales suficientes para realizar políticas sociales de generación de empleo; que terminen con el fraude fiscal de unos cuantos y con los privilegios de unos pocos; que traten por igual a todas las religiones terminando con las subvenciones a la Iglesia Católica; que terminen con una de las lacras económicas de nuestra sociedad como son los intermediarios, creando sistema cooperativos o públicos que den por finalizado los márgenes con los que se trabaja en numerosas actividades; que se controle por igual todas las rentas al mismo nivel que a través del IRPF se controlan los ingresos de los asalariados, sancionando a aquellas empresas y trabajadores que reciben sobres de dinero no regulado por la nómina mensual y por el que no tendrán derechos futuros cuando se jubilen; que se promueva la participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones políticas, modificando las disposiciones legales que encorsetan y dificultan esta participación; que en la lucha por la equiparación de todos respecto a la Ley se elimine la disposición legal de la irresponsabilidad de los actos del monarca; que se termine con la censura cierta, tacita o no, sobre las acciones de la Casa Real, siendo publicable por los medios de difusión privados qué hace la familia real en cualquier momento y lo que supone para el erario público sus actos, sin cortapisas ni condicionantes; que se modifique el Código Penal para los delitos de prevaricación, fraude, y todo lo relacionado con la actividad pública fraudulenta, haciendo que las penas no sean reducibles por buen comportamiento (que se debía tener, supuestamente, antes de ser elegible) e incrementando la duración de las mismas; que los representantes de los ciudadanos en los órganos de gobierno nacionales, autonómicos y locales tengan la obligación de asistir a sus sesiones, salvo causa grave justificada, haciendo que un número de faltas mínimas sea sancionado con la retirada de parte de sus percepciones por dicho cargo; que se equiparen las deducciones actuales por IRPF de los diputados (4,5%) con la aplicación de las tablas de tipos que se aplican a todos los trabajadores; que ,en definitiva, realice los trámites oportunos para el establecimiento de la III República Española.
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