Rescate a la banca española

Europa, sus dirigentes, continúa igual que siempre, toda la atención para salvar de la quiebra a las instituciones financieras y ninguna sensibilidad con las familias y las pequeñas empresas. Aunque el gobierno nos mentía, una vez más y van…, diciendo que no se iba a rescatar a la banca española, la realidad que es tozuda e insistente, confirmó que el rescate que preconizaban los medios de información extranjeros era cierto: se le ofrecía un rescate por un importe máximo de 100.000.000.000,00€, en ¡¡condiciones muy ventajosas!! (Palabra del señor ministro, aunque todavía, al día de hoy, nadie ha sustanciado esas condiciones). Una pregunta que la ciudadanía se hace es ¿Por qué esta prisa en proporcionar un crédito al Estado cuyo destinatario último son las entidades financieras? Pues muy sencillo, con esta fórmula de crédito el que responde ante las entidades crediticias de la devolución del préstamo es el Estado español, es decir, la totalidad del PIB del país, es decir todos y cada uno de los ciudadanos de España. Por otro lado, también es mentira lo que decía Rajoy de que este préstamo no afecta al déficit público, por que los intereses de devolución del crédito, deben figurar en los Presupuestos Generales del Estado en el capítulo tres de los Gastos, bajo el epígrafe de “Gastos financieros”. De esta forma los organismos crediticios obligan a que sea España la que este obligada a devolver el préstamo, independientemente de si los bancos devuelven o no, en tiempo y forma o no, ese crédito al Estado. De esta manera tenemos pillado a todos los españoles en la responsabilidad de la devolución. ¿Por qué tenemos que salvar a los bancos españoles con créditos de Europa? Pues muy sencillo también, porque los máximos acreedores de la banca española son los bancos y fondos de inversión alemanes y franceses, en definitiva, Europa le proporciona dinero a los bancos españoles para que estos puedan devolver el dinero que deben a los bancos alemanes y franceses. Entonces vemos que el único interés de los mandatarios europeos es que los bancos, sean franceses, alemanes o españoles no quiebren, ¿Pero porqué es indeseable que los bancos españoles, por ejemplo, no quiebren? Pues por que si quebrasen, los ciudadanos que hubieran tenido sus depósitos dinerarios en esa entidades procederían a presentar reclamaciones legales que obligarían a los fiscales del país a proceder, que no de oficio, contra los gestores responsables de esas entidades, a pesar de que intervendrían los medios de resarcimiento de las posibles pérdidas individuales que aseguran los fondos de compensación interbancarios; este procedimiento sería posible en la medida que no fuese excesivo el número de entidades que quebrasen. Es muy posible que con esta nueva estrategia de préstamo, la responsabilidad evidente de los malos gestores bancarios pase desapercibida y se puedan seguir jubilando con pensiones multimillonarias. Por otro lado, cuando un particular crea una empresa y los resultados no acompañan a su imaginada buena gestión, esta persona, dependiendo la forma en que haya constituido su empresa, puede responder hasta con su propio patrimonio personal, ¿Por qué los banqueros no tienen responsabilidades sobre su mala gestión? Igualmente corría mucha prisa captar la responsabilidad de España como deudor del préstamo, a la vista de que el próximo día 17 de junio se celebran elecciones generales en Grecia, y no es de descartar la posibilidad de que las gane un partido de izquierdas que, entre otros tiene en su programa electoral la posibilidad de salirse de euro y no pagar la actual deuda a los tipos de interés que Europa les ha fijado. El efecto contagio podría ser definitivo, aunque del gobierno del PP de Rajoy no sería la medida más esperada, pero por si acaso, España ya está pillada y asegurada la devolución del dinero que los bancos alemanes y franceses invirtieron en la banca española. La premisa que manejan algunos políticos del PP es que esta inyección de dinero a la banca española va a significar la posibilidad de acceso al crédito de familias y PYMES; esto es otra mentira más porque el dinero se va a utilizar en sanear las contabilidades de los bancos y en devolver los préstamos que adeudan a los bancos alemanes y franceses. Como esta cuestión estará supedita al paso del tiempo, esperaremos a ver como se traduce en el futuro. El señor Rajoy, don Mariano, también nos dice que no existirán compensaciones de nuevos recortes sociales por la concesión de estos préstamos; otra nueva mentira, el incremento del déficit, por la anteriormente comentada necesidad de que los gastos financieros figuren en la contabilidad nacional, hará necesario incorporar nuevas figuras de incremento de ingresos o disminución de gastos, y de aquí vendrá la inevitable carga sobre el total de los ciudadanos, y principalmente de los consumidores de menor renta. En su incesable gestión de marketing de este gobierno, no quieren ni oír hablar de la palabra rescate, pero esto es tan evidente que hasta un equipo de la TROIKA comunitaria será la que controle y vigile la adecuada aplicación de estos fondos a los fines establecidos, haciendo dejación del papel del Banco de España, que para algunos es el único responsable de la actual situación financiera. Conociendo la excelente cualificación del cuerpo de inspectores de la entidad, deben de estar pidiendo a gritos que se cree una adecuada comisión donde puedan explicar cómo y de qué manera, advirtieron a este y al otro gobierno de lo que estaba pasando en el sector bancario, y las respectivas respuestas que dieron esos dirigentes políticos al contenido de sus informes. Una vez más se hace responsable al mensajero de la mala noticia. En definitiva, sería procedente, ya que vamos a tener un equipo europeo que nos diga lo que tenemos que hacer, la dimisión de todo el gobierno en pleno y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ahorrábamos una pasta gansa en sueldos y prebendas.

Necesitamos la Banca Pública

La crisis financiera internacional ha recuperado el debate sobre la propiedad privada o pública de la banca. Los millonarios rescates bancarios acometidos por diferentes gobiernos (con Estados Unidos y Reino Unido a la cabeza, y ahora España), los extraordinarios beneficios que han tenido los directivos antes, durante y después de la crisis, la distorsión generalizada que han provocado con sus actividades especulativas… y la sin duda sangrante consecuencia final de la crisis: el pago de la misma por las clases populares que nada han tenido que ver en la gestación de la misma. Todo ello está ahora mismo encima de la mesa. El debate no es sólo moral, como podría parecer en primera instancia, sino que va mucho más allá. Se trata, también, de una cuestión económica de cuya resolución dependerá el futuro de la actividad económica mundial. No en vano, hablamos del funcionamiento de un sector crucial para el capitalismo. La necesidad de una Banca Pública tendría dos pilares fundamentales. El primero, superar la crisis actual de forma justa y verdaderamente eficiente. El segundo, recuperar el sentido del sistema financiero y promover que el mismo sea un canal efectivo de transferencia de capital hacia la inversión productiva. Además serviría también como parte de una estrategia más amplia de recuperación del poder económico y democrático de la ciudadanía. Efectivamente, las inyecciones de liquidez, los tipos de interés cero, la compra por parte del Estado de activos tóxicos (títulos financieros que ya no valen nada y que permanecen a precios ficticios en los balances bancarios disimulando así las pérdidas reales), y otras medidas del mismo sentido, no han tenido el éxito esperado. Han servido para recuperar la rentabilidad de los bancos, y de ahí que publiciten tantos beneficios en años de crisis, pero no se ha reactivado el flujo crediticio. ¿Cómo es posible? Fundamentalmente porque todas esas inyecciones de dinero público se han destinado a nuevos procesos de inversión financiera especulativa y no de financiación de la inversión productiva. Es decir, los bancos que recibían dinero barato de los bancos centrales lo destinaban a prestárselo a otras unidades económicas a precios mucho más caros (incluyendo al propio Estado a través de la deuda pública). Los bancos no se atreven a reconocer las pérdidas porque tendrían que enfrentar una posible quiebra y una caída espectacular en la cotización de sus acciones. Por eso los estados están ayudando en todo el mundo a los bancos de una forma muy poco transparente. Y, como salvaguarda de los principios del sacrosanto mercado, tampoco pueden controlar a qué destinan los bancos el dinero. De ahí que durante la crisis escucháramos a presidentes como Zapatero casi pedir por favor a los bancos que movieran el dinero a la economía. La Banca Pública sería una alternativa mucho mejor para enfrentar todos estos problemas. En primer lugar, restauraría al completo la confianza en los mercados. Al estar su actividad respaldada por el Estado, no habría razones para dudar de sus solvencias, y reduciría las tensiones en los mercados interbancarios (reduciendo los tipos LIBOR y EURIBOR). En segundo lugar, se solucionarían también los problemas de falta de transparencia, falta de democracia y, claro está, de solvencia. No habría razones para ocultar pérdidas, y la liquidez se recuperaría. En tercer lugar, se podría establecer un criterio justo y solidario para pagar el coste de dichas pérdidas, diversificando el mismo entre clases sociales. En lo que respecta al comportamiento de largo plazo, los bancos privados se han comportado -como es lógico- como empresas capitalistas maximizadoras de rentabilidad y, como es propio del contexto actual, basando su actividad en un cortoplacismo que ha obviado las estrategias a medio y largo plazo. En su labor original los bancos privados se han mostrado muy poco eficientes. Así, han destinado los recursos a actividades especulativas, dejando de lado la financiación de la economía real y llevando a menores tasas de crecimiento económico en todo el mundo desarrollado. El sistema financiero, en definitiva, se ha distorsionado y no está cumpliendo su función. La banca pública sí puede cumplir esas exigencias de forma satisfactoria. Las grandes empresas no se financian a través de los bancos, pero sí las medianas y pequeñas empresas así como también los hogares. Un sistema financiero eficiente propulsa la demanda agregada a través del incremento de la inversión y del consumo, llevando a mayores tasas de crecimiento económico. Además, el funcionamiento “ético” de la Banca Pública tendría prohibidas las actividades especulativas y las prácticas depredatorias (altos tipos de interés, estafas, etc.) con los trabajadores individuales. La Banca Pública se convertiría así en el instrumento más eficaz para hacer política económica, pudiendo dirigir las decisiones de inversión de las empresas y, por ejemplo, ayudar en la configuración de un nuevo modelo productivo (fomentando a través de líneas de crédito barato, por ejemplo, la inversión en sectores estratégicos como las energías renovables). No se trataría de una simple sustitución de gestores privados por burócratas estatales, sino de un cambio profundo y radical en la naturaleza de la misma institución. Una banca pública que estuviera organizada democráticamente, con unos criterios sociales bien diferenciados y con total transparencia y representación social. Y dentro de un marco de cambio económico en el que se revertiera la tendencia regresiva de las políticas económicas, llevando fundamentalmente a una recuperación en la provisión de servicios públicos por parte del Estado. Para llevar a cabo todo esto y poder reiniciar un ciclo económico expansivo, no hacen falta técnicos cualificados (que los hay, y muchos en paro) sino simple voluntad política. He ahí la cuestión.