ES URGENTE REALIZAR LA AUDITORÍA DE LA DEUDA DEL ESTADO ESPAÑOL

Con una tasa de paro del 26% (6.000.000 de personas) de la población en edad de trabajar, de las cuales más del 60% (3.600.000 personas) tienen menos de 35 años; con una prima de riesgo a 31 de octubre de 236,60 puntos (NO CONFUNDAMOS LA PRIMA DE RIESGO CON EL TIPO DE INTERÉS QUE SE PAGA POR LA ADQUISICIÓN DE DEUDA ESPAÑOLA: LA PRIMA DE RIESGO ES LA DIFERENCIA ENTRE LO QUE SE PAGA POR EL BONO ALEMÁN A DIEZ AÑOS Y POR EL ESPAÑOL, EN CONSECUENCIA, AUNQUE LA PRIMA DE RIESGO SEA DE 236,60 PUNTOS EL INTERÉS QUE EL ESTADO ESPAÑOL PAGA POR SU DEUDA ES DEL 3,982%); con una deuda acumulada de más del 100% del Producto Interior Bruto (1 Billón de Euros de P. I. B.) es imposible que la economía española crezca a niveles de crear empleo, hasta que estos parámetros no cambien sustancialmente.

Por tanto, no queda más remedio que auditar la deuda para saber quienes son los acreedores del Estado Español y tomar las medidas correspondientes. El Banco Central Europeo se concibió bajo las premisas que impusieron los grandes poderes económicos europeos, de esa manera este banco no puede prestar dinero a los estados, sólo puede hacerlo a los bancos privados, así se da la paradoja de que el BCE presta millones a los bancos privados al 0,25% de interés, para que estos compren deuda de los Estados soberanos que les pagan el 4% o más por sus bonos. Por esta circunstancia las ganancias de los bancos privados se acumulan gracias a la intervención de un banco público. El cambio de los Estatutos del BCE es un tema que se ha tratado en numerosas ocasiones pero que cuenta con la oposición de los mandatarios alemanes, que más parecen que trabajen para los beneficios de sus bancos y del resto de la banca privada europea, que para las naciones europeas y sus ciudadanos. 

La auditoría de la deuda española tendría que tener el objetivo de que una vez identificados los poseedores de los bonos españoles, en el caso de que sus propietarios fuesen los bancos privados, españoles o no, que se hubiesen financiado con fondos del BCE, se les pagaría por sus bonos un porcentaje semejante al que ellos pagaron al BCE por su financiación, con un mínimo diferencial de beneficios, es decir, si el BCE les cedió créditos al 0,25%, el interés que les pagaría el estado español sería del 0,275%, que representa un beneficio sobre su coste del 10%, interés más que suficiente para compensar la inversión realizada.

En el caso de que es Estado Español pagase el interés marcado por la prima de riesgo sobre el bono alemán (el 4%), estaríamos en un escenario en que el Estado pagaría un sobre precio de beneficio para los bancos privados del 1600% sobre el coste original.

Las personas privadas que poseyesen este tipo de activos serían recompensadas con el tipo de interés establecido en el momento de su adquisición, con un tope en la cantidad invertida, es decir, los primeros 100.000,00€ al tipo de interés establecido; los siguientes 100.000,00€ a un tipo menor en un 20%, y así sucesivamente hasta llegar a una cantidad invertida y un tipo equivalente al de los bancos privados.

Esta auditoría y posterior control del pago de la deuda es fundamental para que el gobierno del Estado Español disponga de fondos para emprender medidas de fomento de la inversión que recuperen la capacidad de la economía española para crear empleo, y por ende para incrementar la demanda interna de bienes y servicios, sin la que será imposible disminuir el número de desempleados en España.

La cuestión fundamental es ¿qué partido político, con posibilidades de gobernar, va a incluir en su programa que presente ante los electores en la próxima  cita ante las urnas esta cuestión, insoslayable si de verdad se quiere sacar al país de la profunda crisis en la que está inmerso?.    

Se necesitaría un partido político formado por hombres y mujeres que entendiesen la política como un servicio, con una grandeza de ideas que no se limitasen al espíritu de justicia que las anima, sino que estuviesen dispuestos a aplicarlas en toda su extensión y en todas partes.

¿Tenemos los españoles alguna característica que nos conduce a ser esclavos?

Nuestra historia, la de España y los españoles, nos enseña que en algunas ocasiones nuestro territorio y nuestras gentes fueron obligados  y sometidos por fuerzas extranjeras; desde el imperio romano hasta la más reciente invasión de las fuerzas napoleónicas. Algunas de ellas, como la dominación romana, musulmana o la francesa aportaron a nuestra cultura profundos conocimientos en medicina, astronomía o leyes, así como en ingeniería y obras de infraestructuras, pero siempre bajo la condición de un país dominado.

Algunos argumentos que he escuchado en estos días y algunas conversaciones que no he podido evitar oír me han recordado el grito de "¡vivan las cadenas!", acuñado en 1814, cuando regresó a España Fernando VII y quedó abolida la Constitución de 1812. ¡Vivan las cadenas! es un lema acuñado por los absolutistas españoles en 1814 cuando, en la vuelta del destierro de Fernando VII, se escenificó un recibimiento popular en el que se desengancharon los caballos de su carroza, que fueron sustituidos por personas del pueblo que tiraron de ella. Se pretendía justificar con ello la decisión del rey de ignorar la Constitución de 1812 y el resto de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz, gobernando como rey absoluto, como le proponían los firmantes del Manifiesto de los Persas (12 de abril). El año que viene se cumplen dos siglos de aquel 4 de mayo de 1814, en que Fernando VII suspende las Cortes de  Cádiz. Mariano Rajoy Brey podrá celebrarlo como presidente del gobierno de España.

Pero ahora estamos en Europa, cuna de culturas. Sí, ése es el escenario y su decorado. Pero ¿de verdad estamos en una democracia? ¿De verdad bajo ese nombre gobiernan los pueblos de muchos países? ¿O hace tiempo que se ha evolucionado de otro modo? Actualmente en Europa y fuera de ella, los financieros, culpables indiscutibles de la crisis, han salvado ya el bache y prosiguen su vida como siempre con grandes beneficios. En cambio, sus víctimas no han recuperado su trabajo ni su nivel de ingresos. La culpabilidad del sector financiero en la crisis no sólo no ha conducido a la nacionalización de la banca rescatada; ni siquiera se ha planteado la supresión de mecanismos y operaciones de alto riesgo. No se eliminan los paraísos fiscales ni se acometen reformas importantes del sistema, más que aquellas que hacen más pobres a los más pobres.

Decía Tomás Moro que” según ha dicho Platón sólo serán perfectamente felices las repúblicas en lo venidero si los filósofos son reyes o los reyes se entregan al estudio de la filosofía”, “Nada más contrario a la dignidad de un soberano que reinar en un pueblo de mendigos; su deber es regir una nación rica y feliz” 

El miedo es una característica inherente a la sociedad humana: está en la base de su sistema educativo (que,  en buena medida se define por el esquema básico del premio y del castigo) y es un pilar del proceso socializador. Buena parte del sistema normativo se fundamenta en el miedo, como muestra el Derecho Penal. El miedo, el excesivo egoísmo, la exacerbación de la individualidad fomentada por los poderes públicos y por las religiones es lo que nos ha convertido en el tipo de personas que somos (la religión no es por si misma generadora de temores o angustias, pero si lo es el discurso político al cual apelan para generar adoctrinamiento). El principal transmisor actual del miedo son los medios de comunicación de masas, pero en todo caso se precisa de la credulidad de la sociedad para que el pánico estalle; es decir, se necesita una sociedad de ignorantes para el miedo fecunde; para eso se utilizan las leyes de gobiernos retrógrados y que la propiedad de los medios de comunicación estén en pocas manos.

Cuando los adultos que gobiernan atacan a los jóvenes, obligándoles a exiliarse en busca de un futuro mejor, obedecen a los deseos de los que dirigen esta sociedad que son los que saben lo peligrosos que son los jóvenes porque todavía no tienen intereses creados y se niegan a embrutecerse y resignarse. Muchos les dirán que permanezcan tranquilos y que sean buenos, que la emigración es una forma de contacto con el resto de su país que es Europa, y un justo afán de aventura juvenil; que todo lo que pedís es justo y está bien, pero que ya se encargarán ellos de apartar el grano de las malas hierbas.

Pero vosotros debéis saber que los verdaderos cambios sólo se producen cuando los interesados en ellos los llevan a cabo y los imponen. Sólo vosotros podéis decidir lo que os interesa cambiar y cómo. Sólo el que sufre una opresión puede quitársela de encima.

Por supuesto que una actitud decidida os creara conflictos pero los conflictos sólo son malos si se producen en contra de vuestra voluntad, os pillan desprevenidos, no sabéis por qué y vuestras fuerzas no son las adecuadas. En vuestras manos y en las de todos nosotros existe la posibilidad de cambiar una realidad que nos oprime y no nos gusta.

Vosotros debéis ser la vanguardia de este movimiento, los primeros en el trabajo y en el estudio, los primeros en la defensa de los derechos de los desahuciados de este país; para ello hay que plantearse tareas reales y concretas: Tareas de trabajo cotidiano que no pueden admitir el más mínimo desmayo. 

Futuro político y social para España en el siglo XXI

La Constitución 1978 establece el nombre de Tribunal de Cuentas, respeta y conserva la tradición histórica del Tribunal y en su desarrollo se promulgó la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, reguladora de la Institución. Asimismo, para establecer el funcionamiento del Tribunal, y según el mandato de la Ley Orgánica, se dicta en 1988 la Ley número 7, de 5 de abril. En síntesis, el Tribunal de Cuentas rige su actividad, además de por la Constitución, por las llamadas, para abreviar, «Ley Orgánica» y «Ley de Funcionamiento».

La Carta Magna española y las Leyes Orgánica y de Funcionamiento definen al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del Sector Público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, y dejando a salvo las atribuciones fiscalizadoras de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, le sitúan en la órbita del Poder Legislativo con dependencia directa de las Cortes Generales –aunque no sea un órgano propio del Parlamento Nacional-, disponen para sus doce miembros –los Consejeros de Cuentas, designados seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado- las mismas independencia, inamovilidad e incompatibilidades que los jueces, y distinguen con absoluta claridad las dos funciones que se le encomiendan –las que en él son tradicionales-, la fiscalizadora y la jurisdiccional.

La primera función, la fiscalizadora -caracterizada por ser externa, permanente y consuntiva, consiste en comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía y su destinatario natural son las Cortes Generales (o en su ámbito, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas); así, el Tribunal de Cuentas ejerce el control externo en su ámbito como órgano técnico que es, y las Cortes -o, en su caso, los Parlamentos autonómicos-, con apoyo en los resultados que dimanan de dicho control fiscalizador, despliegan el control político o parlamentario. La función jurisdiccional no es sino el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos, y tiene por objeto lograr la indemnidad de los fondos públicos perjudicados, por malversación, por incorrecta, incompleta o nula justificación, o por otras causas o conductas.

El Tribunal de Cuentas, al día de hoy, está analizando las cuentas públicas (también las contabilidades oficiales de los partidos políticos) correspondientes al ejercicio económico de 2007.

 Dentro de la prescripción en un delito fiscal podemos encontramos con 2 tipos de prescripciones:

1º La prescripción penal en la que el periodo a transcurrir deberá de ser de 5 años desde la comisión del delito.

2º La prescripción administrativa en el que el periodo será de tan solo 4 años.

Debido a que la prescripción administrativa es menor que la penal, se debería incapacitar a la Inspección de Hacienda a la realización de las investigaciones oportunas para la detección del delito fiscal a partir de su fecha de prescripción, en este caso 4 años, por lo que no podrá iniciarse procedimiento penal a partir la prescripción administrativa aunque en la práctica la Agencia Tributaría se salta esta prescripción pudiendo imputar a una persona por la comisión de un delito fiscal una vez prescrito administrativamente el delito, encontrándonos en estos casos con una más que posible inconstitucionalidad en las actuaciones.

En consecuencia, los informes que pueda emitir, si los emite el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales del Estado, tendrán poca o nula validez porque los hechos informados estarán prescritos y por ende no existirá ninguna posibilidad para exigir responsabilidades a nadie. De esta manera se demuestra la escasa o nula utilidad de la existencia del control contable por parte del Tribunal de Cuentas; esto lo conoce perfectamente el gobierno de turno, que elaboró el reglamento de funcionamiento y nombramiento del citado Tribunal. Por si esto no fuera suficiente  y aunque, de acuerdo con los artículos 136 y 153.d) de la Constitución, el Tribunal de Cuentas extiende su competencia a la totalidad del sector público español, lo que incluye a las Comunidades Autónomas y a las Entidades locales, junto con todos sus organismos, entidades y empresas dependientes, ello no obsta para que la mayoría de las Comunidades Autónomas hayan constituido, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía, otros Órganos de control externo, que reciben denominaciones diversas (Cámara de Comptos, Sindicatura de Cuentas, Cámara de Cuentas, etc.), los cuales extienden sus competencias sobre el sector público autonómico y, dependiendo de sus propias Leyes reguladoras, sobre las Entidades Locales de su ámbito territorial. Esta situación de "concurrencia competencial" exige la adopción de soluciones eficientes a través de la colaboración, cooperación y coordinación, entre los distintos órganos de control, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, los consejeros del Tribunal son nombrados por las Cortes (seis por el Senado y seis por el Congreso) mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años" (art. 30.1 LOTCu), y el Fiscal del Tribunal de Cuentas "se nombrará por el Gobierno" de entre los miembros del Tribunal (art. 32 LOTCu); es decir, sucede lo que actualmente acontece, seis miembros los ha nombrado el PP, cinco el PSOE  y uno entre PSOE e IU; los salarios de sus señorías sobrepasan los 100.000,00€ anuales. Con estos poderosos condicionantes ¿es posible que alguien piense que este órgano de control cumple con su misión? Más bien sirve para que muchos políticos utilicen la referencia a que las cuentas de sus partidos han sido analizadas por dicho Tribunal para que esas cuentas adquieran, por ese motivo, visos de legalidad y eficacia.

Mirando hacia atrás, sin ira pero sin resignación, nos damos cuenta que en esta ¿democracia? que han elaborado los actuales partidos políticos, principalmente PSOE y PP, fallan la mayoría de los órganos de control, estatal, judicial, penal, fiscal, administrativo, policial, etc, por lo que la pregunta que nos deberíamos de hacer, ante la virulenta crisis que afecta exclusivamente a los trabajadores, es ¿existe la posibilidad de que algunos de los partidos políticos que actualmente existen en España pueda cumplir con la promesa de abrir un periodo constituyente por el que los ciudadanos dejemos de ser siervos que votan cada cuatro años para ser entes activos y decisorios de la actividad política, capaces de tomar decisiones que ahora mismo sólo están permitidos a los políticos “oficiales”, y para que la riqueza de España esté repartida más equitativamente?. La respuesta es muy sencilla: Imposible para el PP que está inmerso en una dinámica de subversión de la capacidad de intervenir, conocer o decidir por parte de los ciudadanos, mediante la creación de una normativa legal que impida cualquier movimiento que no se adecue a sus deseos. ¿Y por parte del PSOE? No debemos olvidar que este partido ha gobernado en el país durante casi veintidós años, que ha elaborado, en connivencia con el PP, las leyes y normas que actualmente regulan la actividad española, en cualquier tipo de actividad, por lo que son corresponsables del mal o nulo funcionamiento de las instituciones, principalmente importante la de aquellos que, supuestamente, se iban a ocupar de los controles tan necesarios en democracia, y que no hace muchos meses elaboraron (junto al PP) una reforma de la ley electoral para hacer más fácil el mantenimiento de un sistema bipartidista, por lo que parece difícil que este capacitado y crea en la necesidad de comenzar con ese proceso. El PSOE ha dejado de ser un “partido de masas” para convertirse en un “partido de cuadros”. Podemos pensar que si los actuales dirigentes no optan por esa política puede que nuevas caras podrían encarnar esas necesarias decisiones, pero esos nuevos rostros son los de aquellos que ya están en las direcciones del partido, y todos conocemos los procedimientos de acceso a esos cargos, que son imposibles para aquel que discrepa de la línea oficial del líder de turno, que queda apartado de los puestos de responsabilidad; el sistema de acceso a la dirección requiere sumisión previa a quien está por encima;  por otro lado quienes han estado en los puestos de dirección, de alguna manera, han sido conocedores cuando no colaboradores, de las decisiones erróneas que han tomado las diferentes direcciones, por lo que alguna responsabilidad les afecta e inhabilita. Y para dar respuestas a los problemas de hoy hace falta formular proyectos que contengan dosis de credibilidad suficiente para que los ciudadanos intuyan que pueden funcionar. Y no se ven. La socialdemocracia se contagió de la pura lucha por la gestión del neoliberalismo. Abandonó la disminución de las desigualdades como soporte de su bagaje ideológico y de sus proyectos políticos. En una sociedad con más de seis millones de parados y con la destrucción de elementos sustanciales del estado del bienestar, lo que se debe esperar de un partido socialista es que formule alternativas de redistribución, de solidaridad y de proyectos claros para que las diferencias sociales se atenúen. Y de momento solo se atisba un esfuerzo enorme para mantenerse en la cúpula del partido por parte de quienes siempre han estado y más dosis de una medicina que ya no funciona. Las encuestas, en España, tienen sumido al PSOE en una pendiente en la que no solo no se ve el final sino que no se atenúa a pesar del descrédito del Gobierno. Pierde votos por la izquierda y por la derecha y no recupera ninguno. Solo le queda al PSOE el camino de la refundación.

Es difícil pensar que con actual ley electoral pueda surgir un partido de los trabajadores que pudiese acceder democráticamente al poder, a través de los actuales procesos electorales, por lo que la primera condición que deberían proponer en sus programas los partidos democráticos existentes al día de hoy en España es la elaboración de una ley electoral que valore todos los votos emitidos con el mismo rasero, de tal forma que valga igual un voto emitido en Cuenca o en Madrid.     

En definitiva, se observa un oscuro horizonte para el futuro de la clase trabajadora de España. Sólo mediante la solidaridad de clase es posible solucionar esta situación. 

¿Porqué nos cuesta tanto decir te quiero?

Es cierto que estamos rodeados, bombardeados continuamente por noticias que nos demuestran el lado menos fraternal del ser humano, el menos solidario, el más egoísta, pero  todos sabemos que eso no es una representación de la forma de ser y actuar de la mayoría de las personas.

A todos nosotros nos hubiera gustado en algún momento hacer que esas personas fueran adecuadamente castigadas por sus desmanes y utilización del dinero público para sus excesos y apropiaciones.

Por otro lado, esas actitudes insolidarias lo son en ambientes ajenos a sus entornos más próximos, en los que existe una evidente pugna por ocupar, de una u otra manera, los cargos más relevantes de esas organizaciones o para enriquecerse con cargo a una infame manera de proceder de la organización. Estos mismos individuos que actúan con esas maneras en sus ambientes de disputa, en su ámbito familiar y de amistad se comportan de manera absolutamente diferente. Es en ese espacio de lo íntimo donde yo observo la dificultad que tenemos el ser humano para demostrar nuestro cariño hacia nuestros seres más queridos.

¿Quién de todos nosotros no ha pensado, después del fallecimiento de un ser muy allegado, que podría haber hecho un esfuerzo mayor para demostrar a esa o esas personas hasta que nivel eran queridos, hasta que cota eran importantes para nosotros? Sé que es condición del ser humano la improvisación o el descuido de cosas que por su obviedad parecen evidentes pero también es cierto que como seres vivos todos necesitamos del aliento y la palabra amable de aquellos a quienes más apreciamos. También es cierto que, aunque nuestro comportamiento con esas personas hubiese sido ideal, su falta siempre nos haría pensar que no había sido suficiente, que lo podíamos haber hecho mucho mejor, que algo quedo pendiente de decir o hablar, que se podrían haber compartido más momentos gratos y evitado, en la medida de lo posible, aquellos otros que preferiríamos que no se hubiesen producido.

En un mundo que nos quieren hacer ver que sólo debemos de preocuparnos por nosotros mismos y poco más, yo reivindico la necesidad imprescindible de un comportamiento amable, educado, cariñoso y amoroso, en nuestro ámbito más amplio posible, no circunscribirle exclusivamente a nuestro entorno familiar, que sin duda será preferente en esta actitud, sino extenderlo hacia nuestras relaciones con el resto de ciudadanos del mundo, para que de esa manera volvamos a considerarnos compañeros y amigos de aquellos que, por lejana que sea la situación geográfica de sus domicilios, soportan los mismos problemas, iguales presiones y circunstancias adversas que sus dirigentes les originan. La solidaridad ha sido siempre un distintivo claro y diferenciado del ser humano y de algunas especies animales, lo llevamos en nuestros genes originales de seres salidos del agua, y lo que es más importante: Necesitamos volver a pensar en clave de clase social solidaria para cambiar profundamente el rumbo al que nos quieren llevar los lacayos del gran capital que nos dirigen.

Por otro lado, es urgente que potenciemos nuestro comportamiento afectivo en nuestro entorno más cercano ¿Cuántas veces, en los últimos meses nos hemos dado un abrazo fraternal con nuestros hijos; cuánto hace que no hemos dicho a nuestras parejas lo que las queremos y lo necesarios e imprescindibles que son para nosotros; cuánto tiempo hemos tardado, desde que hemos sabido de la enfermedad de un amigo, en acercarnos a informarnos de cual era la su estado de salud; cuántas llamadas telefónicas no hemos realizado por desidia para saber de alguien que hace tiempo que no vemos?

Su nombre: Manuel; era mi hermano. Falleció el pasado 15 de septiembre mientras mi esposa y yo estábamos de vacaciones. Me habría gustado estar cerca de él en ese último momento aunque creo que en vida le demostré mi cariño y respeto como correspondía a un hermano mayor. Está descansando en paz.

Carta a mis nietos para que la lean cuando el mayor tenga veinte años

Posiblemente en esa fecha no esté yo para contároslo o bien, estando, no estaré en condiciones de acordarme qué os tenía que contar; de cualquier manera, os dejo esta nota que os puede servir si por diversas circunstancias, lo que os cuentan de lo acontecido en los tiempos en que os escribo difiere profundamente de lo que realmente sucedió.

Hubo un tiempo en que los trabajadores en España vivíamos de nuestro trabajo, sin grandes alharacas pero pudiéndonos permitir disponer de algún dinero para pequeñas satisfacciones, como ir de vacaciones quince días con la familia, celebrar las festividades familiares con pequeños obsequios al celebrante, y pocas cosas más. Con el dinero percibido por el trabajo de los dos miembros de las parejas, padre y madre, podíamos, con algunos sacrificios, adquirir una vivienda digna donde formar una familia. A pesar de esta aparente buena situación en España estábamos muy lejos de obtener los niveles de renta y beneficios sociales del resto de los trabajadores europeos, a pesar de que España pertenecía a la Comunidad Europea, al parecer, para todos los efectos. Todo esto aconteció desde el año 1977, recién salidos del régimen fascista de Franco, hasta el año 2008, comienzo del periodo de crisis económica más profunda padecida por los trabajadores españoles (SOLO por los trabajadores).

El origen de la crisis es diverso, pero una de las causas fundamentales deviene de la liberalización del suelo para ser considerado todo él urbanizable, tomada por el gobierno del PP de José María Alfredo Aznar López, en su periodo de gobierno 1996-2004:

 “Cuando Aznar dejó el poder, la vivienda costaba más del doble que en 1996 y su precio aumentaba a un ritmo superior al 17% anual. Pese a estas cifras, Aznar no reconoce ninguna responsabilidad en la burbuja especulativa del sector inmobiliario que se inició en su mandato, afirmando que «lo de las burbujas vino después» de su presidencia.” “En esta legislatura, 1996-2000, la presión fiscal aumentó más de un 10%. En 1999 se lleva a cabo la reforma del IRPF, elevándose los tipos medios efectivos del 14,91% al 14,94%. Se redistribuye la carga, aumentándola en un 2% a las rentas más bajas, mientras la carga a las rentas más elevadas se reduce un 6%. Se redujo el gasto en protección social (educación, pensiones, sanidad pública, seguridad ciudadana...) un 9%, siendo en el último ejercicio de la legislatura del 20% del PIB frente al 27% de la media europea. El precio de la vivienda aumentó más de un 28% en tan sólo 4 años. El precio medio pasó de 62 500 euros a 80 500, a lo que hay que sumar el aumento de las hipotecas del 45%, pasando de 47 500 euros a 69 000. El esfuerzo para adquirir una vivienda aumentó, pasando de una relación precio/salario de 4,1 años en 1996 a 4,9 en 2000.^”

Esto fue el detonante del comienzo de la crisis, unido a la total liberalización de los mercados del capital que contaba con absoluta libertad para invertir en donde obtuviese mayores beneficios, preferentemente en mercados especulativos. Gobiernos posteriores adoptaron medidas sociales que no subsanaban los problemas provocados por anteriores situaciones.

Hasta que llego el gobierno del PP de Mariano Rajoy Brey del año 2011, que comenzó a tomar drásticas medidas económicas solamente en contra del poder adquisitivo de los trabajadores, clase media y algunos autónomos, bajo el falso paradigma de que “Se había vivido por encima de nuestra posibilidades”; tiempo después se descubrió que quienes habían vivido por encima de sus posibilidades y de las nuestras eran los políticos, banqueros, capitalistas y gente adinerada en general. Con este gobierno comenzó el mayor destrozo nunca ocurrido a los derechos sociales de los trabajadores, sin dejar ninguno sin tocar, derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna (desahucios), aborto, matrimonio gay, libertad religiosa, educación, sanidad (privatizando sin medida); en abril del año 2013 el paro registrado fue de 6.200.000 personas:

“El primer trimestre del año 2013, el desempleo superó por primera vez en la historia de España los seis millones de parados, un 27,16% de la población activa según la encuesta de la EPA. La tasa de paro juvenil llegó al 57,22%”

En el instante que os escribo esta carta (2 de julio de 2013) el gobierno del susodicho está esperando el momento más oportuno para recortar, también, los derechos de los pensionistas, situación en que, al menos parcialmente, me encuentro, y que va a afectar a numerosos parados que, actualmente, se apoyan para mal vivir en las pensiones que sus mayores cobran; el batacazo puede ser impresionante. 

Mientras, el pueblo español nos manifestamos día si día no, con pocos o ningún resultado; somos como el borracho del bar que cerveza en ristre en la mano, despotrica de todos los poderes pero luego se va a su casa a dormir la mona, mientras los poderosos continúan con sus manejos. En dichas manifestaciones las actuaciones policiales son muy contundentes pero no superiores a las que se están produciendo en otros lugares del mundo, con resultados de muertos y heridos. Como veis la situación actual de problemas económicos no es sólo de España, en el resto del mundo, principalmente en países árabes, se  están dando situaciones muy similares por semejantes causa, una élites que viven ajenas a la realidad de su pueblo, y que reprimen con toda la fuerza que les dan su elección por el mismo pueblo; paradójico ¿verdad?.

Al ser una crisis internacional la solución debería de venir de una unión internacional de los trabajadores pero parece ser que al día de hoy esa unión está muy lejos de realizarse; no existe demasiado interés de hacerlo por aquellos organismos que parecería que deberían comprometerse (Internacional Socialista).

En principio esto es todo lo que quería transmitiros junto con mi cariño para todos los que ahora sois y para los que puede que no conozca pero que igualmente serán mis queridos nietos.

Posiblemente, en el futuro, os vaya ampliando esta información según se sucedan los acontecimientos.

Vuestro abuelo que os quiere.

Sanidad Pública Madrileña: Moribunda. Consecuencia: Ciudadanos Desatendidos

Hace algunos días que me encontré de nuevo con mi antiguo amigo Manuel (ya le he mencionado en estas páginas en otras ocasiones); esta vez le note una expresión preocupada en su rostro, él que normalmente era una persona animosa se le veía cariacontecido, como desanimado, por lo que alentado por la amistad que nos profesábamos me atreví a preguntar el motivo de su tristeza.

Me contó que, a principio del mes de julio de esta año, al estirar su brazo derecho para coger un vaso de la alacena notó un fuerte dolor que le impedía realizar determinados movimientos; pensando que era una sencilla lesión muscular comenzó a tomar unas pastillas de antiinflamatorios que le quedaban de un ocasión anterior; durante cinco días tomó cada ocho horas estos medicamentos pero el dolor no desaparecía por lo que optó por pedir cita a su médico de cabecera. La cita con su doctora tenía fecha de 30 de julio; una vez en consulta la médica le atendió muy diligentemente comprobando que las afirmaciones del paciente eran ciertas mediante el análisis de las zonas afectadas, lo que le llevo a presuponer que podía tener alguna lesión ósea, por lo que, según sus afirmaciones y siguiendo el protocolo, le solicitó un diagnóstico por la imagen, con su correspondiente informe, al equipo de rayos x del Hospital del Sureste-Arganda; Manuel le hizo la observación de que pensaba que el daño era a nivel muscular por lo que una radiografía no daría información sobre aquella pero la doctora le reafirmó que este era el protocolo. La confirmación de la realización de la fecha de la radiografía fue para el 8 de agosto y su resultado en consulta para dos o tres días después.

A la vista de los resultados de la radiografía (no existía lesión ósea), la doctora le solicita consulta con el Traumatólogo del anteriormente citado hospital que le indica que no podrá atenderle hasta el 26 de septiembre; pasan unos días y Manuel continua con fuertes dolores en su brazo, por lo que decide acudir de nuevo a consulta con su doctora, que a la vista de la situación le solicita exploración por ecografía, para el 27 de agosto; Manuel se desespera, el dolor no cesa a pesar de tomar calmantes y la inmovilidad del brazo cada vez es más evidente, y absolutamente en contra de su voluntad decide acudir a una clínica privada que le efectúa la citada ecografía el día siguiente a su visita, previo pago de la prueba realizada; con el resultado de esta ecografía (Ecogenicidad del tendón del bíceps asociado a la presencia de líquido en la vaina hallazgos compatibles con tenosinovitis) acude a citarse con su doctora de la sanidad pública para el día 22 de agosto; a la vista del informe de la prueba privada y observando la urgencia de la necesidad de tratamiento la doctora le solicita cita con el Fisioterapeuta, que le remite al ¡¡7 de febrero de 2014!!. Manuel es consciente de que si no es atendido hasta febrero del año que viene, en estos cinco meses y medio que restan perderá por completo la movilidad de su brazo derecho, resultando muy difícil por no decir imposible, o por lo menos extremadamente dolorosa, la recuperación.

Manuel se debatía en un mar de dudas y razonamientos encontrados, él que siempre había defendido lo público, que había acudido a todas las manifestaciones que en defensa de la sanidad pública se habían realizado, que se encorajinaba cuando escuchaba a los mandatarios del PP decir que la gestión privada hacía más competentes a las empresas (cuando sabía que muchos de esos gobernantes ignoraban el significado de la palabra eficiencia), veía que la única salida para su recuperación era la sanidad privada. Tuvo que hacer un gran esfuerzo de voluntad y abstraerse de cualquier otro razonamiento para concluir que lo importante es este momento era su salud, y que no por ello abdicaba de sus planteamientos sobre la necesidad de una mejor dotación económica a la sanidad pública madrileña, para poder hacer una gestión digna de los pacientes y no clientes.

El día 23 de agosto, viernes, Manuel acudía a la clínica privada para concertar su tratamiento con un fisioterapeuta; el lunes 26 de agosto Manuel comenzaba el tratamiento con el fisio en consulta privada previo pago; cuando me encontré con él me dijo que el especialista que le estaba tratando le comentó que no debía haber tardado tanto en acudir a su consulta por lo que la recuperación de la movilidad de su brazo derecho sería un poco más dolorosa. ¿Alguien recuperará la perdida eficiencia de la Sanidad Pública Madrileña?

Hasta aquí no hemos llegado solos; nos han traído

A pesar de que la plena libertad de movimientos del capital es la premisa fundamental del pensamiento de los economistas neoliberales para garantizar el máximo beneficio para el conjunto de la economía (incluidos en ella los trabajadores), lo que demuestran las evidencias comprobadas científicamente es que la plena movilidad es extraordinariamente costosa y peligrosa para países que no tienen fortaleza económica e institucional, ni sistemas financieros bien asentados, ni mecanismos de regulación que puedan evitar situaciones extremas o la inmoralidad de muchas prácticas financieras; es decir, para la inmensa mayoría de países.

  La cuestión es bien distinta: Una vez que se han dispuesto de tecnologías, normas e instituciones que permiten operar con enorme rentabilidad en los mercados financieros internacionales a base de transacciones especulativas que requieren gran movilidad, se ha puesto en marcha el discurso teórico que justifique de cualquier manera, aunque no se cuente con ningún fundamento científico, la bondad de esa libertad de movimientos; al servicio de ese gran poder se han puesto algunos “teóricos del liberalismo”. La movilidad financiera a escala planetaria es solamente positiva para rentabilizar la inversión para el capitalista, no desde el punto de vista de los efectos globales que lleva consigo. 

El proceso en que se encuentra actualmente inmerso el gobierno del PP en España de progresiva (pretensión, al menos) privatización del sistema de pensiones público, es uno de los factores que contribuyen a incrementar el flujo financiero en forma de liberalización del ahorro. Los grandes bancos y compañías financieras han urdido una estrategia que culmina con la privatización de estos fondos, es decir que termina con ponerlos en sus manos, y así, de forma muy bien organizada, se fragua un amplio consenso doctrinal y político en torno a la conveniencia de privatizar, poco a poco, esas masas gigantescas de recursos que están en poder del sector público. Para convencer a los ciudadanos se lleva a cabo una estrategia muy sutil consistente, por un lado, en difundir constantemente escenarios futuros catastrofistas (“EL SISTEMA ACTUAL DE PENSIONES PÚBLICAS NO ES VIABLE EN EL FUTURO”, lo avala un estudio de presuntos “sabios”, que ya habían predicho tal catástrofe en decenios anteriores) y, por otro, ir aplicando reformas parciales que vayan debilitando la cobertura y la capacidad protectora del sistema público y, paralelamente, fortaleciendo el sistema complementario de gestión privada o las ayudas fiscales que estos reciben. 

 Una cuestión extremadamente grave que nos debería hacer meditar a los ciudadanos es que algunas de las medidas anti sociales que está tomando el gobierno del PP de Mariano Rajoy tiene una muy difícil reversión, es decir, que si estamos confiados en que un próximo gobierno, con más sensibilidad social, podrá revertir todas estas normas a la situación anterior a la que fueron promulgadas deberíamos pensar en su enorme dificultad; si por alguna circunstancia, existiese un gobierno del pueblo que pretendiese, no sólo recuperar, sino aumentar los derechos sociales en este país, se enfrentaría con el verdadero poder del Estado que está en las instituciones financieras. El pueblo debe tomar las decisiones que les corresponda para evitar la herida antes de ponerse el apósito. 

Los trabajadores, la inmensa mayoría de los ciudadanos, no hemos autorizado con nuestro voto, en ningún momento, estas prácticas corruptas por mucho que algunos políticos se les llene la boca con argumentos como que “sus mayorías absolutas de votos (¿absolutas?)” les dan un certificado de corsario para hacer los que les venga en gana con la economía y el futuro de un país llamado España.

Connivencia del poder político en el origen de la crisis

Desde altísimas instancias del poder financiero multinacional se pergeño un proceso que proporcionaría inmensos beneficios a sus creadores pero que necesitaba de la “colaboración” del poder político para su progreso. Para ello se elaboraron procesos consecutivos que crearían el caldo de cultivo previo que se necesitaba para conseguir los objetivos deseados. Lo primero que se necesitaba es que accediesen al poder aquellos individuos “susceptibles” de ser el aparato imprescindible para realizar dicha tarea; no fue difícil conseguir este objetivo porque los medios estaban de parte de los creadores; la televisión, la radio, los informativos, los periódicos en sus manos se encargaron de realizar esa primera fase. Posteriormente les fueron enviando, sutilmente o no, las órdenes para que ejecutaran el plan acordado en esas reuniones de los “más grandes”.
Para empezar se debía de hacer una profunda reforma de las normas que regulaban el sistema financiero; y las órdenes fueron estas:

- Los gobiernos renunciarían a su capacidad de decisión en materia monetaria, pasándoselo a los bancos centrales, que, a su vez, irían cambiando sus estatutos para no tener que dar cuentas al gobierno de lo que hacían.
Asimismo, renunciarían a la capacidad de fijación de los tipos de interés, dejando que su nivel se determinase según la discrecionalidad de los bancos centrales.
Sería necesario la creación de nuevas formas de financiación del sector público, con el fin de que el mercado, esto es, la iniciativa privada, se aproveche mejor de las necesidades de financiación pública gracias a la emisión de títulos más rentables por ser más fácilmente comercializables y liquidables.
- Se aliviaron las obligaciones que tenían los bancos de mantener reservas con el fin de que pudieran aumentar su capacidad de crear dinero bancario.
- Se eliminarían todas las dificultades que pudieran existir para la entrada de nuevas entidades financieras, sobre todo extranjeras, en los mercados aunque ello no hizo sino generar mercados más ologopólicos porque los gobiernos alentaron también a través de todo tipo de estímulos la concentración bancaria y financiera, lo que por cierto, contradice claramente la continua retórica de más competencia y mejor mercado que suele servir de excusa y justificación de todas estas reformas.
- Los gobiernos procederían a privatizar las empresas financieras y bancos públicos, normalmente en condiciones muy ventajosas para el capital privado que las adquiría. De esta forma los Estados perdieron un instrumento fundamental para enfrentarse a las crisis económicas y para garantizar el flujo de crédito a la actividad productiva.
Estas reformas vinieron acompañadas de la consolidación de un entramado de vías complementarias para rentabilizar el capital financiero, como los paraísos fiscales, que permitieron que los beneficios obtenidos eludieran al fisco y que los nuevos negocios derivados de la ingeniería financiera se llevarán a cabo al margen de las leyes y la supervisión bancaria y financiera.
Una significativa muestra de esta connivencia se identifica con la derogación en EE UU de la Ley Glass-Steagall (creada eb 1933, después de la anterior crisis financiera), la cual contenía mecanismos de supervisión de las entidades bancarias y establecía una clara separación entre los bancos de inversión y los comerciales. Los bancos de inversión no podían aceptar depósitos, gestionar cuentas de crédito y dar préstamos, que eran actividades típicas de los bancos comerciales. El presidente Bill Clinton cedió a las presiones de los bancos y la derogo en 1999, acabando con el mecanismo más estricto de regulación y vigilancia bancaria que llevaba consigo.

Los bancos crearon la crisis pero con la connivencia del poder político

El poder del que gozan los dueños del mundo no es solo financiero, ni ajeno a los avatares de la política, como nos quieren hacer creer, sino todo lo contrario capaz de modificar todas las decisiones que tienen que ver con la marcha de nuestras sociedades con tal de tener las manos libres para ganar dinero con sus negocios.

La estrategia del poder financiero está basada en lo que se denomina “El Consenso de Washington”, que son un conjunto de propuestas políticas que en opinión de John Williamsom Washington consideraba “adecuadas”, las que habría que aplicar para lograr el beneplácito y la aceptación del poder político y de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, así como de los “expertos”, las voces “independientes” que consagran la bondad de la política económica. Sus principales componentes son los siguientes:

• Todas las políticas de ajuste y reestructuración debían tener como objetivo esencial lograr el control de los precios, la inflación.
• Era necesario establecer criterios rígidos de disciplina fiscal para acabar con los déficits y, para ello, se prefería reducir el gasto público que subir los impuestos.
• Las reformas tributarias debían de encaminarse a moderar los tipos impositivos, sobre todo las aplicadas a las personas con las rentas más elevadas y al capital para no desincentivar el ahorro, la inversión y el beneficio.
• Los tipos de interés debían de ser determinados por el mercado y, además, los reales (es decir, descontada la subida de los precios) debían ser positivo, porque en caso contrario no habría incentivo para el ahorro y los capitales saldrían del país.
• Los tipos de cambio de las monedas tendrán que establecerse procurando fomentar con ello las exportaciones.
• Debían de darse la mayor liberalización posible de las relaciones comerciales, abriendo las puertas completamente a las importaciones, así como conceder todas las ventajas posibles a las entradas de capital extranjero.
• La actividad privada es mucho más eficiente que la pública, así que era necesario privatizar los sectores y empresas públicas, y eliminar todo tipo de trabas a la iniciativa privada y al funcionamiento de los mercados, con independencia de que aquellas (las actividades públicas) estuvieran basadas en criterios de seguridad o equidad.

Estas políticas se pueden resumir en tres grandes prioridades:

§   Canalizar el mayor volumen posible de recursos hacia la actividad privada.

§   Establecer el mayor grado de libertad de movimientos para los mercados.

§   Abrir al máximo las economías a los mercados exteriores.

A partir de estos principios los gobiernos aplicaron (y siguen aplicando) una serie de reformas de gran calado en relación con la actividad financiera, con los mercados monetarios, con los movimientos de capital, y con la capacidad de actuación de los diferentes agentes en los mercados.

Sólo un futuro gobierno que se comprometa a revertir esta situación tendrá el beneplácito de la mayoría de los ciudadanos en las urnas.

Recortes del PP = Órdenes del Gran Capital

La verdadera democracia se conseguirá cuando se limite y controle el poder de los intermediarios financieros.
El objetivo del control de la inflación frente (en contra) de políticas de pleno empleo y distribución equitativa de la riqueza (renta) de un país, es junto al control del déficit, una de los dogmas más queridos por el pensamiento de los economistas neoliberales, estos mantienen que para controlar la inflación hay que subir los tipos de interés, es decir, el precio del dinero, y como segunda medida, moderar los salarios de los trabajadores; con estas dos medidas se benefician EXCLUSIVAMENTE los propietarios de capital y se incrementa el excedente empresarial en manos de los empresarios.

Estas medidas pueden controlar la inflación, (por otro lado en sus niveles más bajos de hace décadas) pero sólo a costa de disminuir la actividad productiva, que es, en realidad, lo que se busca, porque eso provocará más paro y con él se podrán defender mejor los intereses de los dueños del capital y fijar salarios más bajos. Además, al disminuir los ingresos salariales e incluso los de las empresas cuyo beneficio depende de estos últimos, los sujetos económicos tendrán más tendencia a endeudarse, que es, como sabemos, el objetivo que persiguen los bancos. En definitiva, resulta que la lucha obsesiva contra la inflación es en realidad otra cosa: es la estrategia para lograr una distribución de las rentas más favorable al capital. Y también, es fácil deducir cuando se elevan las rentas en manos de los más ricos aumenta el ahorro que, como también sabemos, es la materia prima que alimenta los flujos financieros especulativos en donde la banca logra mayores rentabilidades.
Los argumentos de los miembros del PP de que porque obtuvieron la mayoría absoluta (a través de un Ley Electoral amañada) en las últimas elecciones les faculta para adoptar estos recortes es la mayor mentira escuchada en los últimos tiempos ¿sus votantes les eligieron para esto?
La verdadera democracia no se obtendrá hasta que se controle a la banca.

Esto es lucha de clases: Ellos o nosotros

Dice un destacado dirigente político que al actual gobierno del PP no le interesa crear puestos de trabajo para dotar de medios de subsistencia a los más de seis millones de parados que hay en el país y los dos millones de hogares que no reciben retribución de ningún tipo, viviendo la mayoría de ellos de la caridad o de los escasos recursos que sus familias comparten con ellos. A bienpensante contertulios les parece una barbaridad pensar que a un gobierno de la nación no le interesa crear empleo y, consecuentemente, desgastar su imagen política cara a las próximas elecciones generales. Según estos, cualquier presidente de gobierno bien nacido buscaría obtener la mejor posición social y económica para sus compatriotas. Pero esta forma optimista de pensar encierra un doble error. Para comenzar, deberíamos de observar a quienes están beneficiando y a quien están perjudicando las medidas sociales tomadas por el gobierno, y qué organismos le obligan a tomarlas. El FMI (de cuya inclinación política no creo que a estas alturas del tiempo nadie pueda dudar); el BCE (más de lo mismo); el Consejo de Europa (que decir de estos señores) y para terminar la canciller alemán doña Ángela. Todos ellos no tienen más que un mismo interés común: Que los países con problemas ajusten sus déficits lo más rápidamente posible, mediante cualquier medida de pérdida de derechos de los trabajadores, y que los bancos prestamistas (muchos de ellos alemanes y franceses, origen de las burbujas de cada país) reciban el pago de sus créditos de manera inmediata y satisfactoria. Hasta aquí los máximos beneficiarios de las medidas del gobierno son las entidades financieras, nacionales y supranacionales. Otros beneficiarios de estas medidas, sobre todo de las relativas a las pérdidas de derechos de los trabajadores son las empresas, fundamentalmente las grandes empresas, que han producido más E. R. E.’s, en los últimos meses que en años anteriores. Estas han reducido sus costes salariales de manera considerable, lo que les ha permitido, durante un corto espacio de tiempo, mejorar sus ratios exportadores (hoy inexistentes), que ha significado para el gobierno la posibilidad de presumir de que “los cuadros macroeconómicos mejoran ostensiblemente”; esta mejora circunstancial y limitada de esos datos se han traducido, curiosamente, en un incremento de ciudadanos sin trabajo. Del otro lado están los perjudicados por la crisis, que son, fundamentalmente, clase media y asalariados en cualquier nivel de salario y las pequeñas y medianas empresas (que por cierto son las que crean más empleo); las familias (no olvidemos la estricta aplicación de una Ley de Desahucio del siglo XIX, con más beneficios para las entidades financieras); la Sanidad Pública, donde existe un decido afán de los respectivos gobiernos del PP (nacional, regional o local) para vendérsela al gran capital a cualquier precio (cuanto más barata mejor); la Educación Pública, mediante recortes de todo tipo, personal, medios, instalaciones, becas, etc., mientras beneficia a la privada con deducciones de los gastos en las declaraciones de IRPF anuales; la eliminación de la Función Pública, sustituyéndola por las Diputaciones donde los trabajadores son contratados a dedo y voluntad de cada Presidente de Diputación, sin oposición, mérito ni más capacidad que la de militar, ser familiar o simpatizar con el partido político del presidente, obviando que la función básica de la Función Pública es el control de la actividad de los políticos durante su tiempo de permanencia en la administración; los pensionistas , que después de toda una vida de trabajo están viendo como se aleja la edad de jubilación y se reduce la cantidad de su retribución, a pesar de haber estado contribuyendo al Fondo de Pensiones con las cantidades que en su momento le obligaron (es curioso que hable el PP de reducir las pensiones máximas para compensar con las mínimas, cuando para cobrar la pensión máxima los pensionistas han tenido que pagar las cotizaciones máximas impuestas por los gobiernos; existe un paquete de acciones en este sentido que el gobierno no se ha atrevido a exponer todavía, por la gravedad del asunto, pero que está esperando el momento más propicio para sacarlo); los jóvenes en edad y situación de poder trabajar, con un 60% de paro y los que tienen trabajo en condiciones de absoluta precariedad, con jornadas de trabajo infames y salarios que no les permiten independizarse de sus familiares, quienes tienen que hacer el esfuerzo adicional de ayudarles a mantenerse, con un cada vez mayor número de jóvenes que tienen que salir al extranjero para buscarse un futuro, con la descapitalización inherente para la economía nacional, que ha soportado sus gastos de preparación para que otros países se aprovechen de esta. Mientras a las grandes fortunas, a las SICAV, a los beneficios de las empresas, a los sueldos de los consejeros de administración, a las entidades financieras salvadas con dinero público, no se les toca y se les permite continuar como si nada estuviese sucediendo. Todo esto nos viene a confirmar la inicial aseveración: A este gobierno del PP no le interesa crear empleo, porque no les interesa a los poderes a los que sirven, que necesitan un país con su población atemorizada y deprimida, que opte por suicidarse o por plegarse a las extremas condiciones laborales que nos están imponiendo. Como decía aquel multimillonario estadounidense “Estamos en una situación económica de lucha de clases y la mía está ganando la batalla”. Pero nosotros, juntos, podemos ganar la guerra. El segundo error es pensar que a pesar de lo que está sucediendo, el PP no va a ganar las próximas elecciones. España es un país peculiar por muchas razones y una de ellas, posiblemente una de las más importantes, sea la del comportamiento de los electores de un partido que está vendiendo España al ¿mejor? Postor. Ignoro el futuro pero temo no equivocarme.

P D C E Partido Democrático de Consumidores (Ciudadanos) Españoles

A los votantes de algunos partidos no les produce ninguna reacción alérgica el que en las listas electorales de su partido aparezcan imputados, e incluso condenados, por delitos contra las propiedades públicas, prevaricadores, corruptos, corruptores, etc. Nada tiene la suficiente importancia para decidir que su voto no es para esas formaciones; todo se justifica con la razón de que al no votar a su partido se quedan sin opciones de hacerlo por otros, porque ninguno más les representa. Luego la triste realidad de la acción de gobierno les demuestra que ni es su partido ni defienden sus intereses más allá de los propios de los dirigentes y sus grupos de presión. Esta dinámica nos ha llevado a la situación actual en la que los grandes partidos, y los menos grandes, no sólo no solucionan los problemas de la mayoría sino que legislan en contra de todos ellos, con la lógica (aunque por muchos esperada) sorpresa de confirmar lo que se temían. A llegado el tiempo en que los ciudadanos, la mayoría, defendamos nuestros derechos más fundamentales, para eso debemos encontrar un punto de unión con el que nos identifiquemos todos como común, conocedores comos somos (la cruda experiencia nos lo demuestra diariamente; y esto todavía no ha terminado) de que la actual clase política (con las lógicas excepciones que produce toda generalización) no está por la solución real de los problemas existentes sino por hacer pequeños arreglos que puedan parecer soluciones pero que lo único que pretenden es perpetuarlos en los cargos. La razón mas evidente que nos une a la inmensa mayoría de ciudadanos es que todos tenemos que comprar algún medio o materia para subsistir, es decir todos somos consumidores, y si alcanzáramos, además, aportar un poco de solidaridad para con el resto de personas, conseguiríamos una identidad de clase, la de CONSUMIDORES. Bajo esta premisa y en defensa de nuestros intereses más elementales podríamos crear un partido político que, sin ningún género de dudas, sería mayoritario. Esa simple coincidencia de objetivos no sería suficiente para crear una formación política; deberíamos tener una serie de postulados que fueran fácilmente asumibles por todos. En las siguientes líneas expongo, aunque no de manera excluyente, algunas características que podrían formar parte de un programa político: o La primera acción que habría que tomar sería derogar las leyes que, actualmente, regulan los procesos electorales, misión encomendada a unas futuras Cortes Constituyentes que deroguen la actual Constitución. En su lugar se establecerían una serie de sencillas normas que evitasen la actual falta de representación democrática de las elecciones; el censo electoral se dividiría en dos subdivisiones: la primera tendrían un carácter provincial y se elegirían un diputado por provincia (votando sólo los inscritos en su censo provincial) que sería responsable de hacer llegar los intereses de esa provincia al Congreso de los Diputados, y de ello respondería ante sus votantes, de tal manera que si estos no estuvieran conformes con su trabajo podrían obligarle a dimitir con la exigencia de un número de firmas semejantes a los votos que hubiese obtenido para su elección, siempre que no hubiese un número de firmantes superior que si estuviese conforme con el trabajo realizado por el representante público. De esta manera tendríamos 52 diputados para el Congreso. La segunda circunscripción seria de carácter nacional, se consideraría el censo nacional en su totalidad y se elegirían 148 diputados, en orden al número de votos obtenidos por cada lista electoral, es decir serían elegidos los 148 más votados con independencia de su pertenencia a una u otra formación; por ejemplo si una lista política obtiene 1.000.000 votos y otra 500.000, y el censo electoral es de 20.000.000 de votantes (habría que adecuarlo a las cifras de votos realmente emitidos y válidos; los votos en blanco merecen una consideración especial), a la primera lista le corresponderían el 20% del número de diputados, es decir 30 diputados, mientras que la segunda lista elegiría 15 diputados de su formación, con independencia de la ubicación geográfica de cada formación. La formación política menos votada recogería, si los hubiese, los diputados que restasen después de realizar estas sencillas operaciones. Con esto tendríamos 200 diputados en el Congreso, número más que suficiente para elaborar las leyes que el pueblo les demande. Existiría un evidente ahorro del gasto en nóminas al pasar de los actuales 350 diputados a 200. La iniciativa popular podría obligar a dimitir (mediante un procedimiento pendiente de elaborar) a sus señorías si no cumpliesen con sus programas políticos presentados a las elecciones. o El Censo Electoral Español se compondrá por los hombres y mujeres nacidos en España, residentes o no, y por los que tengan derechos de nacionalidad española según acuerdos internacionales. Todos los censados tendrán el derecho y la obligación de votar. La ausencia a alguna votación deberá estar suficientemente justificada, ante las Juntas Electorales o por correo ante el Ministerio apropiado, para evitar las correspondientes sanciones. o Los señores y señoras diputados y diputadas tendrán los mismos derechos y obligaciones que el resto de los ciudadanos del país, es decir, sus salarios estarán fijados con relación al SMI (Salario Mínimo Interprofesional), no pudiendo ser superiores a tres veces la cantidad fijada para aquel; tributarán por IRPF aplicándose las mismas escalas que al resto de la población; no percibirá ningún tipo de retribución en especie, como dietas, aportaciones a fondos de pensiones, seguridad social privada, etc; si tuviesen que recibirlas por motivos excepcionales, las computarán en sus declaraciones anuales ante la Hacienda Pública. Tendrán que hacer una exacta y exhaustiva declaración de bienes, propios y de sus familiares en primer grado, siendo motivo de su cese inmediato la comprobación de la omisión o falseamiento de datos relevantes en esas declaraciones. Las vacaciones del personal del Congreso, incluidos diputados, se ajustarán a las del resto de trabajadores, siendo como máximo de 31 días ordinarios o 25 laborables. o El importe del Salario Máximo a percibir por cualquier ciudadano del país, trabaje o no en el sector público, será el del Presidente del Gobierno de España, que tendrá un nivel de 5 veces el SMI. Nadie, trabaje en el sector público o privado, podrá percibir una retribución global, considerando todos los abundantes factores retribuibles en el sector privado, superior al obtenida por el Presidente del Gobierno. Se establecerán los controles adecuados y necesarios para evitar que esta disposición no se cumpla, con las correspondientes sanciones en su caso. o El Programa Político que las formaciones presenten ante los lectores para que decidan a quien votar es vinculante, es decir, el cumplimiento de lo establecido en dichos programas obligan a sus representantes, de tal manera que, ante el incumplimiento de ese, una iniciativa popular con un número de firmas equivalentes a los votos obtenidos por esa formación en las elecciones que les auparon al poder, faculta al pueblo para exigir la dimisión del gobierno y la celebración de otras elecciones. Cabe la posibilidad de que ante la imposibilidad de la formación en el gobierno de tomar las medidas políticas exigidas por los órganos internacionales, este dimita y se presente a unas nuevas elecciones con una propuesta alternativa a la anteriormente mostrada. o Se disolvería el Senado por su inutilidad manifiesta. o Se cerrarían las Diputaciones Provinciales, por su escasa utilidad y por estas integradas por personal que no sido elegido mediante votación democrática, pasando sus funciones a ser desarrolladas por las entidades más próximas al ciudadano como son los Ayuntamientos, aportando los medios económicos, utilizados por las Diputaciones, a las Corporaciones Locales para el desarrollo de aquellas. o Se redactarían uno nuevos derechos fundamentales de los ciudadanos: Educación Y Sanidad Pública y de Calidad; Derecho a una vivienda adecuada a la situación particular de cada individuo; derecho al Trabajo, el Gobierno está obligado a procurar y conseguir trabajo para todos los ciudadanos, y en su defecto, a proteger económicamente a los parados durante el tiempo que dure su situación (sin límites, pero con controles); los bienes públicos por su propia denominación no serán enajenables sin una Consulta Popular, vinculante para el Estado, que obtenga un número de votos favorable a la propuesta de 2/3 del Censo Electoral, es decir, el 66,66% de los votos posibles; dicha consulta será obligatorio acudir para todos los censados, con las excepciones anteriormente observadas. Todos estos Derechos Fundamentales no podrán ser modificados por ningún gobierno, tenga la ideología que tenga, por estar protegidos por el ordenamiento de una futura Constitución. o Se pactará la anulación del concordato. Se abrirá un proceso de consulta con el Vaticano para aprobar, sin gasto alguno, la anulación del acuerdo establecido entre ambos gobiernos. La convocatoria de la iniciación de este proceso tendrá carácter de urgente e ineludible para el gobierno que le corresponda realizarlo, disponiendo de un plazo máximo de tres meses para su realización. Su incumplimiento será motivo suficiente para la dimisión de todo el gobierno. Esta obligación existirá para todos los gobiernos que se sucedan. Los sacerdotes y monjas que realizan misiones de atención a enfermos e impedidos en instituciones públicas serán sustituidos por personal funcionario de la actividad concreta según las misiones a realizar. o Se anulara las subvenciones a todas las confesiones religiosas. Desaparecerá en la declaración anual del IRPF de todos los ciudadanos la clausula de cesión a la iglesia católica o de otra confesión religiosa, de cantidad alguna. o Se reclamaran mediante el servicio de la Fiscalía del Estado los bienes apropiados por la Iglesia Católica, previa comprobación de la existencia de ilegalidad en la requisa. o Se eliminarán la concertación con los colegios privados. Los actuales colegios concertados dejarán de percibir ayuda de ningún tipo de los organismos públicos; desaparecerán las exenciones y/o bonificaciones que obtienen en sus declaraciones de renta los padres de alumnos en dichos colegios por diferentes instituciones públicas, como la Comunidad de Madrid. o Se suprimirá la clase de religión en los colegios públicos, sustituyéndose por clases de filosofía, materia cuyo rendimiento del alumno será exigible al nivel de las asignaturas de mayor dificultad. En las Escuelas Públicas se fomentará la controversia entre alumnos y profesores con el fin de promover la capacidad de análisis y razonamiento lógico en el alumno. Se impulsará la formación en la solidaridad y en la obligación de contribuir a la felicidad de los semejantes a través de la aportación de los medios que cada uno posea y en proporción a esa propiedad. La honradez, la profesionalidad y la empatía deben ser premisas de la educación de nuestros jóvenes. o El acceso a la carrera de profesor de educación estará limitada a las estudiantes con las notas más altas en los correspondientes procesos selectivos, pudiéndose quedar vacantes las plazas pendientes de ocupar si no se superan unos rigurosos proceso de selección. Su retribución será semejante a la de los diputados nacionales. o La Iniciativa Legislativa Popular sería promovida por un máximo de 100.000 firmas, obligando a la Cámara de Representantes a admitirla a trámite para después, en su discusión, cada grupo político exponga las razones para su voto a favor o en contra de esa iniciativa, siendo presenciado en directo y retransmitido por TV Española, para mejor conocimiento de la actuación de cada diputado por los promotores de la iniciativa. Si esta fase de la iniciativa popular fracasase en su intento de convertirse en Ley, los iniciadores de ella tendría la posibilidad de volver a presentarla, modificada o no por lo aportado en el anterior debate, posteriormente con el aval de 500.000 firmas, que tendrían la facultad de obligar al gobierno a elaborar una ley que cumpla el mandato popular. o La reciente Reforma Laboral será derogada restableciendo las normas existentes antes de aquella publicación. Los trabajadores afectados por aquellas disposiciones tendrán la posibilidad de reclamar judicialmente, y de forma gratuita, los derechos que les habría correspondido si no hubiera existido dicha norma, con la correspondiente satisfacción, económica o de otro tipo, que les correspondiese. o Los Empleados Públicos recuperarán los derechos perdidos durante la ejecución de las normas aprobadas por el actual gobierno, con la compensación y consiguiente retribución económica perdida. o Con el fin de abaratar los precios del consumidor final se facilitará por el Estado la desaparición de intermediarios en todos los procesos que permitan la relación directa entre productor y consumidor.

Gobierno oligárquico = País empobrecido

Nuestro país, España, atraviesa actualmente por una delicada y compleja situación económica y social; es tan evidente lo que está ocurriendo que le duelen a uno los oídos cuando escucha a algunos representantes públicos (¿se les puede seguir llamando así?) decir, sin empacho y con total naturalidad, que las medidas que está tomando este gobierno pretenden fomentar el empleo o que es el partido del pueblo. La forma de gobierno actual en España se corresponde perfectamente con la definición de oligárquico, que es el carácter de gobierno que es ejercido por un reducido número de personas pertenecientes todos ellos a una misma clase social. La oligarquía no concibe la movilidad social. Los nuevos ricos no logran entrar a los círculos oligarcas, que defienden un linaje similar a la nobleza. Cuando un oligarca sufre problemas económicos, por otra parte, intenta sostener de cualquier forma su estilo de vida o, al menos, sus apariencias. El estereotipo del oligarca lo muestra como un sujeto sin ética ni moral, dispuesto a incurrir en la corrupción y la violencia para sostener su poder, al que considera como un derecho adquirido. Es meridianamente evidente que el país está divido en dos clases claramente diferenciadas: La de los Intocables y la de los Suprimibles (del latín supprimere, que significa Hacer cesar, hacer desaparecer. Suprimir un empleo, un impuesto, una pensión. Omitir, callar, pasar por alto. Suprimir pormenores en la narración de un suceso). Ambas clases sociales se encuentran en abierto enfrentamiento y una de ellas gana claramente la partida. A diferencia de otros países donde existen castas en que quedan ubicadas las personas desde el momento de su nacimiento y en el cual los intocables son la peor considerada en ese orden social, en España Los Intocables se sitúan en la cúspide de la pirámide económica del país, son aquellos que nos enseñan, o no, sus mansiones, valoradas en millones de euros con el desparpajo del que tiene esa situación por que él o ella se lo merecen. Los Intocables en España son los grandes banqueros (El dominio de la oligarquía financiera tiene la particularidad de que los grandes financieros disponen no sólo del trabajo ajeno, sino además, del capital ajeno. El dominio de la oligarquía financiera en la vida económica de los países capitalistas se combina y completa con su dominio en la política. La oligarquía financiera recurre al establecimiento de regímenes fascistas, al ejército y a la policía como última tabla de salvación frente al inevitable hundimiento del imperialismo); los directores y consejeros de las grandes empresas; los terratenientes de enormes fincas en el país, muchas de ellas improductivas pero por las que obtienen pingües beneficios de las subvenciones de la Comunidad Europea por no se sabe qué razones; los herederos de grandes fortunas; la Monarquía y su “corte” de adeptos; los grandes especuladores, etc. Esta clase social necesita herramientas que tomen las decisiones y realicen las acciones que a ellos interesan, para esta misión cuentan con los políticos corruptos que ajenos a su misión de servidores de lo público se adaptan y someten gustosos a los deseos de sus jefes. Otros elementos forman también parte de su corte de “servidores”. De otro lado está la clase Suprimible, el proletariado, una de las clases fundamentales de la sociedad capitalista. (En el proceso de acumulación del capital aumenta más y más la riqueza de la clase dominante. A su vez, la acumulación del capital va acompañada de la depauperación del proletariado). En esta situación se ubican los seis millones de parados actuales (y los futuros); los pensionistas, mayores de sesenta y cinco años que en algunos países están recibiendo indicaciones de ministros de sus gobiernos (por cierto, señores de setenta y cinco años, pero millonarios) en el sentido de que representan un problema por la financiación de sus pensiones, indicándoles sin sutileza ninguna que el mejor servicio que podrían hacer a su país es morirse; los jóvenes pendientes de su primer trabajo que no podrán encontrarlo aquí y que tendrán que decidir entre emigrar para obtener un trabajo en otro país que no quieran hacer sus nacionales, o morirse de asco en el suyo; los funcionarios, ese gran estorbo para algún tipo de gobierno, por la dificultad de controlar sus acciones profesionales y por la necesidad de sustituir por afines que realicen las mismas funciones de control de forma “más agradable para el poder”; los desahuciados de sus hogares por lo molestos que se ponen reclamando una vivienda digna con un alquiler social que se puedan permitir pagar. En la propia definición de la clase Suprimible está implícita la solución al problema. Para algunos el problema es elemental: Sobra gente, que además protesta ante todas las medidas que toma este gobierno, por tanto son además incómodos. Necesitan que la gente salga a la calle para aplaudir sus acciones o para festejar la próxima copa de Europa de la selección de fútbol. En cuanto al control ciudadano sobre las acciones del gobierno ¿Quién lo necesita?